El Partido Libertario (P-LIB) quiere hacerse eco de las informaciones aparecidas estos días en la prensa acerca de la Red Ferroviaria de Alta Velocidad Española (AVE). España es el segundo país del mundo en kilómetros totales de alta velocidad, solo por detrás de China, por lo que si tenemos en cuenta el número de habitantes resulta que es el país del mundo con mayor longitud de red viaria de alta velocidad per cápita. Esto no dejaría de ser una anécdota si no fuera porque España es, por el contrario, el país del mundo con el menor uso de su red, teniendo el menor número de usuarios por kilómetro de todos los países con alta velocidad. Por estas razones el AVE es uno de los más sangrantes ejemplos de despilfarro y populismo de los gobiernos de este país. Despilfarro y populismo que son absolutamente transpartitos y que alcanzan tanto a PP como a PSOE, a IU, CiU, PNV, y cualquier otro partido que haya tocado el poder aunque sea de forma tangencial en España. Esta es la forma de gobernar de los políticos españoles. Gasto desproporcionado y obras faraónicas allí donde son del todo innecesarias, con cargo por supuesto al bolsillo convenientemente expoliado de los ciudadanos mediante impuestos.

El Partido Libertario (P-LIB) rechaza la decisión adoptada por el gobierno, de obligar a los camiones a circular por vías de peaje. Esta nueva imposición intervencionista tiene por objeto ayudar a las empresas concesionarias de las autopistas de peaje, en plena polémica por el injusto rescate de las mismas con cargo al erario público. El P-LIB advierte del encarecimiento que esta medida va a provocar en infinidad de bienes de consumo, haciendo que los ciudadanos paguen doblemente por el apoyo estatal a las autopistas de peaje: por un lado como contribuyentes y por otro como consumidores. Los liberales libertarios apostamos por la plena liberalización del sector del transporte por carretera, y por una política de infraestructuras basada en criterios de mercado. Ni las empresas de autopistas ni ninguna otra debe verse privilegiada ni entorpecida por el Estado. Mientras las carreteras sean públicas, es injusto discriminar en su uso a los vehículos que transportan las mercancías que todos necesitamos.