El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) considera que la decisión de «empotrar» inspectores en diecisiés entidades bancarias constituye una nueva vuelta de tuerca en la estatalización del sistema bancario. Una empresa no es enteramente privada porque la titularidad de las acciones corresponda a particulares. Si la gestión está severamente controlada por el Estado, si la aristocracia directiva tiene intereses mezclados con los de la clase política, si la regulación es compleja y genera oligopolio, y si el negocio principal se basa en un privilegio que el Estado da y quita, no se puede hablar realmente de bancos privados. Los bancos que padecemos en España y en casi todo el mundo hoy en día son meras sucursales de la banca central estatalizada, y la pluralidad de marcas pretende esconder esta realidad, pero no lo consigue. Los nuevos inspectores residentes, comisarios políticos del Estado en cada banco, no solucionan el problema de fondo, que es el de una banca politizada, privilegiada, mal gestionada y a la postre rescatada con el dinero de todos.