El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) considera que la no actualización de las pensiones en relación con el incremento del Índice de Precios al Consumo es un síntoma más del fracaso del sistema colectivizado de pensiones que el Estado nos impone a todos. Es un incumplimiento directo de las promesas del gobierno actual y de los acuerdos de todo el establishment político, sindical y patronal español en el marco del nefasto Pacto de Toledo. El Presidente del P-LIB, Juan Pina, ha declarado al respecto que «el Pacto de Toledo se ha convertido ya en un pacto de silencio que pretende esconder a la población la quiebra del sistema de reparto, un sistema que ya sólo reparte miseria».
Los liberales condenamos este incumplimiento, que equivale a una estafa directa del Estado a los pensionistas, pues éstos cotizaron al sistema estatal en virtud de unas promesas de retribución que se han visto flagrantemente defraudadas. El mismo Estado que no paga lo prometido a los pensionistas se endeuda todavía más para rescatar bancos quebrados, gestionados por políticos con jubilaciones de oro. Pero, a continuación, afirmamos que lo realmente importante es que el Estado reconozca de una vez por todas la insostenibilidad del colectivismo y el fracaso de la alquimia financiera que viene aplicando desde hace décadas para conceder supuestos derechos de toda índole con dinero extraído coercitivamente a los demás o, peor aún, con dinero prestado en una espiral de deuda suicida. El mayor exponente de todo ese fracaso es el sistema fallido de pensiones, cuya descolectivización ya es una necesidad extremadamente urgente.
El P-LIB reclama la inmediata puesta en marcha de un proceso de transición que, con un plazo razonable, nos permita sustituir plenamente el actual sistema «de reparto» por uno de capitalización individualizada. Idealmente, la gestión de los fondos aportados por cada trabajador corresponderá a empresas privadas, pero incluso su gestión inicial por el Estado sería ya un primer paso importante al individualizar los fondos y restaurar el vínculo directo de cada cotizante y futuro beneficiario con los fondos por él aportados, vínculo que hoy está roto por la injusta obligación de cotizar a un pozo sin fondo estatal, que nos exige lo que quiere durante nuestra vida laboral y nos da, después, también lo que quiere. El Estado no debe tener esa capacidad de modular ni las aportaciones ni las pensiones. Esa capacidad corresponde a cada trabajador, y el Estado debe limitarse a aportar temporalmente el mínimo legal por aquellos que no lo puedan hacer.
El P-LIB reitera su adhesión a la Declaración de Salamanca, que es la sólida alternativa al Pacto de Toledo impuesto a la ciudadanía por los partidos, sindicatos y patronales del establishment.
El P-LIB considera que la no actualización de las pensiones es, además, un síntoma claro de la desesperación de este gobierno. No incumpliría lo que prometió hace escasos meses, ni se expondría a la fuerte deslegitimación popular de esta medida, si no se viera obligado por la extrema debilidad financiera del Estado, que debe de estar ya al borde de la incapacidad física de atender sus pagos inminentes. Ante esa situación, resulta injustificable que el gobierno no reconozca la quiebra, no reduzca de manera drástica e inmediata la plantilla de las administraciones públicas, no establezca un plan de eliminación de cientos de departamentos y negociados de toda índole, no ponga en venta urgente miles de empresas y de inmuebles, y siga obstinándose en mantener, en cambio, un nivel de gasto insostenible, forzando a los ciudadanos a costearlo con una de las cargas tributarias más elevadas del planeta y con el incumplimiento descarado de las obligaciones adquiridas.
Para mayor información sobre la alternativa liberal al sistema «de reparto», sugerimos leer el Programa Político Marco del P-LIB y el artículo de Juan Pina sobre esta materia, recogido en el libro Un modelo realmente liberal, compilado por Juan Ramón Rallo.
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