El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) expresa su discrepancia respecto a las declaraciones formuladas ayer por la ministra Ana Pastor en relación con la empresa pública RENFE. Pastor ha insistido nuevamente en que mantener el carácter estatal de esa empresa es la mayor prioridad del gobierno, junto con el mantenimiento de los puestos de trabajo en RENFE. El P-LIB considera que ninguna de esas dos prioridades compete al Estado. El sector de transporte ferroviario debe liberalizarse por completo, y las actuales empresas monopólicas y estatales, ADIF y RENFE, deben ponerse en venta. Los puestos de trabajo de las empresas públicas, si son necesarios, continuarán siéndolo en las sucesoras privadas de esas corporaciones; y si no lo son, resulta injusto que los paguen los demás ciudadanos a través de sus impuestos.
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) de la Región de Murcia deplora el espectáculo de declaraciones contrapuestas que han ofrecido diversos miembros del ejecutivo autonómico murciano y del partido que lo respalda, el Partido Popular, incluido su presidente, Ramón Luis Valcárcel, en relación con el ya confirmado rescate de la región.
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) recibe con escándalo las últimas noticias sobre la situación de la radiotelevisión pública de Andalucía, que es lisa y llanamente es insostenible. Los gastos, especialmente los de personal, superan con mucho a los ingresos. La única solución económica y ética es la privatización del ente público, de modo que deje de ser una rémora económica y una máquina de propaganda. Sin embargo, el actual estatuto de autonomía impide su privatización. El P-LIB propone la urgente modificación del Estatuto de Autonomía para proceder a la privatización del ente, y urge entre tanto a recortar drásticamente sus gastos.
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) ha seguido de cerca el fraude de las preferentes y las nuevas medidas que ha anunciado el gobierno. El P-LIB considera que este es un nuevo episodio de abuso de poder por parte de las élites directivas de un sistema bancario privilegiado por el Estado y acostumbrado a actuar irresponsablemente en beneficio propio, como en este caso, en el que se ha inducido masivamente a los clientes a la compra de productos financieros de alto riesgo sin informarles debidamente. La estafa se ha producido, no porque haya habido una mala evaluación del riesgo, sino porque ha habido engaño en cuanto a la naturaleza del producto que se estaba adquiriendo: un peculiar tipo de acciones a perpetuidad. Resulta sorprendente que el Estado, tan eficaz a la hora de inspeccionar y perseguir al ciudadano común o a las pymes, ejerza tan mal las competencias (que él mismo se ha arrogado) de inspección y control del sistema bancario y de sus productos, competencias que en realidad deberían irse sustituyendo por una banca mucho menos regulada y similar a cualquier otro sector de servicios, pero a la vez carente de los privilegios estatales que hoy disfruta.