Por el libre alquiler vacacional

Gabriel Le Senne | P-LIBEl P-LIB rechaza las restricciones al alquiler particular de viviendas vacacionales y celebra el recurso interpuesto por la CNMC frente a la Comunidad de Madrid. El Partido Libertario reitera su absoluto rechazo a la limitación del alquiler de viviendas impuesta por el Estado al dictado del lobby hotelero. Los libertarios defendemos el derecho que de todo propietario de alquilar su vivienda a quien estime oportuno, pactando libremente las condiciones, y a través de los canales que considere apropiados, dentro del respeto a las normas de la comunidad de propietarios, en su caso, y la normativa aplicable en prevención de ruidos y molestias. 

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El P-LIB, contra la inmovilización de coches de Uber

Rubén SandamilVersió en català més abaix. El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) catalán rechaza la modificación de la ley del taxi que pretende impulsar la Generalitat de Catalunya para permitir la inmovilización de coches Uber, que se añadiría a la injusta sanción actual a los propietarios y a Uber. Rubén Sandamil, Coordinador General del P-LIB catalán, ha declarado que los liberales libertarios “defendemos los intercambios voluntarios mutuamente beneficiosos que surgen libremente en la sociedad” y que “compartir coche es y debe ser decisión del propietario, y aceptarlo es decisión del pasajero que quiera viajar así en vez de usar un taxi u otro medio de transporte”.

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Con Uber y frente al Ayuntamiento de Barcelona

Logo P-LIBVersió en català més abaix. El Partido Libertario (P-LIB) catalán, ante las recientes actuaciones policiales para detectar las operaciones de la compañía Uber por orden del Ayuntamiento de Barcelona, denuncia el atropello a la libertad que supone para los usuarios y la propia empresa Uber, una compañía que ofrece poner en contacto a viajeros y conductores para que compartan trayecto en sus vehículos. El P-LIB denuncia que el Ayuntamiento de Barcelona dé orden a la policía de activar un protocolo de actuación para perseguir a usuarios de Uber, como si fueran delincuentes al miemo tiempo que la Generalitat prohibió a Uber funcionar en Barcelona.

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El P-LIB apoya a los servicios de coche compartido

Javier López, Secretario General del P-LIBEl Partido de la Libertad Individual (P-LIB) se opone a las medidas que acaba de adoptar el Ministerio de Fomento contra la legítima actividad privada de compartir transporte en vehículos particulares, repartiendo los gastos correspondientes. La proliferación de plataformas online que facilitan el contacto entre los viajeros y los propietarios de vehículos es un signo de la vitalidad del mercado libre y de los acuerdos espontáneos entre los ciudadanos. Internet empodera al individuo, le evita intermediarios y le facilita formas de interacción no convencionales que molestan a los beneficiarios del statu quo previo, pero que son perfectamente lícitas. 

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No a la ley madrileña de alquiler turístico

Adolfo LozanoEl Partido de la Libertad Individual (P-LIB) rechaza el anuncio realizado por la viceconsejera de turismo de la Comunidad de Madrid, Carmen González, de un nuevo decreto por el que se regulará el alquiler vacacional de viviendas de particulares. Esta nueva ley afectará a cerca de ocho mil viviendas. Con la excusa de proteger los derechos del usuario, la nueva norma velará sobre todo por los intereses de la industria hotelera, el principal lobby beneficiario de esta ley. Las viviendas destinadas a uso vacacional deberán tener una placa acreditativa que expedirá la administración. 

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No a la limitación del crowdfunding

Javier AbellánEl Partido de la Libertad Individual (P-LIB) recibe con el más absoluto rechazo la última ocurrencia liberticida del gobierno de Mariano Rajoy, que pretende ahora limitar el flujo de fondos libremente destinados por los ciudadanos a todo tipo de proyectos mediante las plataformas de financiación participativa o crowdfunding. Las exigencias que establece el borrador del anteproyecto pretenden establecer que las nuevas plataformas de financiación participativa tengan un capital social de al menos 50.000 euros. Se exige también un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 150.000 euros anuales. 

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