El Partido de la Libertad Individual (P-LIB), ante los claros indicios que apuntan a la financiación ilegal continuada del Partido Popular y de sus máximos dirigentes durante décadas, cuya más reciente prueba ha sido publicada hoy por el diario El Mundo, considera que, más allá de las responsabilidades personales que en su caso correspondan al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y a otros miembros de la cúpula del PP, debe esclarecerse sin dilación la responsabilidad penal de la formación política como tal, de conformidad con las nuevas disposiciones del Código Penal en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) de Fuerteventura expresa su rechazo a las nuevas limosnas institucionales anunciadas por Mario Cabrera, presidente del Cabildo de Fuerteventura. El P-LIB considera un despropósito estas subvenciones: seis millones de euros de los bolsillos de todos los majoreros, que incrementan el gasto descomunal del Cabildo, situándolo así en noventa millones. Es evidente que, con un 34,82% de paro, los majoreros necesitamos ayuda, pero no mediante un gasto público brutal sino en forma de menos impuestos y de menos trabas para emprender e intentar salir adelante. 
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) expresa su rechazo a la política presupuestaria del gobierno Urkullu, que ha lanzado una nueva emisión de deuda cifrada en 235 millones de Euros, que se suman a los 200 millones ya emitidos en Enero y a otros 220 millones en marzo, alcanzando la cantidad total de 655 millones en lo que va de 2013 y estando pendiente una o varias emisiones más antes de que acabe el año. Estas emisiones de deuda están dirigidas principalmente a paliar el déficit presupuestario que azota a Euskadi. Hay que señalar que dicho déficit se produce al gastar más dinero aún del que se ingresa vía impuestos. 
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) considera que la reforma del Consejo General del Poder Judicial, aprobada con los votos de PP y UPN, es la vuelta de tuerca final en el proceso de liquidación de la independencia judicial por parte del establishment político. Resulta sorprendente que el partido que tanto denunciaba la LOPJ de 1985, aquella ley que redujo la independencia judicial, sea ahora el mismo que va un paso más allá, aumentando el poder político sobre el CGPJ y eliminando las mayorías cualificadas para el nombramiento de los vocales del consejo. 