Hay algo que me preocupa cada vez más cuando hablo con gente de Málaga, y es que estamos empezando a asumir como algo normal que vivir en nuestra propia ciudad sea extraordinariamente difícil. Jóvenes con trabajo que no pueden independizarse, parejas que dedican una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler, familias que se ven obligadas a buscar vivienda cada vez más lejos o personas que trabajan todos los días en Málaga pero sencillamente no pueden permitirse vivir aquí. Creo que no deberíamos acostumbrarnos a esto ni aceptar que sea el precio inevitable del éxito (éxito, ¿para quién?) de nuestra ciudad.
Los números ayudan a entender la magnitud del problema. En agosto de 2026, el precio anunciado de la vivienda en Málaga alcanzó los 3.938 euros por metro cuadrado, mientras que el alquiler se situó en 16,5 euros por metro cuadrado al mes. Como simple referencia, hablamos de unos 1.320 euros mensuales para una vivienda de 80 metros cuadrados. Son cifras, pero detrás de ellas hay personas intentando independizarse, formar una familia o simplemente continuar viviendo en la ciudad en la que han construido su vida.
Me preocupa, además, que buena parte del debate sobre la vivienda se haya convertido en una búsqueda constante de culpables. Unos señalan al turismo, otros a las viviendas turísticas, a los extranjeros, a los inversores, a los grandes propietarios o a quienes tienen una segunda residencia. Todos estos fenómenos pueden tener efectos sobre el mercado y algunos pueden generar problemas concretos que deben abordarse. Pero corremos el riesgo de dedicar tanta energía a decidir quién tiene la culpa que terminemos olvidando que el problema es que no hay vivienda suficiente. Un problema provocado por nuestra clase política.
Málaga se ha convertido en una ciudad enormemente atractiva para vivir, trabajar, estudiar, invertir y visitar. En principio, eso debería alegrarnos. No creo que el problema de nuestra ciudad sea que haya demasiadas personas que quieran venir. El problema aparece cuando queremos ser una ciudad dinámica, abierta y próspera pero, al mismo tiempo, ponemos enormes dificultades para que esa ciudad pueda crecer. Si aumenta el número de personas que quieren vivir aquí y el número de viviendas disponibles no crece suficientemente para responder a esa demanda, el resultado es bastante previsible; encontrar vivienda se vuelve cada vez más difícil y quienes tienen menos capacidad económica son los primeros perjudicados.
La facilidad para prohibir
Ante problemas complejos hemos desarrollado una preocupante facilidad para recurrir a la prohibición. Si sube el precio de la vivienda, buscamos qué podemos limitar; si aumenta la demanda, buscamos a quién podemos restringir; si aparece una nueva forma de alojamiento, pensamos inmediatamente cómo regularla. Evidentemente, una ciudad necesita normas y existen situaciones en las que la regulación es necesaria. Pero echo en falta que nos planteemos con la misma frecuencia lo que podemos hacer para que haya más vivienda y un acceso más fácil a ella.
Ninguna ordenanza crea por sí sola un piso donde antes no lo había. Si cien familias buscan vivienda y solamente existen cincuenta viviendas disponibles, podemos discutir durante meses cómo repartimos esas cincuenta. Podemos establecer condiciones, cambiar las reglas, decidir quién tiene prioridad o intentar controlar los precios. Algunas medidas podrán tener efectos concretos sobre determinados colectivos, pero el problema de fondo seguirá existiendo, tendremos cincuenta viviendas para cien familias. En algún momento tendremos que dejar de discutir únicamente sobre cómo repartir la escasez y empezar a preguntarnos cómo conseguimos que existan las otras cincuenta.
Málaga tiene que poder crecer
Aquí es donde creo que necesitamos perder algunos complejos. Hablar de liberar suelo o facilitar la construcción parece haberse convertido casi en algo sospechoso, como si solamente existieran las dos posibilidades de, o bien impedir que la ciudad crezca, o llenar cada metro cuadrado disponible de bloques de hormigón. No comparto esa falsa elección. Málaga tiene espacios naturales que debemos proteger, zonas inundables que debemos respetar, un patrimonio que conservar y una evidente necesidad de zonas verdes, colegios, centros sanitarios, transporte e infraestructuras. Todo eso es perfectamente compatible con permitir que la ciudad crezca de manera razonable.
Lo que no parece razonable es que transformar un suelo apto para el desarrollo en un lugar donde efectivamente puedan construirse viviendas pueda convertirse en un proceso de muchos años. El urbanismo no debe ser una excusa para que nuestros políticos locales paralicen el crecimiento de la ciudad. Una Málaga que atrae población, actividad económica y oportunidades necesita capacidad para reaccionar, identificar dónde puede crecer y conseguir que esos desarrollos puedan materializarse en plazos razonables, acompañados de las infraestructuras y servicios necesarios.
También tenemos que hablar de burocracia. Cada año que una promoción permanece esperando una decisión administrativa tiene un coste. Cada procedimiento innecesario tiene un coste. Cada incertidumbre regulatoria tiene un coste. Y esos costes no desaparecen, de una manera u otra terminan repercutiendo sobre quien compra o alquila la vivienda. Por eso creo que debemos revisar profundamente cómo funcionan las licencias y los procedimientos urbanísticos, apostando por trámites sencillos, plazos claros, expedientes realmente digitalizados y declaraciones responsables siempre que sea jurídicamente posible. Simplificar no significa eliminar controles; significa concentrarlos precisamente allí donde realmente hacen falta y evitar que la Administración se convierta en un obstáculo para aquello que cumple las normas.
No todos necesitamos la misma vivienda
Aumentar la oferta tampoco significa construir miles de viviendas idénticas. Las necesidades de los malagueños son muy diferentes. Un estudiante no necesita la misma vivienda que una familia con tres hijos; una persona mayor que vive sola tiene necesidades distintas a las de una pareja joven; algunos quieren comprar y otros prefieren alquilar. Málaga necesita viviendas familiares, apartamentos pequeños, residencias de estudiantes, viviendas adaptadas, alquiler de larga duración y diferentes fórmulas residenciales. Cuanto más rígida sea la oferta, más difícil será responder a una sociedad cada vez más diversa.
Y tampoco creo que la solución consista en que el Ayuntamiento tenga que convertirse en el gran constructor de Málaga. La Administración y debe gestionar lo justo y necesario, pero tiene la responsabilidad fundamental de dejar de hacer innecesariamente difícil que otros construyan vivienda. Si existe suelo adecuado, iniciativa privada dispuesta a invertir y personas que necesitan casas, la Administración debería facilitar que esas tres cosas puedan encontrarse dentro de unas reglas claras y estables.
Una Málaga en la que nuestros hijos puedan quedarse
Esta es, para mí, la parte más importante de todo este debate. Me gusta ver una Málaga atractiva, internacional, dinámica y llena de oportunidades. Me alegra que alguien que vive a miles de kilómetros conozca nuestra ciudad y piense que le gustaría vivir aquí. Eso significa que Málaga tiene algo especial y que muchas cosas se han hecho bien. Lo que no quiero es que, al mismo tiempo, un joven nacido aquí mire los precios de la vivienda y llegue a la conclusión de que él es quien tiene que marcharse.
No quiero una Málaga maravillosa para visitar pero imposible para vivir. Tampoco quiero una ciudad convertida en un decorado. Quiero una Málaga viva, en la que sea posible estudiar, encontrar trabajo, emprender, formar una familia y quedarse. Y para conseguirlo tendremos que a cuestionar modelos que llevamos años dando por buenos.
No creo que solucionemos el problema decidiendo constantemente quién puede comprar, quién puede alquilar, quién puede invertir o quién puede venir. Creo que debemos empezar por permitir que haya mucha más vivienda. Liberar suelo allí donde tenga sentido hacerlo, agilizar los desarrollos urbanísticos, reducir burocracia, ofrecer seguridad jurídica, facilitar la rehabilitación, permitir diferentes modelos residenciales y acompañar el crecimiento con las infraestructuras y servicios necesarios.
Nadie va a solucionar el problema de la vivienda de Málaga en seis meses y conviene desconfiar de quien prometa hacerlo. Pero sí podemos decidir qué dirección queremos tomar. Podemos continuar administrando una vivienda cada vez más escasa, buscando constantemente un nuevo culpable y una nueva actividad que limitar, o podemos empezar a combatir la raíz del problema y conseguir que haya muchas más viviendas disponibles.
Yo tengo bastante claro cuál debería ser el camino, porque pueden seguir prohibiendo, pero ninguna prohibición va a construir una sola casa.
