- Con un sistema de listas cerradas como en España, los diputados responden ante el líder de su partido, no ante sus representados
- Sin listas cerradas, sería difícil que Sánchez se mantuviera en el poder en la situación actual en que cada vez tiene menos apoyo
- El Partido Libertario se opone a las listas cerradas y defiende que los diputados respondan antes sus votantes
Pedro Sánchez y Zapatero en la campaña andaluza. Europa Press vía Libertad Digital
Los procesos judiciales en curso pueden tardar bastante en llegar a una conclusión. Y por el principio de presunción de inocencia, toda implicación en actividades ilegales deberá quedar demostrada más allá de toda duda razonable, como debe ser.
Pero otra cuestión son las responsabilidades políticas. La práctica habitual en democracias consolidadas es dimitir cuando hay indicios sólidos de ilegalidad, o también de prácticas poco éticas, incluso aunque no conlleven responsabilidad penal.
Incluso es habitual en las democracias parlamentarias adelantar elecciones, simplemente ante la imposibilidad de aprobar presupuestos. No hay que salir de España para tener ejemplos: Felipe González adelantó las elecciones en 1996 ante la imposibilidad de aprobar las cuentas de ese año.
Por todo ello, hay un creciente y lógico clamor para que haya elecciones anticipadas. Según avanzan los días, y según se van conociendo nuevas informaciones, la situación es cada vez más comprometida para Pedro Sánchez.
De hecho, hay encuestas que muestran que a una buena parte de los votantes del PSOE les resultan creíbles algunas acusaciones que se están publicando en las últimas semanas contra miembros de ese partido. No pocas personas que han votado al partido socialista, o que incluso les gustaría volver a votarlo, preferirían que hubiera otras personas al frente del mismo.
Hay también dirigentes territoriales del propio PSOE que están pidiendo que las elecciones se adelanten, y sean antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo.
Sin embargo, la mayoría de los analistas concuerda en que un adelantamiento electoral, por deseable que sea, no es el escenario más probable: “P. S.” podría continuar hasta el final de la legislatura a pesar de que su apoyo sea cada vez menor.
Y cabe preguntarse, ¿por qué es así?
¿Ante quién responde un diputado?
Cada cuatro años, los partidos políticos responden ante los electores en las elecciones generales (al igual que en otras elecciones). Así, se eligen los diputados al Congreso, que a su vez elige al presidente del Gobierno. En teoría, el presidente responde ante el Congreso, y el Congreso lo puede sustituir en cualquier momento mediante una moción de censura.
Pero los que responden ante los electores son los partidos políticos, no las personas electas. Porque en España impera el sistema que se conoce como listas cerradas o bloqueadas: un partido elige una lista, pero los votantes no tienen la oportunidad de retirar su confianza a una persona que, si bien forma parte de un de una lista del partido de su preferencia puedan no querer como representante. O al revés, no pueden elegir a una persona que les merezca su confianza si se presente por un partido por el que no desean votar.
De hecho, en la mayoría de las elecciones, los votantes no conocen en absoluto a prácticamente ningún componente de la lista. Votan por el partido, no por las personas.
Como la decisión de qué personas van en una lista la toma la dirección del partido político correspondiente, la respuesta de ¿ante quién responde un diputado?, está clara. Un diputado no responde ante sus electores, responde ante su partido.
Además, no existe el mandato imperativo porque no es posible destituir a un diputado (o senador o concejal) o revocarlo mediante referendo. Eso, si cabe, refuerza su dependencia de la estructura del partido por el que ha salido elegido.
Y la responsabilidad de cada diputado se diluye con la del partido al que pertenece. Sumemos unas enormes barreras de entrada en los procesos electorales a partidos alternativos y tendremos lo que, de hecho, tenemos: unas votaciones en que las opciones a elegir no son entre muchas personas, sino entre muy pocas listas.
Además, en España, el presidente del Gobierno puede disolver las Cortes y adelantar elecciones, pero el Congreso que le ha elegido, no puede. Por decirlo de forma humorística: el jefe del Ejecutivo puede disolver las Cortes, pero las Cortes, ante quienes en teoría responde, no pueden “disolverle” a él.
Lo que estamos es, sencillamente ante un sistema político que concentra enormemente el poder en una sola persona. Basta con que un partido tenga una estructura caudillista para que su líder tenga un inmenso control directo de las administraciones en las que gobierna (pese a la teórica descentralización) y con un enorme control de arriba a abajo. No es casualidad que, en España, salvo muy pocas excepciones, el principal dirigente de un partido sea además el principal candidato. Tampoco que haya pocas dudas sobre a quién puede hacer alusión la expresión “el one”.
Son los representantes los que responden ante el líder, no el líder el que responde a los representantes, como en teoría se supone que debería ser. Son más bien delegados del líder que representantes.
¿Cuántas mociones de censura a un presidente del Gobierno con un candidato del mismo partido hemos visto? ¿Nos resulta siquiera imaginable un escenario en el que un presidente del gobierno sea tumbado por haber perdido la confianza de su partido? ¿Incluso aunque su permanencia perjudique a su propio partido? Debería parecernos normal, pero no es así. Porque en España, “el que se mueva, no sale en la foto”, como dijo en su día el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra.
No a las listas cerradas
Hay diferentes formas de elección alternativa a las listas cerradas que se usan en diferentes países.
Una de ellas es la circunscripción uninominal, en la que un distrito electoral elige a un solo diputado. Estados Unidos está entre los países en los que se vota con este sistema.
Aunque permite una elección directa a la persona, la circunscripción uninominal tiene inconvenientes como la posibilidad de gerrymandering, y el dejar sin representación a propuestas que, teniendo un apoyo socialmente relevante en conjunto, no tengan mayoría en ningún distrito electoral concreto, o en muy pocos, lo que favorece el bipartidismo.
La circunscripción uninominal tiene varias modalidades, como la elección directa al candidato más votado, o la realización de una segunda vuelta.
Otra alternativa diferente son las listas abiertas. Un ejemplo de país que funciona con este método de votación es Suiza. Dentro del sistema de listas abiertas también hay varias modalidades.
En este sistema existen listas, normalmente más pequeñas (lo que permite que los electores conozcan a las personas), pero el votante puede no marcar a una persona de una lista, y elegir libremente a personas de listas distintas.
En España sí existe un sistema de listas abiertas muy limitado, en solo dos casos: el Senado, una cámara con muy pocas competencias, y los municipios de 250 habitantes (también los que menos competencias tienen).
El Partido Libertario lleva en su programa un sistema de listas abiertas, con circunscripciones pequeñas, con voto único transferible (“segunda vuelta automática”) que permite numerar a los candidatos según la preferencia, y con una posible reserva de algunos escaños para una lista territorial general para incorporar propuestas minoritarias, pero con un apoyo social significativo.
Sea cual sea el método, lo relevante en cualquiera de estos sistemas es que evitan que el elector se vea obligado a ratificar una propuesta cerrada de un partido.
En sistemas así, los diputados temerían más perder la confianza de sus votantes que perder la confianza del líder de su partido. Porque dependerían de aquellos y no de este. Y actuarían en consecuencia en casos como el actual, pudiendo obligar a un cambio, o forzar una convocatoria de elecciones.
Los partidos políticos tenemos funciones que realizar en un sistema electoral sano y funcional, pero ninguna de ellas debería ser concentrar el poder en una persona, o en muy pocas.
Permitiendo que se pueda elegir a personas concretas, se hace que los representantes estén obligados a responder ante sus representados.
