- El Gobierno de España ha destinado fondos europeos Next Generation EU para un fin distinto del previsto por dichos fondos
- La asignación, detectada por el Tribunal de Cuentas, asciende a 2.389,4 millones de euros y se ha destinado al pago de las pensiones
- Las políticas de estímulos y la discrecionalidad política reducen la transparencia. Los presupuestos deben ser reducidos y transparentes
Imagen: Pedro Sánchez y Úrsula von der Leyen. EFE vía El Mundo
Gobierno zombi
En el cine de terror hay una conocida figura, con origen en el vudú haitiano, el zombi, un “muerto viviente”.
Una de las causas habituales de elecciones anticipadas en las democracias parlamentarias es que los partidos que apoyan al Gobierno no consigan que los presupuestos anuales del Estado consigan aprobación parlamentaria. Ya que, de no conseguirla, el gobierno de turno se habría convertido en un zombi, vivo en el sentido de que continúa en su puesto, pero muerto en el sentido de no poder llevar a cabo sus planes de gobierno.
En España tenemos un gobierno zombi desde 2023. Pero el adelanto electoral, más que justificado por la ausencia de presupuestos aprobados durante la presente legislatura (y más que justificado también por otras razones), ni está ni se le espera en España. Porque tenemos un país en el que los cargos políticos no dimiten, y en el que a los presidentes del Gobierno hay que sacarlos de La Moncloa a rastras porque se resisten a irse por su propio pie.
Algo que aplica, por cierto, a todos los “colores” políticos.
Desviando fondos europeos…
En la socialdemocracia, modelo económico que rige en la mayor parte del continente europeo (aunque con distintos nombres y apoyado por diferentes partes del “espectro político”), se trabaja con estímulos. Se cobran impuestos pagados de forma obligatoria para incentivar la economía o pagar a determinadas empresas para, supuestamente promover el empleo o fomentar el desarrollo de ciertos sectores.
Los fondos europeos Next Generation EU entran dentro de esa lógica. Su finalidad sería la recuperación económica de la Unión Europea tras la pandemia de COVID-19. Al parecer, a nadie se le ocurrió que una forma de ayudar a que la sociedad europea se recupere es reducir regulación y bajar impuestos, en vez de subirlos y luego entregar esos impuestos a quienes decidan unos cargos políticos por sus intereses.
El caso es que España es uno de los mayores receptores de estos fondos. Cuando decimos “España”, en realidad nos referimos al Gobierno de España, que es quien decide el destino detallado de esos fondos, aunque, en teoría, ciñéndose a los criterios con los que se han concedido.
En teoría. Porque, al menos en esta ocasión no lo ha hecho así: el gobierno ha usado esos fondos para fines distintos de los inicialmente previstos.
Concretamente, para el pago de las pensiones. 2.389,4 millones de euros.
…Sin comunicarlo
El Gobierno asegura que no ha cometido ninguna ilegalidad. En principio, es legalmente posible usar de forma provisional el dinero de los fondos para otro fin (hacer uso de la liquidez que proporcionan) mientras se recauda ese importe por otras vías y se repone posteriormente.
Aunque habrá que ver cómo se resuelve la cuestión. Porque el caso es que el Gobierno no comunicó el uso desviado de estos fondos.
Si nos hemos enterado de todo esto, de hecho, si la Comisión Europea, que es quien entrega al Gobierno español dichos fondos, se ha enterado de esto, es por el Tribunal de Cuentas de España.
El Tribunal de Cuentas es un organismo que audita las cuentas de las administraciones públicas. Su función, en principio, es verificar que no hay irregularidades en dichas cuentas.
Es el Tribunal de Cuentas el que, al revisar las cuentas del Estado, ha detectado el desvío de fondos. Y atribuye el desvío, precisamente, a que no se hayan aprobado Presupuestos Generales del Estado.
El Tribunal de Cuentas, también resalta en su informe la aprobación de 77.000 millones de créditos extraordinarios para afrontar gastos adicionales, así como el hecho de que la Seguridad Social presenta un patrimonio neto de -106.000 millones de euros (negativo), lo que se compensa mediante préstamos del Estado por un total de 126.000 millones de euros (alrededor del 8% del PIB).
La Comisión Europea ha declarado que está en contacto ahora con las autoridades españolas y que revisarán esta información.
¿Menos desvíos? Menos gasto público y más transparencia
A la espera de que se confirme si la actuación del gobierno es irregular, de lo que existen al menos sospechas fundadas, es un buen momento para hacer una reflexión.
Porque, más allá de la cuestión legal, hay que plantearse cómo hemos llegado a normalizar que se extraigan enormes cantidades de dinero de forma obligatoria a los ciudadanos para, supuestamente ayudar a esos mismos ciudadanos, mediante la entrega selectiva de dichos fondos a algunas personas o empresas, con criterios políticos discrecionales.
No estamos cuestionando el que se preste asistencia a personas que, debido a su mala situación económica, no puedan costearse servicios básicos. De hecho, el Partido Libertario lleva en su programa el facilitar esa asistencia.
Lo que cuestionamos es el concepto de estímulo económico. Está muy bien que las empresas se digitalicen (uno de los objetivos de los fondos Next Generation EU). Pero ¿no sería mejor dejar que los propietarios de dichas empresas decidan cuáles son las prioridades críticas de sus empresas? ¿De verdad están los cargos políticos o burocráticos más cualificados para saber lo que es mejor para que una empresa salga adelante? Aunque lo estuvieran (algo más que dudoso), ¿por qué deberían tener derecho a tomar esa decisión? Literalmente se está quitando dinero de manera forzosa a todos los contribuyentes para regalárselo a algunas empresas y fomentar comportamientos empresariales que algunos cargos políticos han decidido que son óptimos, sin tener en cuenta siquiera la situación concreta de cada empresa (algo que no se puede tener en cuenta cuando se establecen normas generales).
Cuando los presupuestos son enormes, y se transfieren primero desde el bolsillo de los contribuyentes, y luego entre unas administraciones y otras, asignándose de forma discrecional… cualquier irregularidad se convierte en la aguja en el pajar.
El Partido Libertario siempre ha reclamado para las leyes que sean pocas, básicas, necesarias, y muy claras. Los presupuestos tendrían que cumplir las mismas características.
