por Miguel Díaz
Uno de los problemas más frecuentes que enfrentan los gobiernos estatistas, o países donde la presencia del Estado en la vida privada es muy acentuada, es el crecimiento exponencial del personal contratado directamente para cargos públicos, funcionarios.
¿Por qué sería esto un problema?
En principio, un empleo es un aporte a la sociedad desde diferentes puntos de vista. Una persona que desempeña un cargo en una entidad privada está contribuyendo a que un producto o servicio sea incorporado al mercado interno o externo de ese país. O visto de otra manera, ese empleado recibe una retribución por ayudar a la movilidad económica, a la generación de valor, sin ser necesaria una inversión de riesgo por su parte, dado que este riesgo lo asume la persona o grupo que gestiona dicha entidad.
Por otra parte, existe otro grupo, los empresarios, emprendedores, PYMES e incluso autónomos, que deciden invertir su tiempo y recursos económicos en el desarrollo de una idea. Es decir, transforman un pensamiento en un ente que ofrecerá valor a la sociedad a través de sus productos o servicios. Además, generan empleo, movimiento de importación, exportación, entre otros.
Por último, están los funcionarios, que son empleados de entes gubernamentales (ministerios, oficinas públicas, etc), y por definición están fuera de las categorías mencionadas anteriormente, puesto que su contribución es al correcto funcionamiento de una oficina pública y la prestación de servicios internos.
Por supuesto, se puede argumentar que hay funcionarios con un valor muy importante para la sociedad, cuerpos de seguridad del estado, defensa, bomberos, médicos, entre otros. Sin embargo, el número de funcionarios en España asciende a más de 3.5 millones de empleados directos, además de otros tipos de contratos que dependen directamente de la administración pública, pero siendo los primeros los que pueden suponer un incentivo perverso.
¿Por qué sería negativo el crecimiento del funcionariado?
Un ente gubernamental no está preparado para ser eficiente desde un punto de vista de abaratar costes y maximizar beneficios. Al contrario, al gestionar dinero de las arcas públicas, en lugar de generarlo, los gestores no tienen incentivos para minimizar costos y buscar la maximización de beneficios. Este es un eje fundamental presente en empresas donde la inversión conlleva riesgos, y la reducción de costos es esencial para aumentar la productividad y añadir valor.
Adicionalmente, en España el puesto de funcionario se ha convertido en una garantía de un puesto laboral vitalicio, independientemente del cumplimiento de las funciones o la calidad de la prestación que haga un empleado. Es decir, estudias muy fuerte durante un periodo de tiempo, ganas una plaza, y es tuya para siempre, ya que los mecanismos para la destitución suelen ser prácticamente imposibles de llevar a cabo.
Todo lo anterior genera un caldo de cultivo absolutamente ventajista para quien maneja la creación de dichos cargos, derivando en un clientelismo político que subyace a varios niveles, ya que ante la amenaza de recortes (supresión de puestos públicos), muchos son los políticos que enarbolan la bandera de la ampliación de la contratación pública en sus campañas electorales. Políticamente es bastante lógico: si hay 3.5 millones de funcionarios, que a su vez tienen personas cercanas, padres, madres, hijos, pareja, que querrán que se mantengan estos cargos y puedan mantener su status quo. Convenientemente esto simplemente genera un sentimiento de necesidad de obtención de un cargo de esta índole y aquí es donde todo cambia… a peor.
Existen oposiciones como la de Auxiliar Administrativo que en una de sus escalas recibe unas 50.000 solicitudes, para un total de 1.100 cargos ofertados. Es decir, el día que se conocen los resultados de dichas oposiciones hay cerca de 49.000 personas frustradas por no conseguir la posición. Muchos de los cuales han dejado sus trabajos anteriores para dedicarse por períodos prolongados de tiempo al estudio de la oposición y que se ven con la necesidad de incorporarse al mercado laboral tradicional, con el resentimiento de no tener los mismos beneficios y garantías que tiene un funcionario, y que juzgarán a cualquier empresario según les ofrezca o no, condiciones similares a las que esperaban en un cargo público, omitiendo lo explicado al principio del artículo sobre la generación de valor. Lamentablemente, esta frustración y resentimiento podrán ser los motivadores principales a la hora de acudir a las urnas en las siguientes elecciones, esperando que el siguiente al mando cree más puestos de índole estatal a los cuales optar, convirtiéndose en un círculo eterno donde los empleados prefieren estabilidad antes que aportar valor desde un punto de vista de abaratar costes y maximizar beneficio.
¿Qué pasa en otros países?
En otros escenarios donde el funcionariado se reserva a lo absolutamente necesario, por el contrario, la mentalidad de emprendimiento se incentiva, y el común de la población desea crecer profesionalmente, aportar valor, o crear riqueza. Por ejemplo, ¿dónde nacen las empresas más productivas de la actualidad? o ¿en qué países se generan la mayor cantidad de avances tecnológicos, médicos, académicos? Suiza, Alemania, Japón, Corea del Sur, EEUU, son algunos de los ejemplos donde están las maquinarias productivas mejor engrasadas, los avances tecnológicos más prominentes. Y es que comparten una mentalidad de trabajo, con adaptaciones culturales, entendiendo que son estos avances los que llevan al verdadero progreso del país.
En respuesta a la pregunta inicial del artículo, la mentalidad de funcionario es uno de los males que la política de España ha fomentado entre sus ciudadanos, generador de frustraciones y de clientelismo político, que solo beneficia a un pequeño grupo de oportunistas que pretenden fomentar una idea peligrosa: “depender de mi (Estado) es mejor que ser libre y crear riqueza”.
