La Unión Europea pone en marcha el Banco de Hidrógeno

Por Pablo Cobos

La Comisión Europea quiere bajar los precios del hidrógeno subvencionando la producción: pagarán una parte de la factura por cada kilogramo de hidrógeno producido.

El proyecto se lanza oficialmente en forma de programa piloto de Subasta de Hidrógeno Renovable en el marco del Innovation Fund, con una asignación presupuestaria de 800 millones de euros. Es parte de la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales, que abrió su convocatoria el 23 de noviembre y la mantendrá hasta el 8 de febrero.

La iniciativa busca reducir la considerable diferencia en los costos de producción entre el hidrógeno verde proveniente de fuentes renovables y aquel derivado de fuentes no renovables. Además, busca abrir nuevos sectores de demanda de hidrógeno y desarrollar infraestructuras específicas de hidrógeno con bajas emisiones de carbono.

De esta forma, se concederán subvenciones a los productores de Hidrógeno, medida en por cada kg producido, durante un máximo de 10 años de funcionamiento. Años en los que se entiende que puede comenzar a ser rentable y su precio se iguale con sus competidores fósiles.

Este banco (gestionado por la Comisión Europea) se centrará en cuatro pilares. Incluyen coordinación y transparencia, coordinación de financiación existente, creación de un mercado doméstico del hidrógeno y la gestión de importaciones de H2 a la UE. El banco se encargará de desarrollar benchmarks de precios, recopilar información sobre la demanda y oferta de hidrógeno renovable, coordinar la financiación existente y establecer un mercado doméstico de hidrógeno mediante subastas.

Se valorarán aquellas tecnologías que sean limpias y sostenibles, y se alinearán con los objetivos climáticos establecidos en el Acuerdo de París.

Los desarrolladores presentarán ofertas, y los proyectos seleccionados recibirán una ayuda durante 10 años basada en el precio más bajo por kilogramo de hidrógeno producido. La UE ofrecerá un precio máximo de 4,5 euros por kg, aunque este se disputará y puede no alcanzarse. Los proyectos, verificados por la UE, deberán operar durante un máximo de cinco años y respaldarse con garantías de finalización para evitar especulaciones.

¿Cuáles son las consecuencias?

Al margen de entrar en políticas de subvención o climáticas, Europa tiene en su mano 800 millones de euros de todos los contribuyentes a repartir.

Existe una limitación de la ayuda, a un tercio del monto total disponible. Se podría generar un escenario donde los grandes productores, con sus economías de escala, obtengan precios más competitivos (lo cual es coherente y demuestra el progreso). Sin embargo, esta restricción aún representa una cifra considerable para una única empresa, lo que plantea interrogantes sobre el fomento real de pequeñas empresas, tal como se promociona en la convocatoria, pese a priorizar aquellas ofertas con menor coste.

La subvención máxima del 33% del total podría inclinar entonces la balanza a favor de los grandes productores en lugar de promover la producción distribuida. Aunque muchas pequeñas y medianas empresas reciban apoyo para proyectos, existe la posibilidad de que las grandes sumas se dirijan a empresas con economías de escala más sólidas, contribuyendo así a la persistencia de posibles monopolios.

Esta dinámica plantea interrogantes sobre si la intervención propuesta realmente está alineada con el objetivo de apoyar a los pequeños productores. La asignación desproporcionada de subsidios a los grandes actores podría tener efectos contraproducentes.

Cabe destacar, además, que el precio del Hidrógeno cambiará durante estos años. De esta forma, si continúa la intervención en materia de combustibles fósiles, las fuentes renovables experimentarán un aumento de demanda, lo que puede hacer que el precio del hidrógeno se vea incrementado. ¿Mantendrán las ayudas en este caso?

Se echaría en falta un análisis exhaustivo sobre la estabilidad a largo plazo del hidrógeno como reemplazo de otros combustibles fósiles más económicos. Los objetivos de la subasta incluyen la apertura de nuevos sectores de demanda de hidrógeno y el desarrollo de infraestructuras específicas con bajas emisiones de carbono. Sería pertinente considerar si también se busca determinar si el hidrógeno se convertirá en una competencia real sin la necesidad de proporcionar subvenciones, pese a que eso es lo que se quiera con estas iniciativas. Un análisis de ello debería de ser igual que prioritario que lanzar estas propuestas. Se torna difícil saberlo si otros países no adheridos a estas iniciativas tienen políticas energéticas diametralmente opuestas que afectan a los precios.

En términos de intervención industrial, cabe de decir que Europa presenta buena documentación al respecto. Al César lo que es del César. Sería injusto tachar a los órganos responsables de no establecer con cierta claridad las bases de las convocatorias, aunque sean complejas de entender por la naturaleza de los proyectos o difícil de optar a ellas.

La cuestión que aquí se plantea es si la intervención gubernamental es la vía de manejar el progreso tecnológico, o si simplemente es un paso más hacia la pérdida de control sobre la gestión de tus recursos.

Pese a que no sea el objetivo, no podemos negar que una medida como esta fomenta el monopolio de una determinada industria. No importa que se esté priorizando proyectos de bajo valor frente a altos (simplificando que las empresas pequeñas presentarán proyectos pequeños, y las empresas grandes proyectos grandes), mientras que sean fondos públicos los que repartan el dinero.

Es una consecuencia directa el hecho de que, si fondos públicos terminan en proyectos de grandes empresas, estas medidas están fomentando el desarrollo de estas frente a otras, pese a que no es la idea principal de la propuesta.

No es el objetivo de este artículo señalar la propuesta del Banco Europeo de Hidrógeno, sino más bien de estudiar sus consecuencias y las de un discurso que se contradice: el Estado interviene para evitar que se formen monopolios.

Ante esto, considero que una mayor confianza en el libre mercado y la no intervención conduciría a un desarrollo más equitativo en la producción, dando una oportunidad a que la competencia y la innovación impulsen la carrera tecnológica.

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