No hay nada más español que los fueros. Y no es que para los libertarios plantear políticas que tengan una gran identidad española sea una prioridad, pero sí puede ser relevante remarcar que, en este caso, los precedentes históricos existen. La Monarquía Hispánica durante siglos estuvo regida de manera descentralizada; tanto es así que la defensa de tal descentralización durante mucho tiempo estuvo asociada al conservadurismo, o más bien al tradicionalismo —aunque hoy resulte paradójico cuando se escuchan las diatribas de los representantes del sector conservador del hemiciclo—.
Hoy en día existen unos cuantos países con sistemas federales incluso en la propia Europa, como pueden ser Suiza o Alemania, aunque las competencias que residen en los Estados Federados varían en cada caso. La Constitución española también establece una cierta descentralización formalizada en el Estado de las autonomías. Sin embargo, esta descentralización es desigual y sobre todo insuficiente. Es por eso por lo que una de las políticas fundamentales que podría traer el libertarismo, y especialmente en el contexto español, es el cambio en el modelo territorial a un modelo federal que dé una autonomía real a las comunidades autónomas.
Beneficios institucionales
El primer beneficio de una descentralización semejante del Estado sería la consolidación institucional de las ideas de la libertad. En un Estado centralizado, los ciudadanos viven a merced de su gobernante, para bien o para mal. Esto hace que plantear cambios de raíz como los que propone el P-LIB sea tarea difícil, pues suelen ser cambios cuyos frutos tardarían varias legislaturas en recogerse. En la práctica, cualquier reforma sería tumbada por el político de turno, cegado por el cortoplacismo al que le inclinan sus objetivos electorales, más fáciles de alcanzar por medio de la demagogia que de la virtud. No obstante, si el poder se traspasara a las comunidades autónomas, en caso de que un gobernante incompetente o un tirano alcanzase el poder, el daño potencial que podría hacer sería más pequeño por tres motivos:
- Su poder estaría más diluido. Tendría acceso a un menor presupuesto, a una menor bolsa de ciudadanos de la que poderse aprovechar, y en definitiva tendría menor capacidad para causar daños irreparables.
- Estaría sometido al control de otras comunidades autónomas. Aunque unas comunidades no tuviesen jurisdicción sobre otras, podrían servir de contrapoder ante situaciones injustas, del mismo modo en que los Estados se controlan entre sí en la política internacional.
- Los ciudadanos podrían «votar con los pies». Si una comunidad autónoma no está bien administrada, sus habitantes querrían abandonarla para residir en otras con políticos más honestos, disminuyendo la cuota de poder de su gobernante. Por ello, se genera un incentivo para gobernar de manera correcta, y esta «manera correcta de gobernar» la elegiría cada individuo, decidiendo dónde residir. De modo que, si dos individuos difiriesen en la forma en que se ha de gobernar, no habría necesidad de que uno se impusiese sobre el otro. Diferentes gobiernos podrían coexistir dentro del propio Estado.
Es decir, le otorgamos al individuo un mayor grado de libertad para decidir cómo quiere ser gobernado, y de paso, le damos la capacidad de utilizarla como contrapoder. Algo que hoy en día solo está disponible para el que se puede permitir emigrar lejos —generalmente a países más libres—, pero que sería mucho más accesible si solo has de emigrar a otra comunidad autónoma. Por supuesto las fronteras entre comunidades serían jurisdiccionales y se podrían cruzar con la misma libertad con que se cruzan hoy, o con que españoles y portugueses cruzamos nuestra frontera, aun tratándose de Estados soberanos diferentes.
A la larga, al haber competencia entre comunidades autónomas, todas se verían obligadas a seguir el ejemplo de las más exitosas, de tal forma que las ideas de la libertad se acabarían consolidando con mayor facilidad.
Beneficios económicos
Los beneficios económicos son un corolario de la competencia entre comunidades o Estados federados. Si cada comunidad decide cómo gobernarse, aquellas que apliquen políticas que atraigan más inversión, que favorezcan el desarrollo de nuevas empresas, que atraigan talento, etc., serán las que prosperen y en las que, en definitiva, la población tendrá una mayor calidad de vida, y el resto se verán forzadas a seguir su ejemplo. Esto, para un país como España, que adolece de una constante fuga de talento al extranjero, es fundamental. En un Estado federal, las comunidades no solo competirían por atraer talento de otras comunidades, sino también del exterior, por lo que este problema podría encontrar solución.
Evidentemente, la federalización del Estado español no traería por sí sola la bonanza económica. Tiene que ir acompañada de otras medidas. Pero la clave es que la federalización genera incentivos para que estas medidas se apliquen, y dificulta otras de corte intervencionista que asfixian la economía, por lo que descentralizar el Estado se convierte en un requisito casi obligatorio para acelerar el desarrollo económico. Sirva de ejemplo Suiza, una de las economía más libres y prósperas del mundo, y con un gran carácter federal.
Cabe recalcar que la atracción de capitales que esto generaría no sería «para beneficiar a los ricos» como se suele oír. Este es un argumento que puede ir dirigido tanto refiriéndose a que los individuos más ricos como a que las comunidades autónomas más ricas serían los que se beneficiarían. En ambos casos es falso.
Lógicamente los ricos que quisieren invertir en España podrían verse beneficiados al encontrarlo más fácil, pero esta inversión y estas facilidades para que pueda producirse la acción empresarial mejoran la situación económica de todos los individuos, con especial impacto en aquellos que empiezan a encontrar las oportunidades que antes no tenían.
Los que más se verán beneficiados serán los pobres que vean que tienen oportunidades laborales que antes no tenían, o que puedan dar una mejor formación a sus hijos. Del mismo modo aquellas comunidades que atraían menos inversión serán las que más se alegren, pues comunidades autónomas que ya atraigan inversión no notarán tanto la diferencia. Además, las primeras suelen tener la capacidad de ofrecer menores costes que las segundas, lo cual supone una gran cualidad competitiva para atraer la nueva inversión. Así, las comunidades más improductivas de España podrían encontrar un remedio a su actual declive económico.
Posible solución al conflicto del nacionalismo regional
Hacía referencia, al inicio, al carácter histórico que el federalismo tiene en España. Y es que aún hoy uno de los temas más recurrentes en la política española es el nacionalismo regional, especialmente el catalán.
La tesis del nacionalista es que cierto territorio tiene una identidad nacional diferente a la del resto del Estado, ya sea por cuestiones lingüísticas, culturales, históricas o de cualquier índole, y que por tanto debe tener un Estado propio. Huelga decir que el P-LIB no es un partido nacionalista. El problema del nacionalismo es que mete a todos los individuos que habitan un cierto territorio
—cada uno con su ideología e identidad propias, que en algunos casos será española, en otros catalana, en otros ambas o incluso puede que ninguna— en un mismo saco. Todos son catalanes o todos son españoles, y no cabe la pluralidad. Lógicamente esto no es así, y es este un defecto tanto del nacionalismo catalán como del español.
Un modelo federal, por el contrario, admite esa pluralidad, al menos en mayor medida que uno centralista. Nosotros proponemos darle a cada comunidad el poder de autogobernarse, de modo que no existan conflictos entre comunidades autónomas porque unas impongan a otras sus deseos. Así, los catalanes, vascos, andaluces, riojanos o madrileños no se sentirían conculcados por otras comunidades autónomas pues estas no tendrían poder político sobre las demás, o al menos este sería muy limitado; pero tampoco ocurriría como hoy, que unos gozan de privilegios que otros no, creando recelos y conflicto entre ellos.
Es en este punto donde algunos esgrimen la hipóstasis aquella de “quieren romper España”, como si España fuese algo así como un jarrón ornamental que queremos estrellar contra el suelo. La identidad nacional es mucho más compleja que eso. Es consecuencia de siglos en los que los habitantes de un territorio hemos adquirido unas costumbres y unos valores comunes. Unos se sentirán más arraigados a ellos y otros no. El fin último del libertarismo es que aun así podamos convivir, sin que unos conculquen la libertad de otros, imponiéndoles sus instituciones. Esto, a nivel territorial, se consigue con federalismo, es decir, dándole a cada territorio la capacidad de dirigir sus propias instituciones en libertad.
De este modo, el modelo territorial que propone el P-LIB se convierte en una piedra angular de su programa, sobre la cual será mucho más factible seguir construyendo, además de proponer una solución al conflicto con los nacionalismos regionales respetuosa con las libertades de todos.
