El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) lamenta las declaraciones del presidente de la Comisión Europea respecto a la fuerte rebaja de calificación de la deuda soberana portuguesa por parte de las principales agencias. A juicio del P-LIB, la posición manifestada por Durão Barroso es impropia del jefe del Ejecutivo de la Unión, por cuanto ha dejado traslucir su insatisfacción en un asunto directamente vinculado con su propio país de origen, anteponiendo los intereses del gobierno de Lisboa al decoro y la imparcialidad que cabía esperar del cargo que ostenta. La actitud de Durão Barroso es difícilmente compatible con la función que ejerce, y que por lo tanto debería considerar seriamente abandonarla y regresar a Lisboa para ocuparse de los intereses de su gobierno, que tanto le preocupan.
Pero lo más grave es la intromisión feroz de la Comisión y del propio Durão Barroso en el negocio privado de la calificación de activos de inversión. Causa estupor escuchar a un alto dirigente político europeo decir que las agencias calificadoras privadas no hacen bien su papel cuando alertan sobre el alto riesgo de impago de la deuda estatal. No decían lo mismo cuando las calificaciones estaban sesgadas en el sentido contrario a causa de la glorificación del Estado y de su supuesta solidez financiera.
El intervencionismo económico de Durão Barroso y del Partido Popular Europeo que le sustenta es extremo al afirmar que «las instituciones europeas conocen mejor la situación de la deuda de los Estados miembros», insinuando que la UE adopte medidas contra la libertad de expresión, de investigación y publicación de las agencias calificadoras e incluso trate de crear una agencia calificadora propia que, obviamente, no tendrá la menor credibilidad por ser instrumento de parte interesada.
El P-LIB reprueba el comportamiento de Durão Barroso y exige el cese inmediato de toda injerencia de la Comisión y de los Estados miembros en el mercado de la calificación de activos financieros. La actividad de las entidades calificadoras debe ser ajena a toda licencia, prohibición u obligación, enmarcándose en la libertad plena de información. Es cierto que el actual mercado de calificación es bastante oligopólico, y ello se debe precisamente a las exigencias de licencia para la calificación de determinados activos, sobre todo en los Estados Unidos. La solución no es recortar aún más la libertad de información sino eliminar todo tipo de licencias y permitir que cualquier empresa, medio de comunicación o profesional independiente pueda establacer sus propios baremos de calificación tanto de activos privados como estatales, y que los inversores decidan guiarse por los datos que mayor confianza les merezcan.
El problema de fondo no es otro que el efecto dominó de una deuda soberana convertida en activo tóxico de altísimo riesgo para los inversores, que sólo se logra colocar a un precio desproporcionado y generalmente a inversores institucionales, es decir, a otros Estados. La única solución para Portugal y para todo el continente es un plan de choque destinado a recortar drásticamente el gasto público para reducir las necesidades de endeudamiento, plan que puede y debe complementarse con la venta o subasta de activos de toda índole, principalmente empresas estatales, para reducir unos niveles de endeudamiento realmente desproporcionados.
