El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) denuncia que la nueva normativa elaborada por el gobierno perjudica muy gravemente al sector del juego online. Hacienda va a quintuplicar las tasas impositivas con la nueva ley. Los operadores de juego online soportarán entre un 5% y un 25% de carga impositiva más de lo previsto en el borrador inicial. Y los tipos fijados aún pueden aumentar, ya que se contempla que las comunidades autónomas puedan elevar la carga hasta en un 20% más. Las casas de apuestas y las salas de poker online van a ser las más afectadas por esta variación. La Agencia Tributaria justifica esta subida argumentando que inicialmente pensaba aplicar las tasas al beneficio bruto de las operadoras, que iban a tributar al 5%, pero finalmente, en las modalidades de apuesta deportiva, hípica y póquer en red, se gravarán los ingresos una vez restados los premios a los ganadores. Las sanciones para las empresas del sector podrán ser de cien mil euros y podrían llegar hasta los 50 millones para aquellas infracciones consideradas más graves como operar sin licencia o manipular resultados de juego.
Tras la aprobación la pasada semana del proyecto de ley por el Consejo de Ministros, Marta Tomás, Vicepresidenta del P-LIB ha manifestado que «por un lado, esta ley iba a dotar de un respaldo jurídico a las compañías de juego que finalmente decidieran operar en España y a sus jugadores, además de proteger a los menores y obligar a implantar políticas de juego responsable. Por otro, la carga impositiva es muy superior a la de otras jurisdicciones con ley de juego aprobada, al igual que sucede con los avales y exigencias necesarios para poder operar en nuestro país. Esto puede llevar a muchas compañías a establecer sus servidores en el extranjero y operar desde allí. La mayoría de las compañías de juego online reparte entre un 80% y un 90% de sus ingresos en premios, por lo que si únicamente se gravase el beneficio neto (en todas las modalidades, y no exclusivamente en apuestas y poker) y se facilitara la entrada de nuevos empresarios y emprendedores al sector, el Estado podría contar con una nueva y considerable fuente de ingresos, pero en cambio el gobierno ha optado por inducir a las empresas a operar fuera de España, perjudicando también así a los propios jugadores que, en esos casos, quedarán amparados por una ley externa».
