Oposición a los Presupuestos de 2011

Para el P-LIB, los Presupuestos Generales del Estado que finalmente salen adelante para 2011 con el apoyo de Coalición Canaria y del PNV son unos presupuestos que parecen ignorar la situación extremadamente crítica de nuestra economía, y que se empecinan en seguir haciendo del Estado el agente principal de la misma. El P-LIB no apoya estos presupuestos, unos presupuestos que no frenan suficientemente el despilfarro estatal, no recortan la plantilla de empleados que sostenemos los ciudadanos con nuestro esfuerzo fiscal, no apuestan con fuerza por atajar la deuda desmedida de casi todas nuestras administraciones públicas, no se esfuerzan por dejar más dinero en manos del contribuyente sino por recaudar más y mejor, y no se orientan a la creación de empleo porque no van acompañados de medidas serias de liberalización del mercado de trabajo.

Particularmente grave resulta la política del gobierno Zapatero hacia los pensionistas, política que sin duda habrá de pasarle factura. El P-LIB lamenta que ni el PSOE ni los restantes partidos del arco parlamentario tengan las agallas necesarias para plantear un cambio completo de sistema de pensiones para evitar que la quiebra del insostenible sistema de reparto frustre las ilusiones de recuperación económica e hipoteque el futuro de nuestra sociedad. El Estado debe recortar gastos en todo lo posible, y hay muchas áreas donde puede hacerlo, pero sin duda es desacertado hacerlo congelando las pensiones de personas que durante toda una vida laboral pagaron al Estado una parte sustancial de la riqueza que producían. ¿Dónde está su dinero? ¿Por qué no se les devuelve con los intereses de todos estos años? Ven ahora cómo el Estado se ha quedado con su ahorro, ahorro que desde el principio ya había despersonalizado echándolo al cajón común de unos fondos colectivos maladministrados por políticos y burocrátas. El Estado ha sido durante todos esos años un pésimo gestor del fondo y ahora sigue siéndolo, repartiendo a su capricho cantidades miserables. Los ciudadanos tienen derecho a cambiarse a fondos que sí funcionen, es decir, privados.

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