El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) expresa su solidaridad con la comerciante ambulante Inmaculada Michinina, que ha denunciado ante el pleno del ayuntamiento gaditano llevar tres años a la espera de una licencia para ejercer legalmente su actividad. El P-LIB manifiesta su más absoluta reprobación a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, por su actitud prepotente hacia esta ciudadana, condenada a la economía sumergida por el consistorio. Martínez ha alcanzado el colmo de la irracionalidad colectivista al negarle su licencia para trabajar y recomendarle, en cambio, que pida subvenciones para alimentar a sus hijas.
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) expresa su escándalo y su extremo rechazo ante la creación, por parte de la ministra de empleo Fátima Báñez, de un buzón virtual para recoger las denuncias anónimas que los ciudadanos hagan contra empresas u otros ciudadanos, en caso de fraude laboral, contra la Seguridad Social o contra las normas de prevención de riesgos laborales. Se trata de una medida claramente ilegal, dado que la ley de enjuiciamiento criminal exige en sus artículos 266 y siguientes que el denunciante se identifique en todo caso. La delación anónima es, además, propia de gobiernos totalitarios y tiránicos. 
En relación con la reciente polémica por las subvenciones concedidas a los astilleros, cuya devolución ha instado la Comisión Europea, con los consiguientes problemas de toda índole para el sector y sus empresas y trabajadores, el Partido de la Libertad Individual (P-LIB) reitera la necesidad de hacer de Europa un espacio económico realmente libre. «El intervencionismo económico de la Unión Europea, al igual que el practicado por sus Estados miembros, crea muchos más problemas de los que llega a resolver», ha manifestado este miércoles Diego Ruiz, Secretario de Relaciones Institucionales del P-LIB. 
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) expresa su preocupación por la estrategia de incremento deliberado de la tensión respecto a Gibraltar, que está desarrollando desde hace unos días el gobierno de Mariano Rajoy. Las amenazas del ministro García-Margallo recuerdan al régimen anterior, que en 1969 cerró unilateralmente la frontera como represalia por el resultado del referéndum en el que la población gibraltareña rechazó de manera prácticamente unánime integrarse en España. Rajoy agita ahora la cuestión gibraltareña para intentar, patéticamente, desviar la atención del caso Bárcenas, que le salpica directamente. 
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) expresa su preocupación por el caso del indulto al pederasta Daniel Galván, posteriormente anulado. Los liberales celebramos que este criminal haya sido detenido y esperamos que cumpla el resto de su condena. El P-LIB exige una investigación que aclare sin lugar a dudas lo sucedido. Primero se informó de que en la lista se había colado por casualidad el nombre de Galván, autor de horribles delitos sexuales contra menores de corta edad. Parece que alguien le incluyó en el último minuto. Ahora dice el embajador que se mezclaron por error dos listas, una para indulto y otra para traslado.
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) denuncia la injusta Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas, que atenta contra uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad: la libre competencia. Esta Ley, del año 2007, establece la obligación de que el editor fije un precio de venta al público, que va parejo a un descuento no superior al 5%. Esto impide que los empresarios puedan hacer el descuento que crean conveniente para el mejor desarrollo de su negocio. Los liberales creemos que el Estado no debe poner ningún freno a los precios de los productos culturales. 
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) de la Comunidad Valenciana exige el cese de los altos cargos de la conselleria de Educación, Cultura y Deporte responsables de la «desaparición» de catorce cuadros prestados, cuya custodia —ejercida de forma completamente irresponsable— correspondía a la dirección del Museo San Pío V de Valencia, la segunda pinacoteca de España. Queda clara una vez más la dejación de responsabilidades del Estado respecto a los activos culturales. Las empresas privadas exigen resultados a sus gestores, y los estatales deben someterse a la misma exigencia. 