- Se ha modificado la ley por decreto para que RTVE pueda recibir aún más presupuesto de los contribuyentes
- Además, se ha ampliado aún más la oferta de plazas para un servicio con cada vez menos usuarios
- El Partido Libertario apuesta por medios autofinanciados, independientes del poder político, por el pluralismo informativo y por la libertad de prensa
Imagen: El presidente de RTVE, José Pablo López, en el Senado. Ricardo Rubio, Europa Press
Gastar más por decreto
El Gobierno aprobó el mes pasado una reforma legal. Conviene destacar, aunque ya estemos acostumbrados (pero nunca deberíamos estarlo del todo) que, a pesar de ser una reforma legal, lo hizo el ejecutivo, mediante un real decreto-ley, concebido como mecanismo excepcional, y no por iniciativa parlamentaria.
Esta reforma está relacionada con la financiación de RTVE, y tiene como objeto evitar el pago de una millonaria deuda por IVA.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha declarado que, es «necesaria una actuación normativa con rango de ley, que modifique la Ley 17/2006, estableciendo que los impuestos no deducibles vinculados a la prestación del servicio público formarán parte del coste del servicio público y deben ser objeto de compensación por el Estado».
En palabras del ministro, «Este servicio se califica como esencial por la propia Ley para la cohesión de una sociedad democrática».
Además, RTVE ampliará aún más su plantilla, pues ha vuelto a ampliar su oferta de empleo público 1/2025, que comentó con 166 plazas, hasta un total (hasta ahora) de 868 puestos.
¿Qué servicio público?
Pero ¿en qué consiste ese “servicio público” del que habla el ministro? Es decir, ¿qué justifica que existan medios de comunicación de titularidad estatal?
Se suele decir desde los diferentes gobiernos, que la existencia de medios de comunicación estatales, “permite que lleguen contenidos a toda la población”.
Pero ¿seguro que si no hubiera medios de comunicación estatales no llegaría contenido a toda la población? ¿Es que todos los medios no estatales son de pago? ¿La gente sin recursos no puede acceder a contenidos en medios que se financien con publicidad?
En todo caso, ¿ver la televisión o escuchar la radio es una necesidad básica? ¿Tiene sentido que, por ejemplo, en 2024 el presupuesto de RTVE superase al del mantenimiento de la red ferroviaria?
Por otro lado, se suele argumentar que la existencia de los medios estatales es necesaria para proporcionar a la ciudadanía una fuente de información objetivas.
¿Es una broma? ¿Realmente hay alguien que se crea que los medios estatales son “objetivos” y no toman partido por el gobierno de turno?
Nótese que aquí no hablamos específicamente de RTVE ni del PSOE, sino de cualquier gobierno de cualquier color, y de cualquier medio de cualquier administración pública, incluidas las televisiones autonómicas. ¿Acaso no tienen estos medios “públicos” sesgo del PP cuando es ese partido el que gobierna en la administración de la que depende el medio correspondiente?
Es más, dada la evolución de la sociedad, ¿tiene algún sentido considerar un servicio público esencial a medios como la televisión y la radio, cuando la mayoría de la población (incluidas las personas sin recursos), van sustituyendo cada vez más estos medios por sus equivalentes en Internet como los canales de vídeo, las plataformas de streaming o los podcasts? ¿Acaso no hay una pluralidad de ofertas, incluidas ofertas de información, entre las que los ciudadanos pueden elegir?
Un modelo al servicio de quienes gobiernan
El modelo actual de medios inyecta una considerable cuantía de recursos económicos a los medios “públicos”, recursos que han sido expropiados de manera forzosa a los contribuyentes mediante impuestos.
Por desgracia, esto se ve complementado por las subvenciones a medios “privados”, además del coste de las campañas institucionales (para algunos medios, las administraciones públicas son el principal cliente). Además del control sobre estos medios supuestamente privados a través de la concesión de licencias para operar.
Sin duda, este modelo empobrece aún más a personas que, no pudiendo pagar una casa o teniendo serias dificultades para llegar a fin de mes, se ven obligadas (sin que se les deje opción de negarse) a pagar a un personal que gana mucho más que ellos, y cuyos productos audiovisuales no consumen.
Pero además del expolio económico, la existencia de este modelo de medios supone un torpedo en la línea de flotación del pluralismo informativo. Los ciudadanos ven restringida la oferta, y el gobierno de turno (sea del color que sea) garantiza una homogeneidad de puntos de vista que apuntalan su control sobre la opinión pública.
Hay alternativa
Pero hay una alternativa a este modelo hecho a la medida del poder.
Que desaparezcan las subvenciones y toda forma de control de los medios privados.
Que los medios que actualmente pertenecen a las administraciones públicas sean devueltos a la sociedad civil. Por ejemplo, entregando una participación a cada ciudadano, como ocurrió en algunos países de Europa del Este con numeras empresas cuando estos países abandonaron el comunismo.
Y que todos los medios se autofinancien, ya sea de manera comercial, o con un modelo de donaciones propio de las fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.
La alternativa al modelo actual es que la información sea realmente independiente, y que se garantice de verdad el pluralismo informativo y la libertad de prensa. Para que este modelo alternativo llegue a ser real es necesario apoyar una propuesta política que defienda las necesarias reformas legales para avanzar en esa dirección. Una propuesta política como el Partido Libertario
