- La hiperregulación dificulta la protección del monte ante los incendios
- Actividades tradicionales de explotación sostenible y cuidado del monte se enfrentan hoy a considerables trabas
- Hay que atender también a las causas del despoblamiento rural, y dotar debidamente a los servicios de extinción de incendios
Imagen: Pixabay | Ylvers
Como cada verano, los incendios hacen arder el monte en España. Este fenómeno, que ha ocurrido siempre en mayor o menor grado, presenta una tendencia ascendente en el tiempo: cada vez hay incendios más devastadores.
A falta de que termine este verano para poder determinar el impacto total de los incendios de este año, ya hemos tenido el mayor incendio de la historia reciente, el de Burgohondo (Ávila), además de varios más de notable intensidad.
Ante este aumento en los incendios es lógico que haya un debate social sobre las causas y sus posibles soluciones. Se trata de un problema multifactorial, pero donde unas causas pesan más que otras, y en el que también hay más atención en el debate social sobre unas cuestiones que sobre otras.
Montes limpios
Un amplio debate que ha tenido lugar el mes pasado (aunque ya viene planteándose en años anteriores) es el de la limpieza del monte.
El debate ha tendido a polarizar dos posiciones, el de los partidarios de la regulación actual, que la ven como positiva, y el de los que consideran que es negativa, afirmando que prohíbe limpiar el monte, algo que niegan los segundos.
Como ocurre con frecuencia en los asuntos públicos, no es raro que haya un elemento con mayor importancia que el que algo esté prohibido o permitido. Se trata de los incentivos.
Las regulaciones del Estado (a cualquier nivel territorial), crean modificaciones significativas de los incentivos que tienen los miembros de la sociedad para actuar de una forma o de otra. Y en la práctica, muchos problemas sociales están causados por esas modificaciones de incentivos, incluso aunque las leyes involucradas estuvieran pensadas para tener otro efecto, o hayan sido redactadas con la mejor intención.
No, la Ley de Montes no prohíbe limpiar el monte. De hecho, prescribe en muchos casos (dejando el desarrollo de los detalles a cada comunidad autónoma) la obligatoriedad de limpiarlo.
Pero el problema es que modifica drásticamente los incentivos para el propietario: reduce sus ingresos en caso de actuar, aumenta los costes de hacerlo, y castiga con penas económicas a quien actúe de forma no conforme a la normativa. Multas que van desde 100€ hasta 1 millón de euros para las infracciones más graves. Lo que teniendo en cuenta la complejidad de la normativa hace que, en muchos casos, al propietario le salga más a cuenta no hacer nada.
Proyectos forestales
En muchos casos, los propietarios de los montes deben elaborar un proyecto forestal antes de poder realizar actuaciones en su terreno. Esto implica contratar a un técnico que elabore el proyecto a presentar a la administración, la cual deberá aprobar el proyecto antes de que el propietario actúe.
Sin proyecto, la recogida de madera debe ser aprobada por la administración salvo si se hace en pequeñas cantidades, para uso propio. En caso de venta de madera hay que presentar a la administración un informe sobre cuánta se ha vendido.
En los aprovechamientos que no impliquen la recogida de madera, como puede ser el uso del terreno para que paste el ganado, el uso debe de estar regulado por la comunidad autónoma.
Todo esto constituye un buen ejemplo de hiperregulación, en el que una legislación que tiene como objetivo proteger el monte puede provocar el efecto contrario: se desincentiva la acción, lo que provoca que haya material inflamable en el bosque que nadie recoge, que no se hagan cortafuegos, etc.
El problema no es que se prohíba el daño deliberado al medio natural, algo lógico, sino que para “protegerlo”, se dificulta lo que ha venido siendo el aprovechamiento tradicional de los montes desde hace mucho tiempo, un uso que ayudaba a evitar que los incendios se propagaran.
Un propietario que hace un aprovechamiento de su terreno es el primer interesado en mantenerlo en las mejores condiciones para evitar que se propague el fuego. Un gran avance sería generalizar al modelo de declaración responsable, algo que ya existe en algunas jurisdicciones
Otras causas
Hay que destacar que una buena parte del terreno de monte en España es propiedad de las diferentes administraciones públicas. Algo que hace que las personas responsables de dichos terrenos no tengan una vinculación personal con el terreno, y el empeño y dedicación en mantenerlos en condiciones óptimas dependa del compromiso personal de funcionarios concretos, un compromiso que no se da de igual manera en todos los casos.
Es un hecho que las condiciones meteorológicas en los últimos años han sido cada vez más adversas en cuanto a altas temperaturas y poca humedad. Algunas fuerzas políticas han hecho por ello énfasis en políticas de lucha global contra el cambio climático. Aunque habría que analizar cada una de dichas medidas de manera separada, se puede decir en cualquier caso que una medida exclusivamente global, no va a resolver el problema por sí misma, si no cuenta con el respaldo de medidas de carácter local, especialmente cuando hablamos de un problema multifactorial, como este.
Además, aunque sea imprescindible la prevención antes de que los incendios se produzcan, no se puede perder de vista que una vez se han producido, lo que va a marcar la diferencia son los medios de lucha contra el fuego. Algo sobre lo que, hoy por hoy, el Estado (en sus diferentes niveles territoriales) tiene prácticamente el monopolio absoluto.
Como hemos dicho en otras ocasiones, vivimos en una sociedad en la que el Estado acapara enormes recursos de la sociedad civil. En teoría, la finalidad de esta expropiación de recursos es, prestar diferentes servicios, entre los cuales ocupan un lugar central aquellos relacionados con la seguridad.
Por ello, debemos exigir a las diferentes administraciones que pongan el foco en combatir fenómenos, como los incendios, que afectan a la integridad física de las personas, de sus viviendas y de sus propiedades. En vez de estar centradas en cuestiones diversas, como la propiedad de medios de comunicación y otras empresas, por ejemplo. Es decir, se deben disponer de medios adecuados para la extinción de incendios, tanto de personal como de recursos materiales (además de los protocolos para colaborar con otras administraciones, tanto de España como de otros países). Es lo mínimo que se puede pedir.
Aunque hay otra cuestión de la que no se suele hablar tanto: la España vaciada no solo significa la despoblación de ciertas provincias, sino aún dentro de estas el abandono del mundo rural. En un modelo de economía intervencionista, que es en el que vivimos, se tiende a concentrar la riqueza cerca de los núcleos de decisión política, de las capitales. Muchas regulaciones, como las mencionadas respecto a la limpieza del monte, llevan a que se vacíe de población el campo en beneficio de aquellos lugares que han sido privilegiados por la inversión estatal. La despoblación es también, por supuesto, un factor de abandono del monte.
