Sí al cierre de Canal 9

Francisco Ramos, Coordinador General del P-LIB en la Comunidad ValencianaEl Partido de la Libertad Individual (P-LIB) de la Comunidad Valenciana quiere expresar su satisfacción por el cierre de la Radio Televisión Valenciana, conocida como Canal 9. Las televisiones públicas son siempre un instrumento al servicio del poder. Cobijan a periodistas panfletarios de uno u otro color, voceros adoctrinadores que repiten hasta el hartazgo las consignas del partido gobernante. Nunca han sido —ni pueden ser— medios plurales, sino estandartes de la propaganda partidista. Nuestra satisfacción es compatible con la preocupación por el destino de muchos buenos profesionales que trabajaban en el ente. Deseamos que encuentren con rapidez las salidas profesionales adecuadas en los medios de verdad, los privados. Veremos de qué modo se gestionan las licencias de emisión, y los detalles del cierre, pues muchos amigos del actual gobierno podrían todavía verse beneficiados en el proceso de liquidación. Los liberales esperamos que éste se lleve a cabo con la mayor transparencia, pero no somos optimistas al respecto. En cualquier caso, la desaparición de un medio de comunicación público siempre es una buena noticia porque va en el sentido de la minimización del Estado.

En palabras de Francisco Ramos, Coordinador General del P-LIB en la Comunidad Valenciana, “los impuestos de los ciudadanos no pueden dedicarse a financiar los altavoces del gobierno, ni las contrataciones de enchufados“. “Hay que seguir cercenando el Estado y disminuyendo su gasto”, ha añadido. “Los ciudadanos no deben seguir pagando a la casta política, máxime cuando existen muchos medios de comunicación gratuitos de titularidad privada”, ha señalado Ramos, concluyendo que “El Estado no debe suplir la iniciativa privada, y menos en algo tan sensible como la información, tan fácil de convertir en propaganda“.

El P-LIB promueve la privatización real de todas las televisiones, radios y otros medios de comunicación públicos de todo tipo y a todos los niveles territoriales, mediante subastas transparentes que aseguren la legalidad del proceso y en lo posible contribuyan a la recolocación de los profesionales en el sector privado de medios de comunicación.

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