UGT Extremadura derrocha el dinero de todos

El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) denuncia el despilfarro de UGT en Extremadura. En una reciente visita, Cándido Méndez inauguró la nueva sede en la capital extremeña, sede polémica por las presuntas irregularidades y por el coste de la obra. Los dirigentes territoriales de UGT afirman que con este cambio de sede se está iniciando una nueva etapa de “racionalización del gasto”. Nuestro partido, que tiene como objetivo frenar el saqueo estatal del dinero de los ciudadanos, no cree que en plena crisis se pueda calificar de racional un gasto de dos millones setecientos mil euros en la sede regional de un sindicato. Son numerosas las voces que se han alzado contra este despilfarro sindical, que se produce en un entorno laboral lamentable, en el que el desempleo real se encamina ya hacia el 40% de la población activa. La UGT alega que la financiación de la obra “sólo” ha supuesto el desembolso del 10% de los ingresos del sindicato, de lo que se deduce que el sindicato ingresa entre veinticinco y treinta millones de euros anuales sólo en Extremadura. Obviamente, la inmensa mayoría de ese dinero procede de los impuestos de la ciudadanía. El Coordinador del P-LIB en Extremadura ha declarado hoy que “es obvio que el abultado presupuesto de la UGT y de las demás centrales sindicales no procede de las cuotas de sus afiliados, sino de la confiscación tributaria del dinero que los ciudadanos ganan por su trabajo”. “Ante el desprestigio de numerosas instituciones se está produciendo un tímido avance de la transparencia en otros ámbitos de gasto público, pero esto no alcanza a los sindicatos pese a que también los pagamos entre todos”, ha señalado Ruiz, que ha invitado “a cuantos visitan o residen en Mérida a contemplar el flamante palacete de la UGT como un monumento más de la ciudad: un monumeto al despilfarro”. El P-LIB reitera su apuesta por la autofinanciación de los sindicatos, patronales, partido, asociaciones, confesiones religiosas y cualquier otra organización de la sociedad civil, y considera ilegítima su financiación con cargo al dinero que se detrae fiscalmente a los ciudadanos.

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