No a la subida del ITP valenciano

Yolanda RándezEl Partido de la Libertad Individual (P-LIB) denuncia la fuerte subida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados del 7 al 8% en la Comunidad Valenciana. En un contexto económico de gravísima crisis generalizada, como el actual, y que afecta particularmente al sector inmobiliario, la Comunidad Valenciana, gobernada por el Partido Popular, ha hecho realidad lo que ya nos veníamos temiendo los valencianos desde hace tiempo: a partir del próximo 1 de enero los compradores deberán soportar un punto más en el impuesto que grava las adquisiciones de inmuebles de segunda mano. Esto, unido a la subida del IVA del 4 al 10% en las adquisiciones de viviendas nuevas, acabará por dar la puntilla al ya maltrecho sector inmobiliario valenciano en 2013. Así, el PP valenciano se suma al de Castilla-La Mancha y otros en hacer lo único que al parecer sabe hacer ese partido: subirnos los impuestos.

Por si esto fuera poco, la Administración autonómica rara vez se conforma con los valores de los inmuebles declarados por los compradores a efectos de tributación por el impuesto, sino que en multitud de ocasiones acostumbra a girar liquidaciones complementarias a los contribuyentes, atribuyendo al inmueble adquirido un valor muy superior al de mercado y al precio real pagado por el comprador, con base en unos supuestos informes de valoración absolutamente arbitrarios que sistemáticamente y desde hace más de una década vienen anulando los tribunales. Se obliga así al ciudadano a emplear tiempo y dinero en anular judicialmente una decisión administrativa que, sin embargo, es inmediatamente ejecutiva. Yolanda Rández, miembro de la Comisión Ejecutiva del P-LIB valenciano y Coordinadora Provincial del partido en Alicante, ha declarado que “la Generalitat sigue girando estas liquidaciones complementarias a sabiendas de su injusticia, porque muchos ciudadanos acaban por pagar lo que la Administración les exige, ante la dificultad, la lentitud y el coste económico de poner en marcha la maquinaria judicial, coste que se ha visto recientemente incrementado con la exigencia de las nuevas tasas judiciales”.

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