El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) expresa su estupor ante el hecho, conocido ayer, de que el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ocultaba en Suiza más de veinte millones de euros presumiblemente relacionados con el caso Gürtel, de los cuales legalizó una parte mediante la llamada «amnistía fiscal» aprobada por el ministro Montoro, según se ha sabido hoy. Como siempre sucede en estos casos, el PP está guardando un silencio cómplice y bochornoso, mientras el PSOE, que se comporta igual ante los casos propios, señala ahora la paja en el ojo ajeno. El P-LIB reitera su convicción de que PP y PSOE son las dos caras de una misma moneda. Son las dos marcas electorales, apenas diferenciadas en su palabrería, de lo que en realidad es el partido único de un régimen cleptocrático ya moribundo: el cimentado sobre la constitución socialdemócrata de 1978 y construido en torno a una monarquía ya amortizada políticamente y alrededor de unos pactos y consensos hoy agotados, está reventado ahora por todas sus costuras.
Los liberales señalamos la terrible incoherencia de que el gobierno persiga y criminalice a cualquier ciudadano por tener fuera de España algún pequeño inmueble o unos discretos ahorros mientras se revela una y otra vez cómo los testaferros del establishment político español, del PP y del PSOE pero también de CiU y de otros partidos o de algunas altas instituciones, mantienen auténticas fortunas en sociedades offshore. La casta política intenta prohibir a los ciudadanos lo que ella misma lleva haciendo de forma sistemática y generalizada desde los inicios mismos de la transición: proteger el dinero en refugios fiscales como Panamá o Andorra. La gran diferencia estriba en que los ciudadanos comunes intentan legítimamente proteger lo suyo y evitar que se lo quiten, mientras los políticos esconden lo que nos han quitado a los demás. El blanqueo de Bárcenas deja patente que la amnistía decretada por Montoro nunca se orientó a los ciudadanos normales con bienes o ahorros en el extranjero —para quienes el coste de declararlos, un 10% del total, resulta ciertamente excesivo—, sino a los testaferros del establishment político que manejan fondos de procedencia ilegal.
El Presidente del P-LIB, Juan Pina, ha señalado que «los liberales tenemos la única receta útil contra la corrupción: quitarle poder al Estado y, por ende, a quienes lo administran y gestionan, ya sean funcionarios o políticos, y devolvérselo, atomizado, a todos y cada uno de los ciudadanos». «La corrupción surge, anida y prolifera allí donde existe discrecionalidad en la toma política o funcionarial de decisiones que podrían y deberían adoptar de manera directa los ciudadanos y las empresas», ha añadido, para manifestar que «frente a la corrupción extrema que nos asola, no sirve cambiar de políticos: hay que cambiar de política; esto es, hay que reducir drásticamente el volumen, el coste y el peso del Estado, y su capacidad de arrogarse decisiones que corresponden al mercado, de recaudar la mayor parte de la riqueza que producimos para gastarla él a su criterio, o de exigir licencias previas y permisos diversos para cualquier actividad». Según Pina, «el Estado no está para hacer de inversor, ni para autorizar o no las inversiones de otros» y «sólo se podrá combatir la corrupción retirando a todas las administraciones públicas, y en todos los niveles territoriales, las numerosas competencias susceptibles de generar compra de favores«.
El P-LIB llama la atención sobre el fuerte incremento de casos de corrupción cruzados entre unos y otros partidos, entre unos y otros grupos mediáticos, empleados como armas arrojadizas en una guerra de todos contra todos que revela la profunda descomposición de los grandes pactos y consensos antes mencionados y, por lo tanto, del régimen que sustentan con cada vez menor fortaleza. Mientras se resquebraja el sistema del 78, los liberales construimos cada día, con rigor y entusiasmo, una alternativa realista y pragmática para liberar a la sociedad, y a cada uno de los individuos que la integran, de un Estado endeudado hasta la ruina y corrupto hasta la médula, y de una clase política indigna de gobernarnos. En palabras de Juan Pina, «ningún político podrá meter la mano en la caja si la gran mayoría del dinero está en los bolsillos de la gente».