El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) se opone al plan de la Comunidad de Madrid de impulsar con dinero de todos, leyes ad hoc, exenciones diversas y suelo público un complejo de casinos. Como si del Plan Marshall se tratara, parece que el Estado (en este caso en su encarnación autonómica madrileña) cree que la solución a la crisis pasa por construir un mini Las Vegas en la región. Ya son varios los ayuntamientos que han mostrado su interés porque el complejo de casinos, que abarcará un área de seis millones de metros cuadrados, se instale en sus términos municipales. Conocidas las exigencias del promotor del proyecto, Sheldon Adelson, la Comunidad de Madrid y su presidenta, Esperanza Aguirre, harán todo lo posible, en competencia feroz con la administración catalana, para que este proyecto se quede definitivamente en Madrid. Aguirre argumenta que será una gran fuente de trabajo, con unos doscientos mil nuevos empleos, pero el plan incluye la promulgación de todo tipo de excepciones en la legislación española sobre convenios laborales, ley antiblanqueo, ley de extranjería e incluso la modificación de la ley antitabaco. Obviamente todos estos cambios solo afectarán a dicho plan y no a los demás proyectos de cualquier otro empresario, creando una especie de isla privilegiada al margen de la legislación común.
El P-LIB no acepta el mercantilismo del siglo XXI y apuesta por la máxima libertad económica y la mínima intervención estatal. Rechazamos todo privilegio empresarial, toda planificación económica o empresarial desde la administración y toda concesión monopólica del Estado. Y denunciamos, a la vez, la hipocresía del Estado al otorgar concesiones privilegiadas porque sabe que favorecen el empleo y la generación de riqueza, y al no aplicar los mismos criterios al resto de zonas ni al resto del tejido empresarial.
Las exigencias del magnate Sheldon Adelson son lógicas: demuestran que un país que exprime fiscalmente a la empresa está cerrando el paso a toda inversión y, por tanto, imposibilitando el crecimiento económico. Pero el P-LIB critica la discriminación legal al resto de empresarios y en particular a las pequeñas y medianas empresas, que son siempre las peor tratadas y las más castigadas fiscalmente por su escasa capacidad de escapatoria. ¿De qué forma puede competir el sector hostelero ya establecido, si se privilegia a este nuevo competidor con leyes a su medida que los demás no podrán disfrutar? España tiene una gran ventaja comparativa en el sector del turismo que, actualmente y al igual que el resto de las empresas españolas, está siendo expoliado en favor de una planificación que, como no puede ser de otra manera, generá ineficiencia económica. Si alguien quiere comprar terreno y abrir casinos y centros de ocio, que lo haga pero que no espere un trato legal ni fiscal diferente. La igualdad ante la ley es un derecho fundamental.
Iván Sánchez, Coordinador General del P-LIB en la Comunidad de Madrid, ha lamentado una vez más el gusto de Esperanza Aguirre por los monopolios privados de concesión pública, y en general por los grandes negocios favorecidos desde el poder político. Hay que recordar que ya hace años la Comunidad de Madrid creó una excepción a las normas de entonces sobre horarios para un centro comercial concreto, Madrid Xanadú. Sánchez ha declarado que: “una vez más Aguirre ensucia el liberalismo, falseándolo al sustituir sus auténticos contenidos por el amiguismo y la política del privilegio, mientras discrimina a la pequeña empresa que sostiene este país”. Ha añadido que “frente al falso capitalismo de Aguirre, que es en realidad mercantilismo, el P-LIB reclama libertad empresarial real para cualquier empresa, ya sea individual, pequeña, mediana o grande; en cualquier lugar y dedicada a cualquier actividad”, para concluir que “el P-LIB reclama la retirada de la ley antitabaco, la negociación laboral individual, la bajada drástica de los impuestos, y, en general, la soberanía real de las personas sobre su actividad profesional y sobre sus empresas. Pero esto, señora Aguirre, PARA TODOS“.
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) discrepa de las medidas económicas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros, que continúan por la senda del intervencionismo y del hiperendeudamiento insostenible. En particular, es una pésima noticia la creación de una línea de crédito del ICO de hasta quince mil millones de euros para financiar los vencimientos de deuda de las administraciones cuasi quebradas, porque ese nuevo balón de oxígeno permitirá a los políticos que las gestionan relajarse en la situación actual en vez de combatirla mediante el recorte drástico del gasto y la venta generalizada de sus empresas públicas y otros activos. En circunstancias de endeudamiento extremo, es irresponsable refinanciar una y otra vez la deuda, sobre todo si se hace con la agenda mal disimulada de seguir gastando prácticamente lo mismo mientras se espera con los dedos cruzados a que una nueva coyuntura económica permita incrementar todavía más la deuda. Es una broma de mal gusto que el ministro De Guindos hable de “condiciones muy estrictas” para estos créditos cuando, en realidad, sólo se penalizará a los deudores con un aumento de tipos en caso de retraso o de incumplimiento de las leves exigencias de ajuste económico y pago a proveedores que impondrá el ministerio. El gobierno ni siquiera incluye entre sus exigencias la enajenación de empresas y otros bienes ni la reducción de plantillas ni otros recortes del gasto.
