- Kitchen es un caso principalmente vinculado al Partido Popular, y el caso mascarillas al PSOE
- La corrupción generalizada no se arregla cambiando a un partido por otro
- Necesitamos menos concentración de poder político y presupuestos en pocas personas, como defiende el Partido Libertario
Imagen: El exministro Jose Luis Ábalos durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo. (EFE/JJ Guillén). Vía El Confidencial
Estos días la actualidad política es, sobre todo, actualidad judicial. No es la primera vez, ni seguramente, por desgracia, será la última. Aunque no por conocido es un espectáculo menos lamentable.
El juicio del caso Kitchen ha coincidido en el tiempo con el del caso mascarillas.
Aunque ambos casos implican a un buen número de personas relacionadas con la administración pública (y con las fuerzas de seguridad del Estado en el primero de ellos), Kitchen es principalmente un caso vinculado con el anterior gobierno del Partido Popular, mientras que el caso mascarillas implica ante todo a personas relacionadas con el actual gobierno del PSOE, destacadamente el exministro José Luis Ábalos, muy próximo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El problema no es el partido que ocupe el poder. El problema es el poder
Es conveniente recordar que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez al que muchos piden (y con razón) que dimita, llegó al poder precisamente a través de una moción de censura contra su predecesor, Mariano Rajoy, del Partido Popular, ocasionada por la corrupción del anterior gobierno. Es irónico, pero el encargado de defender esa moción de censura en nombre del PSOE fue José Luis Ábalos, por razones de “dignidad democrática”, a quien la Fiscalía solicita 24 años de prisión por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Cuando hay casos graves de corrupción, sin duda es necesario que los responsables políticos actuales den paso a otros nuevos. Sin embargo, el simple cambio de personas o de partido político no resuelve el problema de fondo. Y si el problema de fondo no se resuelve, veremos al cabo del tiempo los mismos fenómenos.
La corrupción crece al calor de la concentración de poder, la falta de transparencia, y la falta de separación de poderes. Si bien en toda sociedad va a haber algún caso de corrupción, es un error pensar que los casos graves o la corrupción generalizada son inevitables: la existencia de países con mucha menos corrupción que otros desmiente tanto la visión pesimista de que la corrupción generalizada no tiene solución, como la visión ingenua de que se trata exclusivamente de una cuestión moral que se soluciona sustituyendo a unas personas por otras.
Tener unos políticos que manejan presupuestos enormes dificulta visibilizar el desvío de cantidades significativas de dinero. Mucho más cuando hay falta de transparencia, y cuanto más dependa el uso de los recursos de decisiones puramente discrecionales de pocas personas. No digamos ya cuando entran en la ecuación fondos reservados, como en la operación Kitchen.
Menos presupuestos inflados y menos poder centralizado en pocas personas es menos lugar para la corrupción
Si miramos hacia las sociedades menos corruptas del mundo, veremos patrones que se repiten.
- Menor intervención estatal en todos los ámbitos de la vida que en los países más intervencionistas y más autoritarios (y también más atrasados).
- Presupuestos de las administraciones públicas más ajustados (en proporción a la riqueza del país).
- Políticos con menos capacidad de decisión discrecional y menos omnipresentes en la vida cotidiana. Y centros de decisión más distribuidos y menos concentrados en pocas personas.
- Poder Judicial que actúa de forma autónoma respecto al ejecutivo y que puede exigirle responsabilidades ante cualquier irregularidad.
- Cuentas públicas transparentes y que se pueden consultar de forma sencilla por los ciudadanos.
Y, relacionado con todo lo anterior, medios de comunicación independientes que, ni sean propiedad del Estado, ni dependan de subvenciones, licencias o campañas institucionales. Es decir, que no le “bailen el agua” a los gobernantes de turno, convirtiendo la propaganda en “información” y que no ayuden minimizar casos de corrupción o a taparlos con cortinas de humo informativas.
En definitiva, el modelo de administración que defiende el Partido Libertario.
No decimos que aplicar estas reformas lleve a un nivel de corrupción igual a cero. Pero sí afirmamos que harían que la corrupción política fuera algo excepcional. Y que dejáramos de ver casos de corrupción mayor que afecten a un gobierno sí, y al siguiente también.
