Imagen: EFE / Borja Sánchez-Trillo (Imagen de archivo, reunión Sánchez y Junqueras el 08/01/2026)
- En España las administraciones territoriales tienen control sobre sus gastos, pero poco sobre sus ingresos
- Los gobiernos territoriales tienen muy pocos incentivos para optimizar el gasto, lo que facilita el despilfarro y la corrupción
- El Partido Libertario defiende un modelo en el que cada administración tiene la responsabilidad de ingresar lo que gaste
El pasado viernes 21 de febrero, el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, se reunió con el presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la Moncloa en “secreto” (aunque se filtró en diferentes medios de comunicación).
La reunión tenía como finalidad el desbloqueo del traspaso a Cataluña de la recaudación del IRPF. En relación con dicha reunión, este lunes, Junqueras ha declarado que, si no se realiza el traspaso, no se aprobarían los presupuestos en Cataluña.
Hay que recordar que el acuerdo para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Catalunya con el apoyo de Esquerra, incluía entre otras cosas el mencionado traspaso de la gestión del 100 % del IRPF a la Generalitat.
Al parecer, Junqueras no salió de la reunión con Sánchez con la idea de que el traspaso se vaya a llevar a cabo, al menos en breve.
Un sistema de financiación caducado desde 2014
El actual modelo de financiación autonómica, que fue aprobado en 2009, estaba pensado para durar hasta 2014, año en el que debería haber sido renovado.
Algo que nunca se hizo, debido a la incapacidad del PP y el PSOE para llegar a un acuerdo.
Sin embargo, el mayor problema de este modelo no data de 2014, cuando no fue renovado. Sino de 2009, el año de su creación.
El problema es el modelo en sí mismo.
Gato por liebre
Con frecuencia se lee o se escucha que España es país que, a pesar de no ser formalmente federal, es de hecho cuasi-federal. O incluso, que es uno de los países más descentralizados del mundo, en mayor medida que muchos estados federales.
Con independencia de cuantas veces se repita, la afirmación es completamente falsa. El modelo de organización territorial español es un auténtico gato por liebre desde el punto de vista federal. Por diversos motivos, pero dado que estamos hablando de la financiación vamos a centrarnos en esta cuestión.
En España las administraciones territoriales (esto incluye también a los ayuntamientos), tienen una capacidad de decisión relativamente elevada para decidir sobre su gasto. Es decir, el gasto, efectivamente, está descentralizado. Pero…
El ingreso está mayoritariamente centralizado.
Es decir, la mayor parte de los ingresos que recibe una administración territorial no procede de los impuestos que recauda esa administración, y cuya cuantía decide. Sino que procede de ingresos que decide y recauda la administración central. Y que posteriormente reparte la administración central a las administraciones territoriales.
Este reparto se lleva a cabo habitualmente mediante complejas negociaciones entre partidos políticos que implican cesiones en otras cuestiones, relacionadas o no.
Es decir, un ayuntamiento o una comunidad deciden en gran medida sobre lo que gastan, pero en poca medida sobre lo que ingresan.
¿Qué puede salir mal?
Lo anterior implica que, si una administración territorial toma la decisión de reducir sus gastos, esa decisión va a tener un impacto menor sobre la cuantía de los impuestos que pagan sus ciudadanos.
En semejante escenario, ¿qué incentivos tienen un presidente de Comunidad Autónoma, o un alcalde para reducir el gasto? ¿Les va a compensar electoralmente dar menos “cosas gratis” (que realmente no lo son) a sus votantes, si van a poderle bajar poco los impuestos a esos mismos votantes?
El modelo territorial español es, en su aspecto fiscal, una receta para el despilfarro. Y para la corrupción, que tiende a aparecer cuando las cantidades gestionadas son enormes, y por ello más difíciles de monitorizar.
En España hay grandes problemas, como la vivienda o las pensiones, que son percibidos como tales, y preocupan a los ciudadanos. Sin embargo, este modelo defectuoso de financiación es un mal silencioso, que lo que hace es generar otros problemas de forma indirecta.
Hay una solución
Pero hay una solución. El Partido Libertario propone un modelo en el que cada administración tenga un control completo y directo sobre sus ingresos y gastos. En el que cada nivel de administración se financiará sobre sus propios impuestos, teniendo la capacidad de decidir sobre ellos.
Evidentemente, esto implica que cada administración tenga bajo su control los recursos que van a ser financiados por esos impuestos (como el correspondiente funcionariado e instalaciones). Porque, por poner un ejemplo, aunque no se diga, el traspaso del IRPF a Cataluña que motivó la reunión de Sánchez y Junqueras debería conllevar para ser realista, un traspaso también de esos recursos.
Es decir, en el modelo que propone el Partido Libertario, si un dirigente territorial desea aumentar el gasto de su administración, deberá aumentar proporcionalmente los impuestos que le pagan sus ciudadanos. Y si decide bajar el gasto, podrá bajarles proporcionalmente los impuestos.
Esto genera competencia fiscal. Los votantes podrán ver qué sistema funciona mejor. También, si lo desean, trasladarse a lugares próximos que ofrezcan mejores condiciones, o trabajar en ellos, sin necesidad de emigrar a otro país.
Este modelo que propone el Partido Libertario tiene un nombre. Su nombre es federalismo.
