El caso Forestalia y las raíces de la corrupción política

  • La corrupción política tiene, además de la cuestión moral, un componente sistémico
  • El caso Forestalia nos recuerda la necesidad de restringir el enorme poder y presupuesto de los cargos políticos
  • Acabar con la corrupción generalizada es posible, como demuestra la existencia de sociedades mucho menos corruptas que otras

Imagen: Parque eólico de Forestalia / Jesús Ochoa vía 20 minutos

Es habitual plantear la cuestión de la corrupción política como una cuestión moral. Y lo es, sin duda, pero si el componente moral fuera el único, quedaría sin explicar por qué hay países que, sistemáticamente presentan muchísimos más casos de corrupción que otros. O por qué el mismo país, en épocas distintas, puede presentar enormes diferencias en sus niveles de corrupción.

Desde luego, la ética personal (o más bien la falta de ella) es un ingrediente fundamental para la corrupción. Hay personas corruptas, y personas corrompibles. Y personas que no lo son. Pero falta explicar por qué en determinados entornos los primeros campan a sus anchas, mientras que otros no. Y es que la corrupción tiene un imprescindible componente sistémico. Sin este, los corruptos no dejarán de existir, pero en su gran mayoría se quedarán con las ganas de lucrarse a costa de los demás.

Forestalia: un caso paradigmático

Hay tantos casos de corrupción en España, y tan recientes, que es fácil perderse. El caso Forestalia es uno más, pero tiene varias características que lo hacen especialmente representativo.

Dos de ellas son el hecho de que implica a varias administraciones, y la colaboración público-privada en el proceso de corrupción.

Las responsabilidades exactas las determinarán los tribunales, pero el pasado 3 de marzo se detuvo a 6 personas, entre ellas el propietario de Forestalia, Fernando Samper, y el que fue subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, Eugenio Domínguez, bajo la ministra del PSOE Teresa Ribera. Otro implicado, en este caso de una administración autonómica, sería Jesús Lobera, antiguo director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), también del Partido Socialista.

Otra característica que hace del caso algo típico es la magnitud: el Clúster del Maestrazgo, proyecto estrella de Forestalia, es nada más y nada menos que el mayor parque eólico que se haya hecho en España. Es decir, es el proyecto líder de un sector (en este caso el de los parques eólicos) el que está bajo investigación.

También nos encontramos con otro conocido habitual en la corrupción, el pitufeo o fragmentación de las grandes sumas: el proyecto del mencionado Clúster del Maestrazgo se tramitó como 22 parques eólicos independientes, presuntamente para ayudar a eludir los controles.

Todavía otra característica arquetípica más del caso Forestalia es la de las puertas giratorias. Algo que, si bien no es ilegal, debería serlo: antes hemos mencionado a políticos socialistas, pero es que por Forestalia han pasado como asesores o en nómina de la compañía, políticos del Partido Popular, como José Manuel Soria, que fue ministro con Rajoy, o como Felip Puig y Josep Grau, ambos antiguos consellers de la Generalitat de Catalunya con gobiernos de CiU. Forestalia no está vinculada a un solo partido político.

Y aún hay una última característica habitual: el uso de una buena causa como excusa para la corrupción, en este caso la defensa del medio ambiente a través de la inversión en energías renovables. De hecho, la clave de la corrupción del caso Forestalia, fue el descarte sistemático por parte de las administraciones involucradas de los informes negativos de impacto ambiental, ya que proyectos como el Clúster del Maestrazgo resultaban ambientalmente dañinos (por amenazar a especies de aves de la zona en peligro de extinción), algo que llevó a que otros proyectos similares fueran descartados.

Acabar con la corrupción: ¿una aspiración realista?

Ante tanta corrupción política, es frecuente cuestionarse si es posible acabar con la inmensa mayoría de la existente y convertir este fenómeno en marginal. ¿Es realista, es posible acabar con la corrupción política generalizada?

El Partido Libertario lo tiene claro: rotundamente sí. Pensar esto no es ser ingenuo, es simplemente rendirse a la evidencia de que hay sociedades en las que la presencia de la corrupción es mínima, por lo que es incuestionable que este objetivo es posible. Pero para conseguirlo, en primer lugar, hay que abandonar la resignación y el derrotismo. Y en segundo, analizar las características de las sociedades menos corruptas.

La solución no es cambiar a los corruptos por “personas honradas” que no se han corrompido…  hasta ahora. La solución, como en muchas otras situaciones, pasa por eliminar los incentivos perversos.

Cuando en una sociedad todos los negocios dependen de decisiones políticas, el mayor negocio será la compra de dichas decisiones. La centralización de una enorme cantidad de poder discrecional y de inmensos presupuestos y recursos en unas pocas personas crea un entorno en el que es muy difícil que la corrupción no florezca. Entre otras cosas, porque el que haya presupuestos enormes dificulta la visibilidad detallada de en qué se gastan.

Concentrar decisiones en unos pocos cargos políticos atraerá como un imán a personas sin escrúpulos que quieran invertir en comprar a los que toman esas decisiones. Este es un proceso que no tiene nada que ver con la competencia en un mercado libre y todo que ver con el sistema conocido como mercantilismo o “capitalismo de amiguetes”.

Unas administraciones públicas con pocas competencias, con presupuestos ajustados, y con los centros de decisión cercanos a los ciudadanos (descentralizados territorialmente) disminuyen los incentivos para la corrupción. Y si bien no se puede decir que vayan a eliminar toda forma de corrupción, al menos sí acabarían con la corrupción sistemática o generalizada.

Suiza no es menos corrupta que España por influencia del clima alpino o del chocolate suizo. Suiza es menos corrupta que España porque la relevancia de sus políticos en la vida de sus ciudadanos es mucho menor que en España.