Pedro Sánchez en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái. Fuente: EFE
- Son los padres o tutores legales los que deben decidir a qué plataformas puede acceder un menor, no el Gobierno
- Tampoco es aceptable que se quiera decidir por personas adultas, un cheque en blanco que heredarán gobiernos futuros
- En caso de contenido realmente ilegal, a quien corresponde la acción es al Poder Judicial, no al ejecutivo
La semana pasada, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, habló en la reunión anual de la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái. Su intervención, centrada en las redes sociales, ha dado mucho de qué hablar, y con razón.
Sánchez reveló su intención de promover desde su gobierno una iniciativa legislativa que tendría como puntos principales la prohibición del acceso a redes a menores de 16 años basándose en la identificación real de los usuarios, la responsabilidad penal de los ejecutivos de las plataformas si no retiran mensajes de odio, y la ilegalización de la amplificación del “contenido de odio” en los algoritmos que iría acompañada de la creación de una huella de odio y polarización para medir esto.
Las declaraciones de Sánchez han generado un considerable debate en el que han participado tanto personas opuestas a las medidas anunciadas, como de personas a favor. Por otro lado, no es una cuestión exclusiva de España, puesto que los gobiernos de varios países han hecho pública su intención de implementar medidas similares (en algún caso las han implementado ya).
¿Decisión del Gobierno?
La restricción del acceso a redes a los menores de 16 años es, de entre las medidas anunciadas, la que probablemente ha suscitado más apoyo, al considerar muchas personas que las redes no son aptas para personas de estas edades.
¿Qué visión tenemos de estas medidas desde la óptica del Partido Libertario? Como solemos decir, el libertarismo no trata de cuáles son las decisiones correctas, sino de a quién corresponde tomarlas.
A qué contenido y a qué plataformas pueden acceder los menores es una decisión que deben tomar sus padres o tutores legales.
Por otra parte, la prohibición generalizada en un país, lo que va a llevar es a que, como buenos nativos digitales que son, los adolescentes españoles encuentren fácilmente formas de acceder igualmente (usando una VPN para simular el acceso desde otro país que no tenga esta restricción). Es mucho más eficaz la limitación de acceso a través del dispositivo utilizado. Pero claro, eso es algo que depende directamente de sus padres.
Conviene tener en cuenta que, ni todas las redes son iguales, ni tampoco lo son todos los menores. Por ejemplo, recientemente Australia ha prohibido el acceso a menores de 16 años a las redes sociales, y entre ellas se ha incluido a YouTube, plataforma con numeroso contenido educativo o incluso no solo juvenil, sino directamente infantil. Muchos padres usan YouTube como hacían generaciones anteriores con la televisión, como herramienta de entretenimiento con sus hijos. Los directivos de YouTube han negado ser una red social, lo que no les ha librado de la prohibición.
No solo es una cuestión de menores de edad
Pero la implementación de la restricción por edad que plantea Pedro Sánchez, a lo que va a llevar es a que los adultos deban registrarse en una base de datos estatal con su D.N.I. para poder acceder a redes. Aun suponiendo que esa base de datos nunca sea hackeada y los datos privados sean divulgados (lo que es mucho suponer), ¿estamos seguros de que el gobierno no va a hacer un uso interesado para limitar o delimitar el acceso a redes de determinadas personas o perfiles?
Incluso si eres una persona que apoya a Pedro Sánchez y a su gobierno y confías en él, ¿seguro que los gobiernos de los años venideros te van a ofrecer la misma confianza? Renunciar a un ámbito de decisión para entregárselo a un gobierno, incluso aunque sea de tu agrado, es en realidad entregárselo a cualquier gobierno.
Los libertarios no estamos afirmando que todo el contenido de Internet sea adecuado para los menores. Esto obviamente no es así.
Lo que decimos es que la decisión de qué contenido y qué plataforma es adecuada a un menor en concreto según su edad específica y características personales individuales no corresponde al gobierno, sino a las personas que están legalmente a su cargo. Porque precisamente para eso lo están.
También se quiere decidir por los adultos
Pero el discurso de Sánchez fue mucho más allá de los menores. Afirmó, que “algunos dirán que, si no nos gustan las redes sociales, podemos simplemente abandonarlas, que a nadie se le obliga a usar X o TikTok. Y tienen razón, para muchos de nosotros esto sigue siendo una opción, pero sabemos que para nuestros hijos y para muchos ciudadanos no existe esa opción, las redes sociales se han convertido en una parte integral de sus vidas y de su realidad. Por lo tanto, si queremos protegerles, solo podemos hacer una cosa, tenemos que recuperar el control”.
Sánchez está metiendo en el mismo lote a “nuestros hijos” y a “muchos ciudadanos”, es decir, a los menores y a los mayores de edad. Y dice que “tenemos que recuperar el control”.
También está metiendo en el mismo lote a todas las redes sociales. Años después de su invención, las redes sociales siguen existiendo, sí, pero… ¿hubiera sido imaginable hace años que MySpace pudiera desaparecer? ¿Qué Facebook, la red social dominante, fuera desplazada a un lugar secundario por otras alternativas más exitosas?
Seguro que para muchas personas las redes sociales forman parte de su realidad. Pero esas mismas personas tienen diferentes redes, y abandonarán, o usarán menos aquellas opciones que no le resulten satisfactorias.
Probablemente la parte más importante de la afirmación es “(nosotros) tenemos que recuperar el control”. ¿Quién es ese “nosotros”? La respuesta es obvia: el gobierno. El gobierno tiene, según Sánchez, que recuperar el control de las decisiones de personas individuales de personas adultas (los “muchos ciudadanos”).
“Olvidándose” de la separación de poderes
Recordemos que, incluso en el caso de que los controles internos de una red social hayan llegado a permitir la publicación de un contenido ilegal, la exigencia de retirada de este no debería corresponder al ejecutivo, sino a una instancia judicial. Porque lo contrario no sería sino ceder al ejecutivo la decisión unilateral de qué es un delito, y de la limitación discrecional de la libertad de expresión.
No es necesario implementar ninguna nueva norma para responsabilizar penalmente a responsables de una plataforma que incumpla una orden judicial. La obstrucción a la justicia ya es ilegal. Otra cuestión es que se quiera responsabilizar penalmente a los directivos de una empresa privada de no obedecer las órdenes directas del ejecutivo. Algo totalmente incompatible con el imperio de la ley y la separación de poderes.
De nuevo, los libertarios no estamos afirmando que todos los algoritmos tengan que ser necesariamente bienintencionados, o que los propietarios de las plataformas de rede sociales no tengan agendas ideológicas, ni que nos opongamos firmemente a algunas de esas agendas.
Es evidente que, por ejemplo, Elon Musk, propietario de X, tiene una agenda ideológica. Algo incuestionable tras su reciente participación en un organismo del gobierno de Trump, o sus reiteradas declaraciones de apoyo a diferentes partidos populistas europeos, como Alternativa por Alemania.
Tampoco estamos negando la existencia de intereses de otros gobiernos en manipular la opinión pública en otros países (como España), o en influir en sus resultados electorales.
Lo que decimos es que, siempre que se opere dentro de la ley, la decisión de usar una plataforma concreta debe estar en manos de los usuarios. Y siempre que se opere fuera de la ley, la acción debe estar en manos de instancias judiciales.
Pero en ningún caso de una decisión discrecional del ejecutivo.
Aunque también es posible que el interés de Sánchez en hablar de estos temas tenga mucho que ver con el interés de que no se hable de otros. Como el estado de la red ferroviaria española, o los casos de corrupción de su entorno. Pero incluso aunque sea así, es necesario rechazar cualquier intento del gobierno, de cualquier gobierno, de apropiarse de ámbitos de decisión ajenos.
