El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) señala que en los últimos diez años la litigiosidad en España ha aumentado un 33 por 100, teniendo en cuenta todos los órganos jurisdiccionales. Independientemente de las causas (a las que no es ajena la galopante crisis en la que estamos inmersos, que ha provocado un aumento de juicios por despidos, hipotecarios, cambiarios, reclamaciones judiciales de deudas etc.), el gobierno pretende aprovechar esta circunstancia como justificación para modificar leyes procesales introduciendo en ellas medidas limitadoras de los derechos de los ciudadanos. Con este fin está tramitando un proyecto de ley «de Medidas de Agilización Procesal» y entre las modificaciones contempladas podemos mencionar, ciñéndonos al ámbito penal, la supresión de ciertos recursos, la limitación de la acción popular y la ampliación del secreto de sumario. Si bien los tres puntos despiertan dudas, es en el último en el que se ha encontrado con la oposición de los fiscales, ya que choca con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el cual establece que dicha institución tiene entre sus funciones la de informar a la opinión pública. Tras las acusaciones cruzadas entre el Consejo General del Poder Judicial y las asociaciones de fiscales, el Grupo Socialista ha retirado de momento las medidas que restringían las funciones de los fiscales en el proceso penal.
Javier Rodríguez, Coordinador de Asuntos Jurídicos del P-LIB en la Comunidad de Madrid, ha declarado que «el intento de modificación de la regulación del secreto de sumario obedece al deseo de los partidos mayoritarios de evitar que salgan a los medios de comunicación informaciones relativas a casos de corrupción de cargos públicos, lo que les perjudica de cara a la opinión pública», también ha manifestado que «es prioritario garantizar el libre acceso de cualquier ciudadano a la Justicia», por lo que «debe rechazarse cualquier modificación encaminada a restringirla» y finalmente ha lamentado la «cada vez mayor politización de la Justicia» abogando por «una modificación del marco legal que garantice una total separación entre los tres poderes del Estado«.
