El Partido Libertario (P-LIB) recibe indignado la resolución del Juzgado Central Número 5 de lo Contencioso Administrativo, por la cual se ordena a los proveedores de Internet en toda España impedir el acceso de los usuarios de la red a los dominios de The Pirate Bay. El Partido Libertario rechaza frontalmente esta decisión injusta y liberticida por considerar que atenta flagrantemente contra los derechos y libertades básicos de los ciudadanos en el ámbito de la comunicación. Si es correcta la información de los medios de, la decisión se refiere exclusivamente al bloqueo de los nombres de dominio del grupo The Pirate Bay.
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) manifiesta su oposición a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que promueve el gobierno del Partido Popular, y que ha provocado un más que justificado rechazo entre los profesionales del Derecho, incluyendo, pese a su forma de designación, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El informe remitido por este órgano al Ejecutivo es francamente preocupante. El P-LIB coincide en entender completamente inconstitucional el borrador que ha elaborado el gobierno de Mariano Rajoy, y en rechazar frontalmente la pretensión gubernamental de reducir la protección judicial del secreto de las comunicaciones. 
Los tribunales acaban de declarar nula la reforma educativa que pretendía implantar la enseñanza trilingüe en Baleares (llamada Tratamiento Integrado de Lenguas, o “TIL”), impulsada por el Gobierno del PP de José Ramón Bauzá. Recién comenzado el curso escolar, parte de los centros anuncian que no aplicarán el TIL, mientras que otros sí. La consellera ha dimitido. Se trata de un episodio más en el lamentable sainete en que se ha convertido el sector, pues hace casi un año, ante la huelga indefinida con que comenzó el curso pasado en Baleares, el Partido de la Libertad Individual (P-LIB) ya se pronunció en contra de la intervención pública en la educación.
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) se suma al clamor ciudadano que demanda un trato para Cristina de Borbón igual al que recibe cualquier otro ciudadano, ante su declaración como imputada del próximo 8 de febrero en Palma de Mallorca, y rechaza con indignación las declaraciones del ministro de Justicia, por ser una presión intolerable al juez para que establezca medidas especiales que no se han aplicado a otros imputados, incluido Iñaki Urdangarín, y no tienen que habilitarse en este caso. Mayor estupor aún provoca que la presidenta del PP madrileño, que presume de liberal, haya apoyado la pretensión del ministro. 