El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) considera muy revelador el informe emitido por la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) sobre la economía sumergida en nuestro país. El nivel de actividad económica extraoficial, al margen de los cauces establecidos por el Estado, es siempre un indicador del coste, del grado de inflexibilidad y de las trabas de todo tipo que ese mismo Estado impone a la acción económica. Sabemos, gracias entre otros estudios al elaborado recientemente por el Instituto Juan de Mariana, que el esfuerzo tributario de nuestras empresas y particulares es, contra la creencia generalizada, uno de los más altos de Europa. Tener una economía sumergida equivalente al 17 % del PIB, como señala FUNCAS, no debería llevar a los políticos a rasgarse las vestiduras ni a recrudecer la caza de brujas de Hacienda: debería moverles a reflexionar sobre el coste de la oficialidad, un coste que para millones de autónomos y pymes resulta insoportable en esta época de fortísima crisis, agravada por el Estado mediante el incremento del IVA y la sobrerregulación económica, y empeorada por las dificultades que tienen las pymes para obtener líneas de crédito que les permitan «hacer las cosas bien» y, sobre todo, por la inflexibilidad de nuestro mercado laboral. FUNCAS asegura que hay cuatro millones de empleos en negro. Es lógico. Si los casi cinco millones de parados fueran auténticos, la situación en la calle sería otra. España siempre ha tenido mucho empleo sumergido, mucha actividad alegal, muchos servicios sin factura y muchos pagos «en B», y ello se ha debido siempre a los excesos del intervencionismo estatal en la actividad económica. La solución al problema es evidente: reducir drásticamente la exigencia tributaria y las complejidades del cumplimiento de la ley en la actividad económica.
