Sobre los anuncios de contactos

El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) rechaza de plano el intento del Ministerio de Igualdad de forzar a los medios de comunicación, y particularmente a la prensa escrita, a eliminar los anuncios de contactos, que constituyen una fuente importante (en algunos casos crucial) de ingresos de estas empresas. Una vez más, el gobierno socialista intenta hacer ingeniería social e implantar su visión moral particular a costa de las empresas privadas. Mejor haría el gobierno en preparar una reforma legislativa que acabe con las situaciones de ilegalidad y alegalidad en las que se desarrollan tanto la prostitución como las actividades comerciales relacionadas. Así se garantizarán los derechos profesionales de las personas que voluntariamente decidan ejercer esta actividad, quedando nítidamente diferenciada la prostitución consciente y libre de la ejercida por coacción de mafias. Ésta última merece la más contundente persecución para detener y procesar a los coactores y para liberar de su esclavitud a las personas sometidas. La trata y la explotación sexual no se combaten ni con las moralinas de la derecha ni con las de la izquierda, sino con más libertad, transparencia y respeto a la supremacía de la voluntad individual y de la soberanía que cada persona tiene sobre su propio cuerpo y sobre su sexualidad. El P-LIB rechaza las declaraciones de la ministra Aído, que ha afirmado que la publicidad de contactos es humillante y vejatoria para la mujer. Esta señora parece no haberse enterado de que la prostitución la ejercen tanto mujeres como hombres, con cualquier orientación sexual y para clientes que también son hombres o mujeres, homosexuales o heterosexuales. En todo caso, el colectivismo de los socialistas siempre les lleva a hablar de «la mujer» o de cualquier otra categoría de personas como si fuera un todo homogéneo y compacto. No hay ofensa ni menoscabo de la dignidad de «la mujer» ni «del hombre» sino, en todo caso, de personas concretas con nombres y apellidos, y corresponde a la administración de Justicia, a instancia de parte, corregir esas situaciones cuando se produzcan contra la voluntad de la persona interesada.

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