Ante la reforma de los órganos judiciales anunciada por el ministro Ruiz-Gallardón, el Partido de la Libertad Individual (P-LIB) reitera la posición aprobada por su I Congreso en esta materia. El P-LIB cree que la Justicia se encuentra en un lamentable estado de desatención. Es necesario reducir el Estado y reorientarlo a los fines que sí le son propios, y entre ellos a mantener una justicia ágil y eficaz. El P-LIB defiende la separación real de los poderes del Estado, por considerar que constituye una de las mayores garantías para evitar el abuso y la arbitrariedad. En la práctica, vivimos en un sistema político donde el poder ejecutivo legisla, nombra los principales órganos judiciales y mantiene a su servicio el ministerio fiscal. Proponemos una reforma en profundidad de la administración de justicia para dotarle de la independencia que le corresponde.

En España llevamos treinta años de democracia asistiendo a espectáculos vergonzosos de politización de la justicia y de judicialización de la política, con episodios de actualidad como el caso Camps o el del ex ministro Blanco. Es necesario habilitar mecanismos que impidan o al menos dificulten este uso de la administración de justicia. Los principales órganos judiciales, nombrados actualmente por acuerdos opacos entre las grandes fuerzas políticas, deben dejar de depender de éstas por completo, y de poco sirve retirar el nombramiento parlamentario de algunos de los integrantes: el Legislativo no tiene nada que decir sobre qué personas ejercen competencias judiciales. La dinámica de mayorías y minorías que se dé en el parlamento no tiene nada que ver con el nombramiento de altos cargos judiciales. Es necesario establecer un sistema de promoción interna y elección de los máximos órganos judiciales por los estamentos inmediatamente inferiores de la propia carrera judicial, sin intromisión del poder ejecutivo ni del legislativo.

Defendemos una fiscalía que no esté al servicio del poder ejecutivo. El ministerio fiscal debe ser plenamente autónomo, y sus puestos, incluso los principales, no deben ser asignados por los políticos, sino por los organismos de gobierno de los propios fiscales. Defendemos también la supresión del Consejo General del Poder Judicial por ser un órgano totalmente partidista. Por último, queremos eliminar la figura de la acusación popular, por ser un artificio jurídico que facilita a grupos con intereses particulares la intromisión en pleitos ajenos, en persecución de su propio beneficio. Igualmente, proponemos eliminar el Tribunal Constitucional como en otros países desarrollados, correspondiendo a la Justicia ordinaria el control cotidiano de la constitucionalidad.

El Presidente del P-LIB, Juan Pina, ha declarado que “la reforma de Gallardón se queda muy corta y no sirve al objetivo de independizar realmente la Justicia del poder ejecutivo, cosa que obviamente no interesa al PP como tampoco interesaba al PSOE”.

El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) de la Comunidad Valenciana expresa su reacción a la sentencia del caso Camps. Respetando la decisión de los tribunales, entendemos que este tipo de situaciones cuestan recursos a las arcas públicas y crean malestar social y división entre los ciudadanos. Se minimizarían si no existiera el origen del problema: la creciente ocupación de la vida económica de la sociedad por parte del Estado. Sin subvenciones, sin tantos contratos públicos, concesiones y uso discrecional del dinero público, las situaciones de corrupción simplemente desaparecerían. Desgraciadamente, el circo mediático se ha producido antes de este juicio y se producirá después. Asistiremos a más situaciones similares producidas en los entornos de casi todos los partidos que hayan tenido participación en los diversos gobiernos autónomos y en el central. Se dividirá la opinión pública en pros y contras dependiendo del color político de la administración “afectada”… Ya es hora de tomar conciencia del origen del problema: el exceso de poder del Estado y de discrecionalidad de sus administradores.

El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) considera lamentables las declaraciones de la fiscal antidroga del País Vasco, Ana Barrilero, que vienen a poner todo tipo de trabas a las intenciones expresadas anteayer por el Gobierno Vasco en materia de flexibilización y apertura respecto al cannabis. Si bien las medidas anunciadas por el consejero de Sanidad Jesús María Fernández eran muy tímidas, debido a la falta de competencias de la comunidad autónoma en esta materia, sorprende la feroz reacción de Barrilero, cuya dependencia jerárquica es evidente al formar parte del ministerio fiscal. La responsable máxima de perseguir y encarcelar a pequeños comerciantes de cannabis en el País Vasco se ha permitido incluso criticar al Ejecutivo de Vitoria por poner el tema de la despenalización del cannabis en la mesa de debate público. El P-LIB considera que ese debate es necesario y aboga por la plena legalización unilateral de esta sustancia, al existir precedentes en otros países europeos, y por un decidido impulso a la legalización global de las demás sustancias prohibidas. Sólo así se restituirá la total soberanía de las personas sobre sus cuerpos y sus decisiones, y se destruirá los imperios mafiosos del narco. La opinión de los fiscales antidroga responde al sesgo de parcialidad derivado de su jerarquía y de su interés en mantener sus costosos y privilegiados puestos.

El P-LIB reitera a las asociaciones cannábicas y a la sociedad en su conjunto su compromiso inquebrantable con esta causa.

El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) manifiesta su rechazo al por fin dimitido presidente del PP alicantino José Joaquín Ripoll, a quien se imputa graves delitos dentro de la trama del llamado caso Brugal, incluyendo los de cohecho y fraude. El P-LIB considera que la corrupción no se soluciona cambiando de políticos sino reduciendo drásticamente el poder (y sobre todo el discrecional) de las administraciones públicas. Pese a ello, el P-LIB considera particularmente grave la ausencia de vigilancia respecto a este tipo de personajes en el seno de los principales partidos políticos. Yolanda Rández, Coordinadora del P-LIB alicantino, ha declarado que “los valencianos han tenido que votar en estas últimas elecciones generales unas listas tanto del PP como del PSOE plagadas de nombres relacionados con casos de corrupción”. “Nuestros políticos más relevantes se están llenando literalmente los bolsillos mientras la Generalitat Valenciana incumple sus obligaciones de pago con farmacéuticos, abogados del Turno de Oficio, contratistas de obras públicas y todos aquellos que prestan servicios a la Administración autonómica valenciana, que ocupa el tercer puesto de las autonomías con el déficit más elevado del país”, ha añadido.