Urge evitar que Juan Carlos de Borbón huya de la Justicia española

El Partido Libertario considera intolerable que se aplique a este ciudadano una vara de medir diferente El P-LIB considera que esta decisión responde al interés del ex monarca de sustraerse a la acción de la Justicia El Partido Libertario (P-LIB) considera gravísimo el anuncio del ex jefe del Estado, Juan …

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Las explicaciones del Govern Balear no son suficientes

Finalmente, el Govern Balear ha dado explicaciones acerca de la comisión de 90.000 euros dada al conocido militante socialista de Palma y abogado José María Lafuente por su intermediación en la compra de material sanitario. Por desgracia estas explicaciones las ha dado Isabel Castro, Consejera de Administraciones Públicas, y no la Presidenta Francina Armengol como habíamos pedido hace unos días.

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El P-LIB reitera su exigencia de destitución de Mariano Rajoy y pide la disolución judicial del PP

El Partido Libertario (P-LIB) recibe con moderada satisfacción la sentencia dictada ayer en relación con una parte de la trama generalizada de corrupción que afecta desde hace décadas al Partido Popular. La sentencia ha dejado meridianamente clara la indisimulable responsabilidad, no sólo de los integrantes de la cúpula del PP, constituidos en una organización de malhechores, sino también del propio partido político en tanto que persona jurídica condenada a título lucrativo.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas siempre ha sido cuestionada por los libertarios, pero si se aplica a las sociedades mercantiles debe hacerse igualmente cuando el delincuente es un partido. El P-LIB considera que, con esta sentencia judicial en la mano, no es posible dulcificar la calificación política, social y ética que merece el Partido Popular, y esa calificación es la de delincuente. Por ello, el P-LIB considera que esta sentencia contra un partido político, que implica además la condena a restituir un cuarto de millón de euros, debe implicar el inicio de un procedimiento de disolución judicial de la persona jurídica PP. Cantidades menores comportan la “muerte societaria” de empresas ante hechos de similar significación, y la condición de partido político no puede servir para justificar una excepción.

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El verdadero problema no se llama Cristina Cifuentes

El Partido Libertario (P-LIB) expresa su indignación ante la situación que ha dado como resultado la dimisión de la hasta ahora Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina, Cifuentes. Aunque el P-LIB ya había exigido a través de sus redes sociales que Cifuentes abandonara el puesto por su título fraudulento de máster, considera que dicha dimisión está lejos de resolver el problema de fondo, que no es ni mucho menos la expresidenta del Partido Popular.

A lo largo de estos días se ha hecho énfasis desde los medios de comunicación en que la conducta de la dirigente madrileña ha sido muy poco ética. También en el evidente uso instrumental que sus rivales políticos, ajenos a su partido o internos, han hecho tanto del caso máster como de la salida a la luz del vídeo del hurto de productos cosméticos. Asimismo se ha hecho notar que entre Gürtel, Púnica, y estos últimos hechos, cada vez es más difícil (si es que es posible) encontrar alguna persona relevante del PP madrileño que no haya sido salpicada directa o indirectamente por la corrupción. Recordemos que esto incluye a los tres últimos presidentes de la Comunidad de Madrid (en el caso de Aguirre, viéndose obligada a dimitir de su puesto de concejal cuando ya no ocupaba la presidencia regional).

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El Partido Popular debe asumir la responsabilidad de su trama de corrupción

El Partido Libertario (P-LIB) recibe con indignación la noticia sobre los indicios de que Mariano Rajoy cobró sobresueldos de la Caja B del Partido Popular, según declaraciones ante la comisión que investiga la financiación del PP de Manuel Morocho, inspector jefe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), grupo de la Policía Nacional que ha investigado la trama Gürtel.

Los libertarios recibimos esta noticia con indignación, pero no con sorpresa. Ya en 2013, en relación con el caso Bárcenas, reclamamos la sustitución de Rajoy al frente del Gobierno y advertimos de la posibilidad de que, según la ley que adjudica responsabilidad penal a las personas jurídicas (promovida por el propio PP), el Partido Popular podría perfectamente resultar ilegalizado.

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Ante la detención de Ignacio González

El Partido Libertario (P-LIB) observa con indignación la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ubicada dentro de una investigación sobre el uso del Canal de Isabel II para financiar campañas del PP, adjudicación de obras a empresas de familiares, y sobrecostes en la adquisición de empresas en el extranjero.

Los casos de corrupción en el entorno de Esperanza Aguirre no son una novedad para los madrileños. Gran parte de las personas de confianza de la expresidenta se han visto envueltas en casos similares de desviación de fondos públicos, y Granados y otros consejeros se han visto involucrados en diversas tramas de corrupción como Gürtel, Púnica, o las ayudas a Ausbanc.

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El caso del funcionario que cobró 10 años sin ir a trabajar no es una simple anécdota

José Luis MontesinosEl Partido Libertario (P-LIB) de la Comunidad Valenciana expresa su indignación ante las noticias publicadas en los últimos días en relación a un funcionario que lleva cobrando diez años sin ir a trabajar en la Diputación de Valencia. No sólo es demencial que alguien cobre un sueldo desorbitado por un trabajo que no hace, sino que las informaciones revelan que la práctica era conocida por sus compañeros. Además, el puesto estaba prácticamente vacío de contenido y carecía de utilidad real. Lejos de ser una simple anécdota, este caso no es sino un síntoma de la corrupción generalizada que necesariamente conlleva la hipertrofia del Estado.

Los partidos políticos utilizan las instituciones como oficina de empleo para afines y conocidos. La contratación de familiares y el uso de los organismos estatales para pagar favores son práctica común desde hace mucho tiempo, como muestra este caso. Las plantillas de ayuntamientos, consellerias y diputaciones solo crecen, engrosadas por la entrada de trabajadores a puestos vacíos, mientras todos miran para otro lado, pues la alternancia en el poder permite que unos y otros puedan poner en práctica este sistema. Los sindicatos, además, callan ante estas prácticas y la consecuencia es una administración hipertrofiada y anquilosada, cuyo criterio de contratación y promoción es el enchufe.

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Repulsa del P-LIB ante el nivel de corrupción en Cantabria

EMarcos Ordás, Coordinador Autonómico en CantabriaPartido Libertario (P-LIB) de Cantabria expresa su repulsa antes las cifras de procesados por delitos de corrupción de esta Comunidad. El número de imputados por habitante de Cantabria, con 100 imputados totales, está cerca de triplicar el de la segunda clasificada en esta deshonrosa escala, que es Asturias. Siendo el volumen total de procesados superior en Comunidades Autónomas como Madrid, Cataluña o Andalucía, se silencia en los medios el alto nivel relativo de autonomías más pequeñas.

Los libertarios no cejaremos en nuestro empeño de denunciar la corrupción que se infiltra en todos los partidos políticos y en cualquier nivel institucional. Allí donde el poder político se incrementa, la corrupción se hace más grande. La única manera de atajarla es por tanto limitar el poder del Estado, disminuir su concentración del mismo y atomizarlo cada vez más. También son necesarios un sistema judicial independiente y una simplificación de la legislación.

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Rajoy debe aclarar la contabilidad de la que habla Bárcenas o dimitir

Daniel Martínez, presidente del P-LIBEl Partido Libertario (P-LIB) exige que el Partido Popular aclare de una vez por todas y sin lugar a dudas la contabilidad fraudulenta que el ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, le atribuye. Ante las acusaciones vertidas por el antiguo jefe de las cuentas del PP, que alcanzan al Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, es imprescindible que él mismo y su partido respondan y aclaren todos los detalles, depurando las responsabilidades políticas que se deriven, y por supuesto, dando todas las facilidades que se requieran para la investigación judicial.

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