El P-LIB, contra la política de vivienda de Urkullu

Iván Mejía, Coordinador Provincial del P-LIB en ÁlavaEl Partido de la Libertad Individual (P-LIB) manifiesta su asombro ante la dirección que ha tomado y sigue tomando el Gobierno Vasco en relación con el gasto en obra pública. El gobierno del actual lehendakari, Iñigo Urkullu, ha tenido que recurrir a la venta sin sorteo de las viviendas de protección oficial (VPO) al ver superada la demanda de dichas viviendas por la oferta existente. Hay que añadir a esto el hecho de que no sólo no se ha parado de construir sino que en los planes de urbanismo de las correspondientes provincias se proyecta la construcción de muchas más viviendas de este tipo. Son significativas las previsiones de la provincia de Álava, donde se pretende levantar cerca de mil VPO en los próximos años.

El P-LIB manifiesta también su indignación ante el desparpajo con el que los distintos representantes políticos en el poder en cada provincia engordan los presupuestos de las obras públicas que ya están en marcha, como es el caso de las nuevas oficinas municipales de Vitoria, las cuales han visto aumentado su presupuesto en más de medio millón de euros.

Es de señalar también que no hace mucho salió adelante en la cámara alavesa una iniciativa (por acuerdo entre PP y PSE) para que se repitieran los planes Renove con la justificación de «dinamizar el consumo», siguiendo los mandamientos de la escuela keynesiana de economía, que tantos dolores de cabeza han causado ya a los ciudadanos. El ejecutivo de Urkullu planea gastar en el nuevo Plan Renove de Vivienda 81,5 millones de euros. Este plan se ha aprobado curiosamente a la vez que entraba en vigor el nuevo decreto autonómico que obliga a realizar la Inspección Técnica de Edificios (ITE).

Iván Mejía, Coordinador provincial del P-LIB en Álava, ha declarado que »es un despropósito que el mismo Lehendakari calcule abiertamente, sin el menor rastro de vergüenza, los impuestos que va a recaudar con este nuevo Plan Renove de Vivienda, impuestos que ha situado cerca de los 282,3 millones de euros». Mejía ha señalado también que »lo que está más que claro es que estos políticos han fracasado estrepitosamente en su intento de hacer ingeniería social con nuestro dinero, como demuestra el asunto de las VPO».

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