Bajada de la calificación de S&P

El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) considera la bajada de la calificación de la deuda española por parte de Standard & Poor’s, esta vez por debajo del nivel psicológico de la letra A, como un síntoma más de la descomposición del sistema que nuestro partido denomina Hiperestado: un Estado gigantesco que oprime a los ciudadanos con una tributación confiscatoria, les obliga a consumir los servicios que él presta y se endeuda en su nombre de una forma tan temeraria que nos ha abocado a la quiebra. El llamado «Estado del bienestar» se revela así, en realidad, como el bienestar del Estado y de quienes lo administran y parasitan, y constituye una inmensa estafa que debemos sustituir de forma ordenada y sensata, pero sin dilación, por un sistema económico y sociopolítico basado en la libertad individual y caracterizado por un papel pequeño y decreciente de las administraciones públicas. El P-LIB aspira a separar Estado y economía como nuestros antepasados ideológicos de los siglos anteriores lograron separar Estado y religión.

Siempre hay que tomar con prudencia los datos que arrojan estas agencias de calificación, que durante décadas le han hecho el juego a los Estados sobrevalorando intencionadamente sus deudas soberanas, que eran a todas luces insostenibles. Sin embargo, parece evidente que esta fuerte bajada de la calificación española señala la incredulidad de los inversores frente a las pésimas medidas económicas del gobierno conservador. Los liberales denunciamos que el PP ha continuado por el mismo camino del PSOE, pisando el acelerador sin cambiar de rumbo. Esa ruta suicida nos conduce directamente al abismo, pero Mariano Rajoy, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro se siguen empeñando en mantener el grueso del gasto público desmedido, y en penalizar a la sociedad y a la comunidad empresarial con unos impuestos impagables.

El P-LIB insta al gobierno a reaccionar de una vez por todas e iniciar un proceso de reformas liberales profundas, destinadas a eliminar gran parte del gasto y del endeudamiento estatal, y a restaurar así la confianza de los inversores nacionales y extranjeros en nuestra economía.

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