No al Consejo de Medios Audiovisuales

El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) alerta a la ciudadanía respecto a las intenciones del gobierno, anunciadas por el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, de crear un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales con capacidad de orientar los «valores de convivencia» y decidir sobre el «clima de crispación» admisible. Jáuregui afirma que no hay por qué asustarse, pero el P-LIB considera muy acertado sentir horror ante ese futuro organismo, en parte por el coste que sin duda tendrá en plena época de crisis, pero sobre todo por su carácter de guía cultural y moral desde el Estado hacia los medios y la sociedad, en una peligrosa inversión de papeles.

No es competencia del Estado conducir la moral pública, impulsar o refrenar valores en la sociedad, ni velar por el buen gusto de los programas de radio y televisión. Es la sociedad, espontáneamente organizada en miles de entidades lucrativas o no, la que en todo caso puede decirle al gobierno (mero administrador de nuestra finca) qué código de conducta debe seguir. Nunca al revés. Los socialistas, como todos los colectivistas, son proclives a las policías culturales y a la imposición de valores. No nos sirve el argumento de Jáuregui de que existen consejos similares en otros países europeos, porque sabemos perfectamente que un órgano así en España será empleado por el partido de gobierno para moldear a la sociedad según sus criterios ideológicos. Y sabemos también que tras un vuelco electoral el nuevo gobierno mantendrá el órgano y pasará a emplearlo para sus fines, cambiando simplemente el signo de la ingeniería social que desde él se seguirá realizando.

El P-LIB hace un llamamiento a los periodistas, a los propietarios de medios de comunicación y a la sociedad en general a rechazar la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y apostar por la espontánea autorregulación de los medios. Consideramos el consejo propuesto como un ataque a la libre acción empresarial y editorial, a la libertad de expresión y de difusión de contenidos y al libre consumo de estos. Si a alguien no le gustan los valores que transmiten unos medios, siempre puede escuchar o ver otros, o leer un libro. Es escalofriante y de todo punto reprobable que el Estado pretenda sustituir el orden espontáneo de los medios de comunicación y erigirse en censor de contenidos, incluso de la forma más suave e indirecta imaginable.

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