El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) recibe con optimismo el apoyo de tres importantes ex presidentes latinoamericanos a la causa de la despenalización de las drogas, sumándose así a la opinión expresada también por Felipe González. El liberal César Gaviria, ex presidente colombiano, es una de las voces más destacadas de este grupo al que pertenecen también el brasileño Fernando Henrique Cardoso y el mexicano Ernesto Zedilllo. Vicente Fox, también ex presidente mexicano, se ha pronunciado no hace mucho en una línea similar. La guerra contra el narcotráfico es imposible de ganar mientras los incentivos económicos a su negocio estén extraordinariamente multiplicados por la situación de ilegalidad. Tanto por motivos éticos (la restitución de la soberanía al consumidor) como económicos (el coste directo e indirecto de esta guerra interminable), es necesario caminar hacia la legalización total.
Consumo
Sobre la prórroga del estado de alarma
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) apoyó la declaración del estado de alarma como medida excepcional ante el caos provocado por la huelga encubierta, salvaje e intolerable de los empleados de una empresa estatal. Los estados excepcionales deben ser breves y se justifican por circunstancias igualmente excepcionales, no estando prevista en nuestra Constitución su declaración preventiva. El objetivo del estado de alarma era solucionar el problema, no simplemente mantener bajo control el tráfico aéreo. El gobierno ha agotado el plazo ordinario de una medida tan excepcional y no ha resuelto el problema. Ahora quiere extender mucho más allá de lo razonable el estado de alarma y tampoco presenta medidas de resolución definitiva del problema.
El P-LIB denuncia que esta situación puede convertir en crónica una anomalía democrática que, si es aceptable en circunstancias excepcionales, no lo es como medio de garantizar ordinariamente un servicio. El gobierno simplemente quiere que no le estalle en las manos una nueva huelga encubierta durante las fiestas, pero no parece estar tomando las medidas realmente necesarias: despido y reemplazo urgente de los controladores que resulte necesario sustituir, sustitución inmediata de las condiciones reglamentarias, laborales y normativas de prestación del servicio, contratación y habilitación urgente de controladores extranjeros y de origen militar, e inicio de una privatización rápida de los servicios de control.
Una vez más, el gobierno Zapatero se enfrenta a los resultados de su pésima gestión en los años anteriores y particularmente desde la crisis de febrero. El ministro Blanco ha demostrado una ineptitud extrema en esta cuestión y debe ser cesado por haber provocado el primer estado de alarma de nuestra democracia.
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) apoyó la declaración del estado de alarma como medida excepcional ante el caos provocado por la huelga encubierta, salvaje e intolerable de los empleados de una empresa estatal. Los estados excepcionales deben ser breves y se justifican por circunstancias igualmente excepcionales, no estando prevista en nuestra Constitución su declaración preventiva. El objetivo del estado de alarma era solucionar el problema, no simplemente mantener bajo control el tráfico aéreo. El gobierno ha agotado el plazo ordinario de una medida tan excepcional y no ha resuelto el problema. Ahora quiere extender mucho más allá de lo razonable el estado de alarma y tampoco presenta medidas de resolución definitiva del problema.
El P-LIB denuncia que esta situación puede convertir en crónica una anomalía democrática que, si es aceptable en circunstancias excepcionales, no lo es como medio de garantizar ordinariamente un servicio. El gobierno simplemente quiere que no le estalle en las manos una nueva huelga encubierta durante las fiestas, pero no parece estar tomando las medidas realmente necesarias: despido y reemplazo urgente de los controladores que resulte necesario sustituir, sustitución inmediata de las condiciones reglamentarias, laborales y normativas de prestación del servicio, contratación y habilitación urgente de controladores extranjeros y de origen militar, e inicio de una privatización rápida de los servicios de control.
Una vez más, el gobierno Zapatero se enfrenta a los resultados de su pésima gestión en los años anteriores y particularmente desde la crisis de febrero. El ministro Blanco ha demostrado una ineptitud extrema en esta cuestión y debe ser cesado por haber provocado el primer estado de alarma de nuestra democracia.