Versió en català més abaix. El Partido Libertario (P-LIB) de Barcelona denuncia la permisividad del Estado ante la creciente okupación de viviendas y locales en los diferentes barrios de la ciudad, y la desprotección a la propiedad privada que conlleva. Las leyes vigentes han convertido a la propiedad en una simple posesión tolerada, supeditada a la mal llamada “utilidad social”. Con este argumento, no sólo la administración dispone de la propiedad de los ciudadanos a su voluntad mediante mecanismos de expropiación, sino que además permite que otros lo hagan por medio de la okupación, que no es sino una usurpación de la propiedad ajena, ilegítima siempre, aunque pretenda justificarse en la escasez de viviendas y equipamientos culturales de la ciudad.

El Partido Libertario (P-LIB) en Catalunya asiste con preocupación a la anulación el pasado 8 de septiembre, por parte del Tribunal Supremo, de la absolución de los 3 responsables de una asociación de autoconsumo de cannabis barcelonesa que cuenta con 2300 socios, que anteriormente había dictaminado la Audiencia de Barcelona. El alto tribunal considera que su conducta encaja con un delito contra la salud pública porque promociona el consumo de drogas y porque no es uno de los supuestos de consumo compartido que no es punible penalmente.

El P-LIB en Catalunya considera desmesurada y abusiva la decisión tomada por dicho tribunal. Varios países europeos, como Suiza, Bélgica o Portugal permiten la posesión de cannabis para el autoconsumo. Algunos estados de EEUU, como Colorado y Washington, dan un paso más y permiten su distribución regulada, mientras que en Uruguay ya se ha legalizado la producción, comercialización y consumo de cannabis a través de canales controlados por el Estado. Por el contrario, España sigue siendo una excepción internacional también en este sentido debido a su torpe intervencionismo moralista, a través del Código Penal y la “Ley Mordaza”, que pone a los consumidores de cannabis directamente en las manos de las mafias del narcotráfico, especialmente a los de rentas más bajas. De este modo en España el Estado no lucha contra el narcotráfico sino directamente contra los ciudadanos.