El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) expresa su preocupación ante los nuevos ataques a la libertad en Internet. Ayer, la firma del tratado ACTA, entre fuertes denuncias de falta de transparencia y con la airada dimisión de su relator en el Parlamento Europeo, fue un nuevo episodio de la guerra por el control de Internet. Con este tratado, del que España es parte, se pretende legitimar la vigilancia de nuestros pasos en la red por parte del poder ejecutivo. Y hoy, esta madrugada en Europa, desayunamos con la pésima noticia de que la empresa Twitter parece decidida a plegarse a las exigencias de censura de los Estados, incluidos aquellos con menor respeto por la libertad de expresión. El P-LIB deplora esta decisión de Twitter, que de no revertirse asestaría un duro golpe a millones de usuarios en todo el mundo. El P-LIB se replanteará la continuidad o no de su perfil en Twitter en función de cómo evolucione este asunto. Estamos convencidos de que la comunidad de usuarios de Twitter no permitirá la censura de esta plataforma de microblogging y migrará masivamente a entornos equivalentes sin censura, tal vez adaptados a la lógica del peer to peer. Una vez más queda claro que Internet es el campo de batalla en el que los individuos de hoy nos estamos jugando la Libertad.

Ante la reforma de los órganos judiciales anunciada por el ministro Ruiz-Gallardón, el Partido de la Libertad Individual (P-LIB) reitera la posición aprobada por su I Congreso en esta materia. El P-LIB cree que la Justicia se encuentra en un lamentable estado de desatención. Es necesario reducir el Estado y reorientarlo a los fines que sí le son propios, y entre ellos a mantener una justicia ágil y eficaz. El P-LIB defiende la separación real de los poderes del Estado, por considerar que constituye una de las mayores garantías para evitar el abuso y la arbitrariedad. En la práctica, vivimos en un sistema político donde el poder ejecutivo legisla, nombra los principales órganos judiciales y mantiene a su servicio el ministerio fiscal. Proponemos una reforma en profundidad de la administración de justicia para dotarle de la independencia que le corresponde.

En España llevamos treinta años de democracia asistiendo a espectáculos vergonzosos de politización de la justicia y de judicialización de la política, con episodios de actualidad como el caso Camps o el del ex ministro Blanco. Es necesario habilitar mecanismos que impidan o al menos dificulten este uso de la administración de justicia. Los principales órganos judiciales, nombrados actualmente por acuerdos opacos entre las grandes fuerzas políticas, deben dejar de depender de éstas por completo, y de poco sirve retirar el nombramiento parlamentario de algunos de los integrantes: el Legislativo no tiene nada que decir sobre qué personas ejercen competencias judiciales. La dinámica de mayorías y minorías que se dé en el parlamento no tiene nada que ver con el nombramiento de altos cargos judiciales. Es necesario establecer un sistema de promoción interna y elección de los máximos órganos judiciales por los estamentos inmediatamente inferiores de la propia carrera judicial, sin intromisión del poder ejecutivo ni del legislativo.

Defendemos una fiscalía que no esté al servicio del poder ejecutivo. El ministerio fiscal debe ser plenamente autónomo, y sus puestos, incluso los principales, no deben ser asignados por los políticos, sino por los organismos de gobierno de los propios fiscales. Defendemos también la supresión del Consejo General del Poder Judicial por ser un órgano totalmente partidista. Por último, queremos eliminar la figura de la acusación popular, por ser un artificio jurídico que facilita a grupos con intereses particulares la intromisión en pleitos ajenos, en persecución de su propio beneficio. Igualmente, proponemos eliminar el Tribunal Constitucional como en otros países desarrollados, correspondiendo a la Justicia ordinaria el control cotidiano de la constitucionalidad.

El Presidente del P-LIB, Juan Pina, ha declarado que “la reforma de Gallardón se queda muy corta y no sirve al objetivo de independizar realmente la Justicia del poder ejecutivo, cosa que obviamente no interesa al PP como tampoco interesaba al PSOE”.

El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) de la Comunidad Valenciana expresa su reacción a la sentencia del caso Camps. Respetando la decisión de los tribunales, entendemos que este tipo de situaciones cuestan recursos a las arcas públicas y crean malestar social y división entre los ciudadanos. Se minimizarían si no existiera el origen del problema: la creciente ocupación de la vida económica de la sociedad por parte del Estado. Sin subvenciones, sin tantos contratos públicos, concesiones y uso discrecional del dinero público, las situaciones de corrupción simplemente desaparecerían. Desgraciadamente, el circo mediático se ha producido antes de este juicio y se producirá después. Asistiremos a más situaciones similares producidas en los entornos de casi todos los partidos que hayan tenido participación en los diversos gobiernos autónomos y en el central. Se dividirá la opinión pública en pros y contras dependiendo del color político de la administración “afectada”… Ya es hora de tomar conciencia del origen del problema: el exceso de poder del Estado y de discrecionalidad de sus administradores.

El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) de Canarias considera gravísimas las informaciones que en los últimos días, y mediante sucesivos trabajos de investigación periodística, han arrojado datos sobrecogedores respecto al despilfarro de algunos cabildos insulares de Canarias. Así, hemos sabido que el Cabildo de Gran Canaria –acogiéndose a los injustificados privilegios de su convenio laboral– ha gastado en los últimos mandatos más de ciento cinco mil euros en gafas graduadas y progresivas, lentillas, implantes bucales, coronas y otros gastos de este tipo a sus consejeros, altos cargos, personal de confianza e incluso a sus familiares.

Mientras tanto, el Cabildo de Tenerife, presidido desde 1999 por Ricardo Melchior, se ha convertido en lo que su propio informe denomina como un holding empresarial que cuenta con casinos, fábricas de yogures, parques eólicos, medios de transporte o canales de televisión. Casi todas estas empresas tienen una característica común: arrojar pérdidas un ejercicio tras otro, a cargo de los impuestos de los ciudadanos.

En concreto, la empresa Televisión Digital de Tenerife (TDT), constituida en abril de 2007 y participada íntegramente por la administración insular, ha gastado más de cuatrocientos mil euros y aún no ha emitido absolutamente nada desde su nacimiento. Al no tener actividad ni otra fuente de ingresos que no sean las subvenciones del propio Cabildo, ha arrojado pérdidas de casi cien mil euros en 2010. Si en 2008 y 2009 no mostró pérdidas fue porque entonces la normativa contable permitía incluir las subvenciones en el capítulo de ingresos de la cuenta de resultados.

Por su lado, la empresa Teisol, de fabricación de yogures y productos lácteos, dependiente del Cabildo, acumula pérdidas por valor de 5,4 millones de euros. Los diferentes casinos de la isla, regentados igualmente por el Cabildo de Tenerife, tienen pérdidas del orden de setecientos mil euros en 2010. Por ejemplo, las del casino del sur de la isla ascienden a 719.000 euros el de la capital, que se elevan a más de dos millones en el caso del casino del Puerto de la Cruz. Así sucede con un sinfín de empresas que constituyen una auténtica sangría para los contribuyentes, así como una competencia desleal para la iniciativa privada, que no sólo ha de soportar sus propias pérdidas, sino que también tiene que sufragar vía impuestos las pérdidas de estas empresas públicas.

El Coordinador del P-LIB en Canarias, Ignacio García, ha declarado que “los cabildos en general, y el de Tenerife en particular, tienen que dejar de ser la principal empresa del lugar y deben permitir que la iniciativa privada emprenda en libertad en estos y otros campos, que nada deberían tener que ver con la esfera de lo público”. Además, ha señalado que “la malla de empresas del Cabildo está siendo utilizada como herramienta de contratación y, como tal, captadora de votos con el indecente agravante de hacerlo de forma deficitaria, con cargo al dinero que se sustrae en forma de impuestos de los bolsillos de los ciudadanos”.