La persona, unidad básica de la sociedad
Para nuestro partido, el individuo humano es la unidad básica de cualquier agrupación, desde la familia hasta la sociedad en su conjunto. Es importante visualizar correctamente esta realidad ya que son muchos los colectivistas de diferente índole que intentan considerar a las personas como meros integrantes de grupos, con la consecuencia directa de una merma sutil de su soberanía personal, que se ve condicionada por los intereses del grupo en cuestión. Entre estos colectivistas, la Iglesia Católica destaca por la virulencia de sus posiciones en defensa del modelo tradicional de familia, un modelo patriarcal que con frecuencia esconde situaciones de sometimiento de algunos de sus integrantes. Por otra parte y en otros ámbitos, los partidos de origen marxista y el movimiento sindical son particularmente contrarios a los derechos e intereses del individuo al sostener todavía una dialéctica de lucha entre supuestas clases sociales y al perpetuar sistemas de negociación colectiva forzosa que menoscaban el entendimiento del trabajador y del empleador como personas libres y soberanas de sus actos.
Nuestro partido considera que el ordenamiento jurídico debe basarse siempre en la consideración individual de las personas, sin que su adscripción a cualquier grupo determinado tenga consecuencias a la hora de contemplarlas jurídicamente. En este sentido, la adscripción o no del ciudadano a una pareja o unidad familiar debe ser irrelevante a la hora de pagar impuestos o al ser considerado para cualquier otro derecho u obligación.
Defensa de los derechos y libertades
La función política esencial de los derechos es proteger al individuo frente a las posibles imposiciones de las masas a través del Estado. El Partido de la Libertad Individual entiende como parte fundamental de su misión la defensa, hasta sus últimas consecuencias, de los derechos y libertades de la persona frente a cuantos poderes los amenazan y constriñen, generalmente desde el Estado o con su consentimiento.
En España e internacionalmente, el Partido de la Libertad Individual se opone a la pena de muerte y a la cadena perpetua, así como a la tortura y a cualquier otra forma de violación de los Derechos Humanos, a cuya defensa se compromete.
Nuestro partido es especialmente sensible a los derechos y libertades de aquellas personas que, por su marginación histórica o bien por pertenecer a grupos y colectividades de pequeño tamaño, se ven permanentemente agredidas por las mayorías sociales y por el sistema colectivista.
Particularmente, el Partido de la Libertad Individual mantiene la siguiente posición respecto a los derechos y libertades de cada uno de los grupos de personas que a continuación se detalla:
1. Derechos de la mujer. El Partido de la Libertad Individual defiende la plena igualdad de trato y consideración para hombres y mujeres. El género debe ser una circunstancia irrelevante al abordar los derechos y obligaciones de las personas. En España y en el mundo occidental, es preciso hacer cumplir la legislación, que ya es suficientemente precisa respecto a esta cuestión. Pero no nos conformamos con alcanzar la plena vigencia de los derechos de la mujer en nuestra sociedad, sino que aspiramos a su extensión mundial y creemos que la globalización, tan denostada por los colectivistas de todo signo, contribuye a eliminar a largo plazo la marginación de la mujer, que sigue siendo brutal e intolerable en muchos países. Exigimos de la política exterior de nuestro país una firme posición de defensa global de los derechos de la mujer.
Consideramos que los sistemas de cuotas obligatorias (para las mujeres o para cualquier otro colectivo) atentan contra la libertad, constituyen un insulto al grupo que se pretende apoyar, crean dudas insoportables sobre los motivos que llevan a cada persona a ocupar el puesto reservado, no contribuyen realmente a los objetivos perseguidos y generan agravios comparativos entre individuos concretos, agravios que son siempre peores que los existentes entre colectivos. El Partido de la Libertad Individual denuncia la visión paternalista con la que los partidos colectivistas de izquierda y derecha contemplan a la mujer, y aboga, frente a los sistemas de cuotas, por una buena supervisión del cumplimiento de las leyes que garantizan la igualdad entre hombres y mujeres.
El Partido de la Libertad Individual cree que la conciliación de la vida familiar y laboral es un objetivo de todos, no sólo de la mujer, y apuesta principalmente por las medidas de liberalización y flexibilización del trabajo, así como por la extensión del teletrabajo, como mecanismos para alcanzar estos objetivos.
La violencia de género es una de las grandes lacras de nuestra sociedad y debe ser combatida de manera enérgica por los poderes públicos. Creemos que el Código Penal y las leyes ordinarias son los mecanismos adecuados para ello, y no pensamos que leyes específicas para este tipo de problemas tengan más sentido que el meramente propagandístico.
2. Derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. El Partido de la Libertad Individual apoya decididamente la reforma legislativa que ha situado a España como uno de los países más avanzados en cuanto a los derechos y libertades del colectivo de personas homosexuales y bisexuales, y considera que este papel puntero de nuestro país es motivo de orgullo cívico. Nos opondremos resueltamente a cualquier involución futura en esta materia como consecuencia de la llegada al poder de partidos colectivistas de inspiración religiosa. Consideramos necesario continuar avanzando por el camino emprendido y eliminar los últimos elementos de discriminación a las personas homosexuales, bisexuales y transexuales. España debe jugar un papel relevante en la defensa mundial de las personas perseguidas por su orientación sexual o por su transexualidad. La persecución de estas personas por los regímenes comunistas y por los de inspiración religiosa debe ser objeto de una presión como la que aplicó a Sudáfrica la comunidad internacional durante el régimen racista del Apartheid. Las víctimas de esa persecución deben contar con España como una opción de asilo y refugio.
3. Derechos de las parejas. Nuestro partido cree en el individuo como base de la sociedad y considera que estar o no casado con otro individuo es una circunstancia irrelevante a la hora de considerar los derechos y obligaciones de las personas. Pero, en tanto el matrimonio formal implique diferencias de consideración, sean fiscales o de cualquier otro tipo, los registros de parejas de hecho son una necesidad y deben garantizar a quienes se inscriban en ellos la misma consideración que tienen las personas casadas, incluso a efectos de adopción o de concesión de visados de reagrupación familiar. El Partido de la Libertad Individual considera que el vínculo de pareja, ya sea como “pareja de hecho” o como matrimonio, debe ser fácil y rápido de contraer y de disolver, siendo bilateral su establecimiento y unilateral su ruptura. La realidad social hará necesario, también, ampliar este marco jurídico a las uniones de más de dos personas.
4. Derechos del discapacitado. Consideramos que la sociedad no puede perderse el aporte de las personas discapacitadas, y que los derechos y libertades de éstas requieren una defensa permanente. El objetivo es compensar la discapacidad física y eliminar las trabas y barreras que obstaculizan la dimensión social y profesional del discapacitado. El Partido de la Libertad Individual aboga por una tutela eficaz del discapacitado psíquico, que tiene un derecho innegable a un entorno adecuado a su realidad individual específica.
5. Derechos del menor y de los padres. El menor de edad tiene derechos fundamentales cuya garantía corresponde prioritariamente a sus padres o tutores. Sin embargo, se dan en nuestra sociedad bastantes casos en los que el desempeño de esa función por los padres o tutores se encuentra fuertemente influenciado por su particular visión religiosa, que frecuentemente colisiona con los derechos del menor. Desde la mutilación genital de las niñas hasta la segregación por género en la escuela, y desde la negación de transfusiones sanguíneas hasta el endoctrinamiento religioso extremo, son diversas las situaciones en las que el menor es rehén de las creencias místicas e irracionales de sus padres o tutores. El Partido de la Libertad Individual considera que en estos casos y otros similares deben prevalecer los derechos del menor. Nuestro partido sólo acepta en casos muy extremos y excepcionales la intervención del Estado en los asuntos privados de los ciudadanos. Este es uno de esos pocos casos, ya que no podemos permitir que los menores se vean sometidos a prácticas de diversa índole que atentan contra su integridad física o psíquica o contra sus derechos fundamentales.
Salvo por resolución judicial, los padres y madres tienen un derecho innegable a la relación con sus hijos. Es dramática la situación de muchos padres y de algunas madres que, tras un divorcio, se ven permanentemente obstaculizados en el acceso a sus hijos. Es necesario hacer que se cumplan las leyes y posiblemente reformarlas para afianzar este derecho. Es igualmente necesario un marco internacional que evite la ruptura definitiva del vínculo cuando uno de los padres se traslada con los hijos a otro país.
6. Derechos del recluso. La pena privativa de libertad establece la reclusión de una persona en un determinado espacio físico y por un periodo de tiempo concreto. Sin embargo, hay toda una serie de condenas adicionales que deben ser reconsideradas. Por ejemplo, nada debe impedir a un recluso trabajar e incluso emprender dentro de los parámetros establecidos por la reclusión. Tampoco es justo limitar el acceso de los reclusos al mundo digital (salvo por necesidades de seguridad establecidas por resolución judicial) ni segregarlos por género. Las mínimas condiciones humanitarias de la reclusión deben contemplar el derecho a no convivir de forma obligatoria con otros reclusos, y el consiguiente derecho a celdas separadas, por pequeñas que deban ser por motivos de espacio. La integridad física y psíquica del recluso, que es un ciudadano bajo responsabilidad estatal, deben ser objeto de una tutela eficaz.
7. Derechos del paciente. El P-Lib considera que en general es insuficiente la información que reciben los pacientes y sus familiares tanto en el sistema privado como en el público. Con frecuencia, se encuentran perdidos ante cuestiones complejan que no alcanzan a comprender, y la discrecionalidad de los médicos resulta tan excesiva como el apoyo corporativista que se prestan entre sí cuando se necesita dilucidar responsabilidades. El P-Lib considera necesario garantizar el derecho a segunda opiniones, a una explicación sencilla de las patologías y de los tratamientos y a una plena información al paciente sobre su situación si así lo exige. El paciente tiene derecho rechazar en cualquier momento cualquier tratamiento. También tiene derecho a escoger médico y centro asistencial, y este derecho se ve fundamentalmente obstaculizado por la persistencia del sistema sanitario público, que debe ser privatizado manteniendo mediante un sistema de cheques sanitarios las garantías de acceso universal a la atención médica. El paciente terminal tiene derecho a cuidados paliativos que reduzcan o idealmente anulen el sufrimiento, incluso mediante la administración de drogas no legalizadas. El paciente (y, en realidad, cualquier ciudadano) tiene derecho a decidir de antemano las circunstancias en las que deberá o no ser mantenido artificialmente con vida, y el sistema médico debe acatar y cumplir su voluntad con las más altas garantías jurídicas.
Derechos políticos y civiles
1. Nacionalidad, residencia y apatridia. Entendemos que la nacionalidad es un concepto obsoleto en un mundo que camina a un ritmo vertiginoso hacia la globalización. Apostamos por la rápida fusión de las nacionalidades europeas en una sola, pero nuestro objetivo último es caminar hacia la eliminación del propio concepto de nacionalidad.
Es la residencia, y no la nacionalidad, la que debe generar todos los derechos y obligaciones del ciudadano. En este sentido, el P-Lib aboga por extender los derechos políticos plenos, incluyendo el sufragio activo y pasivo para todas las elecciones, a todas las personas que residen legalmente en el país, exista o no reciprocidad. En sentido contrario, somos partidarios de revisar hasta qué punto tiene sentido hoy el derecho al voto de ciudadanos nominalmente españoles de segunda o tercera generación que ni siquiera han pisado nuestro país.
En tanto la nacionalidad siga brindando más derechos y oportunidades que la residencia, aquélla debe ser obtenible tras muy pocos años de residencia legal. El P-Lib cree que debe eliminarse del procedimiento de concesión de la nacionalidad el juramento o promesa de lealtad al rey, por considerarlo un agravio comparativo, ya que los españoles de origen no se ven obligados a prestarlo.
Creemos que España debe sumarse a los países que reconocen la libre tenencia de otras nacionalidades sin que deba mediar convenio entre Estados, y propone abolir la exigencia de renunciar a otras nacionalidades al adquirir la española, ya que en cualquier caso es un requisito que no surte efectos en los países de origen de estos nuevos españoles. El P-Lib cree en el derecho a la apatridia y aboga por su reconocimiento y regulación internacional.
2. Mayoría de edad. El Partido de la Libertad Individual considera que la maduración actual de los jóvenes permite adelantar la mayoría de edad hasta los dieciséis años, como ya se ha hecho en otros países de forma parcial, o al menos hasta los diecisiete. En cualquier caso, defendemos que la mayoría de edad sea la misma para todos los derechos y obligaciones, y consideramos injustas las disposiciones legales que aún exigen una edad superior a la de la mayoría para determinadas cuestiones.
3. Denominación de las personas. El individuo ha de ser libre de cambiar su nombre y apellidos sin que medie para ello resolución judicial y sin tener que justificar su decisión. Es una triste paradoja que una persona pueda nombrar su casa, su embarcación, sus animales o hasta un planeta que descubra, y no pueda nombrarse a sí misma como desee. Este derecho debe ejercerse con plenas garantías de publicidad registral al objeto de evitar la lesión de derechos de terceros y el aprovechamiento de esta libertad para delinquir.
4. Derogación de las normas que invaden nuestra soberanía. Hay normas estatales que invaden ilegítimamente la soberanía personal para obligar al individuo a actuar de forma que se proteja a sí mismo, amenazándole incluso con multas u otros castigos si no lo hace. Los casos más evidentes son la obligatoriedad de llevar el cinturón de seguridad en el coche o el casco en la motocicleta. Sin cuestionar la bondad de tales protecciones, entendemos que el Estado se extralimita de sus funciones cuando legisla reglas de esta naturaleza, y ejerce un paternalismo insufrible que convierte al ciudadano adulto en una especie de súbdito infantilizado. El Estado puede prohibirnos conductas que claramente atentan contra los derechos y libertades de otra persona, pero no obligarnos a actuar de determinada forma para protegernos a nosotros mismos. Los derechos no son obligaciones, y por tanto se pueden ejercer o no. El P-Lib propone abolir todas las normas que merman nuestra soberanía individual sin proteger derecho alguno de otras personas.
5. Seguridad ciudadana y vial. El Estado, que se ha reservado el monopolio del orden público y la seguridad ciudadana, debe cumplir esa función con auténtica eficacia, y debe serle exigible la compensación plena a las víctimas de su incompetencia en esta materia. La drástica reducción de las funciones y tareas del Estado debería llevarle a cumplir bien aquellas que le queden, como administrar justicia o mantener el orden público. Al mismo tiempo, es posible y deseable devolver a la sociedad civil algunas responsabilidades en este terreno, y el P-Lib apoya las experiencias que se pongan en práctica para ir reduciendo, también en este ámbito, las competencias del Estado.
Pensamos que una de las más graves amenazas a la seguridad ciudadana es la inútil guerra contra la distribución y el consumo de drogas, y estamos seguros de que la legalización tendría un efecto muy positivo a medio plazo.
Pensamos que los ciudadanos sin antecedentes penales tienen un derecho incuestionable a poseer armas para defenderse de posibles agresiones, y que nadie puede obligarles a delegar plenamente en el Estado esa defensa. Al mismo tiempo, es preciso mantener los registros de armas, los permisos de tenencia, los límites de magnitud y calibre y otros controles necesarios para evitar una proliferación indiscriminada y peligrosa de armas en la sociedad.
Apoyamos una política de seguridad vial que no criminalice al ciudadano. Deseamos la eliminación de normas invasivas como la obligatoriedad del cinturón de seguridad y del casco en las motos. Pensamos que la eliminación de límites de velocidad es posible en determinadas vías y tramos, como en otros países. Creemos que la fiebre recaudadora de las administraciones públicas es la auténtica responsable de la persecución indiscriminada a la que se está sometiendo a los conductores. Pese a apoyar, por supuesto, el castigo de las conductas que ponen en riesgo a terceros, pensamos que debe llevarse a cabo una reflexión serena sobre la real incidencia del carné por puntos y de la política actual de altas sanciones.
6. El ciudadano frente al Estado. Al Partido de la Libertad Individual le molesta la pompa ostentosa y la ceremoniosa solemnidad del Estado, que claramente no entiende su papel: desde el presidente del Gobierno hasta el bedel del último ayuntamiento, los políticos y funcionarios no son más que los administradores de nuestra finca. Son ellos quienes nos deben a nosotros un trato particularmente respetuoso y no al revés. Proponemos una reforma de los usos, tratamientos y ceremonias para que se visualice realmente al político y al funcionario como servidores del ciudadano.
Creemos que en todos los casos posibles debe aplicarse el silencio administrativo positivo ante las peticiones ciudadanas.
Los ciudadanos tienen un derecho inalienable a la objeción de conciencia frente a las obligaciones estatales que atenten contra sus planteamientos éticos, filosóficos o religiosos.
El P-Lib quiere mantener y ampliar todas las garantías constitucionales que protegen al ciudadano frente al Estado, desde la inviolabilidad del domicilio hasta la confidencialidad de las comunicaciones, y desde el secreto bancario y profesional hasta el debido procedimiento de los agentes policiales y judiciales.
El Estado debe estar obligado a una total y absoluta transparencia contable, y no debe permitírsele el uso discrecional y secreto de fondos públicos ajenos al control ciudadano. Con las garantías de seguridad que resulte preciso, los fondos reservados deben minimizarse y quedar controlados por una base amplia de parlamentarios que represente a la pluralidad de fuerzas políticas representadas en el parlamento y no únicamente a las principales.
Derechos económicos, profesionales y laborales
1. Derechos económicos. El Partido de la Libertad Individual cree que el ser humano tiene un derecho innato a perseguir por medios lícitos su propio beneficio económico. El derecho a la propiedad es indisociable de la libertad y la dignidad humana, y cuando se pierde aquél se merma ferozmente éstas. Han fracasado una y otra vez cuantos han pretendido alcanzar una sociedad mejor sacrificando la libertad económica de los individuos y sustituyéndola por sistemas de planificación de la economía por parte del Estado. El P-Lib considera que, junto al derecho a la propiedad, otros derechos económicos como el de libre intercambio de bienes y servicios, el de libre empresa y el de protección frente a la confiscación tributaria y frente al endeudamiento estatal (mediante topes preestablecidos) merecen ser objeto de una especial consideración y de una nítida garantía constitucional. Los ciudadanos tienen derecho a utilizar en sus transacciones cualquier moneda, y el P-Lib aboga por el anclaje del euro al patrón oro de manera que su valor sea objetivo y no pueda ser alterado por los políticos y los burócratas del Banco Central Europeo. La objetividad del valor del dinero es un derecho de todos sus usuarios.
2. Derechos profesionales. El Partido de la Libertad Individual considera que el libre ejercicio de las profesiones es un derecho de quienes han superado los estudios correspondientes y están acreditados por la titulación respectiva. La colegiación obligatoria es una barrera injusta que perjudica a los nuevos ejercientes de muchas profesiones. Los colegios profesionales, y especialmente los de profesiones con colegiación obligatoria, son generalmente instituciones poco transparentes que operan con escasas garantías democráticas para el colegiado. Estas entidades han llegado a arrogarse el derecho de establecer límites a la ubicación de los establecimientos de sus miembros, a sus horarios y tarifas o a la publicidad de los profesionales. Todas estas limitaciones deben ser prohibidas por atentar frontalmente contra la libertad de los profesionales, y los colegios deben reconvertirse en organizaciones privadas sin carácter exclusivo. El P-Lib cree que la obligatoriedad de la colegiación debe ser abolida. Mención aparte merece la todopoderosa Sociedad General de Autores y Editores, cuyo desprestigio social es proporcional a sus muchos abusos. El Partido de la Libertad Individual apuesta por los registros de la propiedad intelectual y se propone abolir cualquier obligatoriedad de registrar obras en sociedades de autores o de hacerse socio de las mismas.
3. Derechos laborales. El Partido de la Libertad Individual cree que, bajo la apariencia de derechos, los trabajadores han aceptado en realidad imposiciones que menoscaban su libertad. La peor de éstas es la obligación de negociar de forma colectiva sus salarios y sus condiciones laborales. Reivindicamos el derecho de los trabajadores a participar o no en colectivos de negociación. Igualmente, el derecho de huelga se ha convertido en realidad en una imposición a los trabajadores, y ha llegado el momento de afianzar el derecho tanto de quienes deseen secundar una convocatoria de huelga como de quienes opten por no hacerlo.
El P-Lib considera escandalosa la diferencia entre el coste de un empleo para la empresa y el salario que percibe el empleado. El Estado debe reducir drásticamente esa losa que pesa tanto sobre los emprendedores como, especialmente, sobre los trabajadores. El trabajador debe recibir una información transparente sobre el coste de su empleo, que le permita visualizar el expolio al que tanto él como su empleador se ven sometidos por parte del Estado. Esto le permitirá comparar ese coste con los servicios estatales que recibe, y extraer sus propias conclusiones.
El Partido de la Libertad Individual cree conveniente que los ciudadanos puedan fácilmente calcular, como en otros países, cuándo cae su “día de la libertad fiscal” (extrapolando al calendario el tiempo trabajado para atender todos los impuestos y contribuciones frente al tiempo trabajado para uno mismo y su familia). Visualizar este dato ayudará a que los ciudadanos comprendan hasta qué punto el Estado colectivista les ha sustraído sutilmente el producto de su esfuerzo.
El trabajador autónomo, frecuentemente desatendido y maltratado por los sindicatos, debe acceder a la misma consideración y tener los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador. El Partido de la Libertad Individual simpatiza particularmente con las reivindicaciones de estos trabajadores que tantas injusticias han soportado en nuestro país. Respetamos y apoyamos cualquier fórmula de trabajo, pero valoramos especialmente el trabajo autónomo, el cooperativismo, la participación accionarial de los empleados y otras fórmulas de capitalismo popular que convierten al trabajador en empresario.
Creemos que en la actual etapa de la Historia, inmersos ya en la revolución de las telecomunicaciones, los trabajadores y los empresarios deben considerar muy seriamente fórmulas de teletrabajo que eviten desplazamientos inútiles (con su coste económico pero, sobre todo, personal) y faciliten una mayor calidad de vida. El trabajo de las personas debe evaluarse por su resultado y no por las horas que se pasa en un determinado entorno físico, y esto coincide con la filosofía del teletrabajo.
Los trabajadores tienen derecho a sistemas de previsión para el desempleo y para la vejez que realmente garanticen las prestaciones y satisfagan sus intereses. Para ello, el P-Lib opta por sistemas de capitalización individualizada. En el capítulo cuarto se trata con mayor profundidad esta propuesta.
El Partido de la Libertad Individual cree en la libre contratación y por tanto defiende también su contrapartida lógica, que es el mismo grado de libertad para la ruptura unilateral de esa contratación. Penalizar el despido equivale a penalizar la contratación.
Pensamos que el INEM es ineficaz, está burocratizado y nos cuesta demasiado dinero. La alternativa es la devolución de sus funciones a la sociedad civil, que ya ha demostrado sobradamente su capacidad de ejercerlas a través de todo tipo de empresas de selección, de trabajo temporal y otras, además de las bolsas de empleo de las universidades, las asociaciones profesionales y otras instituciones.
Cuestiones bioéticas
1. Principios generales. El Partido de la Libertad Individual entiende el respeto a la voluntad soberana de la persona como el más alto estándar ético, y considera su cumplimiento por las personas implicadas (personal sanitario, investigadores, entorno familiar, legisladores, etc.) como una obligación moral inexcusable. Las cuestiones bioéticas suscitan con frecuencia dudas entre los profesionales y los expertos. La dignidad y unicidad del individuo; la propiedad, conservación y transmisión correcta de su información genética, y la deontología en todos los procesos relacionados con la salud constituyen guías importantes ante esas dudas. La libertad, la propiedad, la razón y la voluntad son los principios generales que en todo momento deben anteponerse a cualquier visión de la bioética emanada de percepciones religiosas y, por lo tanto, parciales y arracionales. Al margen de cualquier opinión originada en creencias místicas, la bioética debe establecer marcos generales para el conjunto de la ciudadanía, y capaces, sobre todo, de satisfacer las necesidades del individuo cualquiera que sea su forma de pensar o su conjunto de creencias ideológicas o religiosas.
2. El aborto. El P-Lib considera que el Estado debe ser neutro respecto a las decisiones morales de los ciudadanos que no afecten a otros. El P-Lib constata la falta de consenso existente en la sociedad respecto a la naturaleza del aborto, y afirma la libertad de las mujeres para tomar tan difícil decisión sin coacciones de ningún tipo durante la primera etapa de la gestación. El Partido de la Libertad Individual exige un respeto escrupuloso al derecho del personal sanitario a la objeción de conciencia. Dada la inevitable coexistencia de posiciones personales frontalmente enfrentadas por esta cuestión, el P-Lib respeta la plena libertad de conciencia de sus afiliados y cargos electos respecto al aborto.
3. Las células madre. El P-Lib considera que el material del cordón umbilical de cada niño debe guardarse fundamentalmente para ese niño, aunque una parte adicional se done para uso general. Por lo tanto no podemos estar de acuerdo con el sistema imperante, que genera grandes bolsas colectivizadas de material umbilical y sin embargo impide la custodia de material propio, empujando a los padres que desean conservar material de sus hijos a hacerlo en el extranjero a precios prohibitivos. En otro orden de cosas, el Partido de la Libertad Individual apuesta por la plena liberalización de la investigación con células madre y con material sobrante de los procesos de fertilización, ya que se ha demostrado sin lugar a dudas que esta investigación reporta grandes avances médicos que benefician al ser humano. Los prejuicios religiosos en esta materia no deben obstaculizar el progreso de la ciencia.
4. Las “madres de alquiler”. Es legítimo que una mujer lleve a cabo la gestación de un embrión ajeno, cobrando o no por ello. El padre y la madre de una persona son aquellos cuya información genética combinada lleva. La gestación de una persona por una mujer distinta de la madre biológica no confiere a aquélla derechos sobre el hijo, que le corresponden a ésta.
5. La eutanasia, el testamento vital y el suicidio. El individuo es propietario soberano del proceso biológico que llamamos vida. A él, y no a la sociedad, corresponde decidir en qué circunstancias desea que no se fuerce la continuidad precaria de su vida, y está en su derecho de dejar las instrucciones oportunas para ello mediante el llamado testamento vital o por otros mecanismos. La eutanasia activa y pasiva debe ser legalizada de forma que, con las mayores garantías jurídicas, las personas puedan escoger. El P-Lib aborrece los procesos en los que, contra la expresa voluntad de una persona, se la mantiene con vida en circunstancias de alto sufrimiento. Vivir es un derecho, hacerlo en condiciones precarias nunca puede ser una obligación. Por otro lado, entendemos que en condiciones psicológicas normales el suicidio es una opción libre de las personas, y repudiamos las disposiciones jurídicas que lo impiden.
6. Los órganos y productos del cuerpo. Entendemos que todos los órganos y productos del cuerpo son propiedad irrestricta de la persona que lo habita.
La inmigración, en clave positiva
Como principio general, el Partido de la Libertad Individual cree que todos los seres humanos tienen un derecho innato a establecerse en cualquier lugar del mundo, y que las restricciones impuestas a ese derecho por los Estados forman parte de una visión colectivista de las sociedades. La Historia humana se ha caracterizado por las migraciones individuales y colectivas. Quienes perciben como una amenaza la mecla étnica olvidan que nuestro país, como tantos otros, es producto de una mezcla extrema de gentes y culturas, y que el mestizaje enriquece a las sociedades. Reconocemos, al mismo tiempo, que conciliar ese principio con nuestra realidad actual resulta difícil y que estamos obligados a imponer ciertas limitaciones y combatir el efecto llamada.
El P-Lib da la bienvenida a los nuevos ciudadanos procedentes de los más diversos lugares, y cree que su aportación a la sociedad tiene un gran valor y nos hace avanzar en el camino hacia la globalización humana. Denunciamos las posiciones colectivistas tanto de la derecha como de la izquierda convencionales, que generalmente pretenden imponer restricciones a la inmigración derivadas de su visión estática de la sociedad o de sus ideas proteccionistas en cuanto al mercado de trabajo. Creemos que es de justicia reconocer la contribución positiva de los inmigrantes, tanto por su esfuerzo laboral y en muchos casos empresarial como por su aportación fiscal.
El Partido de la Libertad Individual, que quiere un Estado plenamente laico y una sociedad tolerante de las diversas religiones pero no condicionada en modo alguno por ellas, recela de la influencia excesiva que muchas confesiones religiosas y sus formas más extremas pueden llegar a alcanzar como consecuencia del cambio social producido por el fenómeno inmigratorio.
Los extranjeros que residen legalmente en el país deben tener la opción, a los pocos años, de adquirir la nacionalidad sin necesidad de perder la de origen. La adquieran o no, deben tener exactamente los mismos derechos civiles y políticos que los ciudadanos españoles, incluyendo el sufragio activo y pasivo en todas las elecciones, con o sin reciprocidad. Nuestra sociedad no puede permitirse dejar sin representación a millones de personas que pagan sus impuestos.
Un nuevo enfoque de la libertad religiosa
El Partido de la Libertad Individual considera que las personas tienen derecho a creer en cualquier cosa, e incluso a abrazar conjuntos de creencias místicas arracionales. La libertad religiosa es una más de las muchas vertientes de la libertad del individuo, y como tal merece la defensa y la protección de las autoridades. Dicho esto, nos parece que la libertad religiosa, en caso de entrar en conflicto con los derechos y libertades de otra persona, debe ceder porque tiene un valor menor que el de éstos, ya que sus planteamientos se basan en verdades indemostrables. El P-Lib recela particularmente de la influencia excesiva que los miembros más endoctrinados de las organizaciones religiosas pueden tener sobre los menores, los discapacitados psíquicos y otras personas.
Entendemos que el ámbito propio de las creencias místicas es el estrictamente privado, y rechazamos cualquier influencia de la fe de algunos (incluso si son mayoría) en los asuntos públicos o, más aún, en las opciones y decisiones privadas de otras personas. Rechazamos la presencia de símbolos religiosos de cualquier tipo en las tomas de posesión de los cargos públicos, así como en los edificios oficiales (incluidos los escolares), promovemos la desaparición de las capellanías castrenses y exigimos del Estado una plena y escrupulosa neutralidad ante las diferentes confesiones existentes. Ante graves accidentes o atentados, el homenaje oficial a las víctimas nunca debe consistir en funerales religiosos sino en actos civiles. Entendemos legítima cualquier formación religiosa de los menores siempre que se produzca dentro de parámetros racionalistas que eviten el endoctrinamiento y el fanatismo, y creemos que esa formación es claramente extracurricular y debe darse principalmente en el seno de la familia o de las agrupaciones de creyentes.
Para todo ello proponemos reformar la Constitución al objeto de eliminar la mención expresa a la Iglesia Católica, que ha dado lugar a interpretaciones favorecedoras del privilegio a esta organización frente a otras. La Iglesia Católica debe comprender de una vez por todas que no puede aspirar a ejercer influencia sobre quienes no profesan su fe. A esa y a cualquier organización religiosa le es exigible llevar un registro de miembros, y permitir darse de alta o de baja formalmente, si así se desea. Con frecuencia se barajan cifras irreales de miembros de las diferentes confesiones, basadas incluso en actos ajenos a la voluntad de las personas, como el bautismo durante la infancia. Los ciudadanos tienen un derecho innegable a no ser considerados por ninguna religión organizada como integrantes de la misma si no lo desean, por lo que debe arbitrarse mecanismos de salida que garanticen este derecho a quienes fueron inscritos durante su minoría de edad.
El Partido de la Libertad Individual apuesta por la denuncia de los tratados con el Estado de la Ciudad del Vaticano, que imponen a las autoridades españolas un marco doméstico basado en la fe católica. Además, entendemos que nuestra política exterior debe abogar porque las organizaciones religiosas no se constituyan en Estados soberanos que son, en realidad, artificios jurídicos en Derecho internacional ya que en realidad no responden a la existencia de un pueblo autóctono en un territorio.
Como toda libertad, la religiosa se puede ejercer o no. En las sociedades modernas los no creyentes son un porcentaje no desdeñable de la población, y se ven perjudicados con frecuencia. El Partido de la Libertad Individual exige del Estado respeto e igualdad de trato para los agnósticos y ateos. Estas personas no tienen que pagar con sus impuestos la actividad religiosa de los creyentes ni la galaxia de asociaciones y organizaciones solidarias que ejercen su actividad, muchas veces encomiable, con ese particular sesgo ideológico.
La solidaridad y su descolonización por parte del Estado
Para nosotros, la solidaridad es una forma de expresión de lo mejor del ser humano, y se desvirtúa al eliminar su componente esencial: el carácter voluntario. La solidaridad forzada no es solidaridad sino confiscación. El Partido de la Libertad Individual aprecia y apoya al llamado Tercer Sector, constituido por todo tipo de organizaciones privadas sin ánimo de lucro que ejercen un importante papel social, especialmente en la canalización de la solidaridad.
Creemos que las asociaciones, ONG, fundaciones y otras entidades del Tercer Sector (y en realidad, todas las agrupaciones ciudadanas, del tipo que sean) deben ser financieramente autosuficientes, y denunciamos la colonización a la que están sometidas muchas de ellas por el Estado colectivista. Las subvenciones son la herramienta de esa colonización. Repudiamos el sistema de reparto estatal de subvenciones, que otorga a los políticos una inmensa capacidad de decidir, con el dinero de todos, qué proyectos y qué organizaciones serán apoyadas y cuáles quedarán sin fondos.
Proponemos sustituir ese sistema arbitrario por la acción directa de los ciudadanos. Proponemos la aportación libre y directa, enteramente desgravable hasta un tope predeterminado, por parte de los ciudadanos y de las empresas a las entidades que deseen, sin criba previa del Estado. De esa manera será la sociedad civil quien de forma espontánea y directa, sin planificación estatal, decidirá qué proyectos apoyar y quiénes deben gestionarlos. Esto además elimina la corrupción porque los políticos y funcionarios dejan de tener poder alguno sobre la financiación de estas entidades.
Proponemos una cuenta virtual de solidaridad privada, en la que cada ciudadano pueda entrar telemáticamente a lo largo del año y asignar las aportaciones que desee a los proyectos y entidades que quiera, hasta un tope equivalente a las cantidades per cápita que en la actualidad destina el Estado en nuestro nombre a estas cuestiones, con la actualización futura que se apruebe en los Presupuestos Generales del Estado. En este caso, como en muchos otros, lo que queremos es que el ciudadano ejerza de forma directa su poder, devolviéndoselo por completo y eliminando la intermediación estatal que, en la actualidad, decide por nosotros y con nuestro dinero, pero a su capricho.
Una cultura liberada del yugo estatal
El Partido de la Libertad Individual considera urgente obligar al Estado a descolonizar la cultura. Su colonización se ejerce mediante las subvenciones, que deben desaparecer y sustituirse por un renovado concepto de mecenazgo ciudadano: la libre aportación, con desgravación plena hasta un tope preestablecido, por parte de los ciudadanos y de las empresas.
Como en el caso de las subvenciones a organizaciones solidarias, a confesiones religiosas o a partidos políticos, de lo que se trata es de que sea cada persona quien decida a qué actividades culturales debe ir a parar su dinero. En el sistema actual, de reparto colectivizado, es el Estado quien usurpa esa función y, con el dinero fiscalmente arrebatado al ciudadano, decide a su capricho (o en función de los gustos y relaciones del partido gobernante), qué manifestaciones culturales son o no dignas de apoyo. Al quitarle al Estado esa función y devolvérsela al ciudadano, liberaremos la cultura y eliminaremos la corrupción y el amiguismo.
También para la cultura, el mejor sistema es la libre disposición de fondos virtuales por parte de cada ciudadano, para asignarlos a lo largo del año a los proyectos e instituciones culturales que desee.
Legalizar las drogas para acabar con la narcomafia
Para empezar, el P-Lib no cree que el Estado tenga derecho a prohibirnos consumir cualquier sustancia. Su función arbitral en la sociedad y en la economía incluye, eso sí, garantizar una información veraz sobre los productos al alcance del consumidor.
Los frutos del prohibicionismo están a la vista. El narcotráfico es el mayor negocio del mundo por culpa de la prohibición, y la guerra contra las drogas es simplemente imposible de ganar con esta estrategia.
El P-Lib propone la plena legalización, si es posible coordinada internacionalmente, primero de las drogas blandas (lo que ya tendrá el efecto positivo inmediato de separar su circuito de distribución del de las drogas más nocivas), y posteriormente también de las drogas duras. Estamos convencidos de que el efecto de esta política será el derrumbe de los imperios del narcotráfico. La futura producción de este tipo de sustancias deberá cumplir con estrictos procedimientos de calidad y de no adulteración, e incluir información veraz y completa, siendo en algunos casos necesaria arbitrar mecanismos de prescripción.
Si bien reconocemos que estas políticas pueden tener un efecto inmediato adverso, estamos convencidos de que el efecto a medio, largo y muy largo plazo será una caída del consumo, una mejora de la calidad en el mismo, la desaparición de la criminalidad asociada al mundo de la droga (a todos los niveles) y, desde luego, una plena liberación del individuo en relación con este asunto. Una vez más, lo que persigue el Partido de la Libertad Individual es devolver el poder al ciudadano.
De igual manera, el P-Lib propone no penalizar fiscalmente el consumo de drogas legales como el alcohol y el tabaco. Esa penalización responde a una visión injerencista del papel del Estado en las vidas de los ciudadanos y perjudica particularmente a los consumidores con menor nivel de renta.
Una política realista sobre la prostitución
El P-Lib considera que la prostitución es una profesión tan legítima como cualquier otra. Frente a otras profesiones que se basan en el empleo del cuerpo (para cargar cajas o recolectar productos de la agricultura, por poner dos ejemplos) sólo varía la parte del cuerpo utilizada. Consideramos que sólo el marco ético colectivista, basado en los mitos de inspiración religiosa, impide la plena legalización de esta actividad. Esa situación de alegalidad es responsable de la explotación a la que se ven sometidas muchas de las personas que ejercen la prostitución. Proponemos, por lo tanto, legalizar la actividad, regular su ejercicio en condiciones de libertad y en un marco de derechos y libertades para quienes ejercen la prostitución y para sus clientes. De la misma manera, es perfectamente lícita la actividad de agencias y otros intermediarios, siempre de conformidad con la ley.
El P-Lib exige de las autoridades policiales una persecución sin cuartel contra las mafias que secuestran o atraen con engaños a personas para obligarlas a prostituirse contra su voluntad, muchas veces forzando su drogadicción para retenerlas. La realidad actual es la de una gran cantidad de personas que no desean ejercer la profesión y se ven obligadas por estas mafias a prostituirse, generalmente en condiciones muy duras y peligrosas. Esto sólo puede combatirse mediante la legalización y la dignificación social de la profesión. También la liberalización de las drogas contribuiría en gran medida a acabar con estos imperios clandestinos, ya que están fuertemente entrelazados.
El terrorismo y sus víctimas
El Partido de la Libertad Individual condena toda forma de imposición violenta de ideas políticas. Al contrario que otras formaciones políticas, entendemos que el objetivo de independencia de cualquier territorio en cualquier lugar del mundo es tan respetable como cualquier otro, pero creemos que en el marco de un Estado democrático, y pese a las deficiencias que éste presente, está completamente fuera de lugar recurrir a acciones terroristas en su persecución. Creemos que en el caso vasco conviene separar la aspiración independentista de una parte de la sociedad y la actividad criminal de algunos de quienes albergan esa aspiración.
Por otro lado, entendemos que los delitos los cometen las personas, no las asociaciones ni los partidos políticos. No nos parece acertada, como método de lucha antiterrorista, la ilegalización constante de los partidos que defienden determinadas posiciones. Entendemos que crea una sombra de duda sobre el marco democrático al dejar sin representación a un porcentaje significativo de la población.
El Partido de la Libertad Individual apoya la acción de los gobiernos que, ante situaciones de posible desaparición de bandas terroristas, negocien los términos de la misma para acabar definitivamente con el problema. En su caso, nos opondremos radicalmente a cualquier estrategia gubernamental que pase nuevamente por la creación de grupos contraterroristas armados y financiados con cargo a los fondos reservados o por otros medios.
El P-Lib ofrece su solidaridad a las víctimas del terrorismo. Apoyamos cuantas ayudas económicas y de otra naturaleza se arbitren para compensar el fracaso estatal en la protección de su seguridad, una competencia primaria de los Estados. Al mismo tiempo, pensamos que las principales organizaciones de víctimas del terrorismo han respondido históricamente a un alto nivel de politización de diverso signo, y creemos que esto no es bueno para los afectados. No creemos que las asociaciones de víctimas deban jugar papel alguno en la definición de la política antiterrorista.
En el marco de su política exterior, el Estado debe combatir el terrorismo internacional, que constituye hoy una de las mayores amenazas a la globalización de la democracia, de la libertad económica y de los derechos humanos y civiles de las personas.
Acabar con las sectas psicodestructivas
Aunque el azote de las sectas psicodestructivas se ha reducido frente a décadas anteriores, siguen siendo muchos miles las personas afectadas, y la lacra de este tipo de organizaciones se deja sentir con especial fuerza en muchos países. El P-Lib considera imprescindible plantar cara a las mafias que, con apariencias externas de toda índole, utilizan procesos de manipulación psicológica extrema para anular la voluntad de sus víctimas, forzándolas a donarles sus bienes, a cometer delitos o a ejecutar otros actos que no realizarían en circunstancias de libertad psíquica.
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