Separación real de poderes
El Partido de la Libertad Individual cree que son pocas las competencias que realmente corresponden al Estado, pero una de ellas es la administración de justicia (más allá de nuestra apuesta por el arbitraje privado en los casos viables). Sin embargo la justicia se encuentra en un lamentable estado de desatención. Es necesario reducir el Estado y reorientarlo a los fines que sí le son propios, y entre ellos a mantener una justicia ágil y eficaz.
El P-Lib defiende la separación real de los poderes del Estado, por considerar que constituye una de las mayores garantías para evitar el abuso y la arbitrariedad. En la práctica, vivimos en un sistema político donde el poder ejecutivo legisla, nombra los principales órganos judiciales y mantiene a su servicio el ministerio fiscal. Proponemos una reforma en profundidad de la administración de justicia para dotarle de la independencia que le corresponde.
Despolitización de la justicia e independencia del ministerio fiscal
En España llevamos treinta años de democracia asistiendo a espectáculos vergonzosos de politización de la justicia y de judicialización de la política. En el marco de una reforma profunda de la administración de justicia, será necesario habilitar mecanismos que impidan o al menos dificulten este uso de la administración de justicia.
Los principales órganos judiciales, nombrados actualmente por acuerdos opacos entre las grandes fuerzas políticas, deben dejar de depender de éstas. La dinámica de mayorías y minorías que se dé en el parlamento no tiene nada que ver con el nombramiento de altos cargos judiciales. Es necesario establecer un sistema de promoción interna y elección de los máximos órganos judiciales por los estamentos inmediatamente inferiores de la propia carrera judicial, sin intromisión del poder ejecutivo ni del legislativo. Por otro lado, los jueces y magistrados deben mantener una plena neutralidad política e ideológica, limitándose a aplicar las leyes aprobadas por el Legislativo. Es de sentido común que aquellos jueces que abandonen la carrera para dedicarse a la política no puedan después regresar a la profesión judicial.
Defendemos una fiscalía que no esté al servicio del poder ejecutivo. El ministerio fiscal debe ser plenamente autónomo, y sus puestos, incluso los principales, no deben ser asignados por los políticos, sino por los organismos de gobierno de los propios fiscales.
Reforma procesal, colegiación, notariado y arbitraje
La innecesaria figura del procurador, que existe en pocos países, debe desaparecer porque burocratiza y complica los procesos, restando capacidad a los abogados de las partes y a éstas mismas. Por otro lado, el P-Lib defiende el derecho de los ciudadanos, en la medida en que su capacidad intelectual y su cultura general resulten suficientes, a actuar de forma directa en los juicios que les afecten, y especialmente a dirigirse de forma directa a jueces y magistrados.
Proponemos también, en el marco de la reforma procesal, que se elimine procedimientos farragosos y complejos formulismos que hoy están completamente obsoletos. Proponemos que las sentencias dejen de dictarse en nombre del rey, por considerar que esta fórmula es anacrónica y escasamente democrática.
Defendemos que la colegiación, tanto en la abogacía como en cualquier otra profesión, deje de ser obligatoria. Cualquier profesional del derecho que haya superado los estudios pertinentes y se halle correctamente acreditado debe poder ejercer su profesión ante cualquier órgano jurisdiccional.
El P-Lib denuncia el altísimo coste de los trámites notariales para los ciudadanos. Nos parece injusto que estos funcionarios cobren en proporción al monto de las operaciones de las que dan fe. El esfuerzo y la responsabilidad del notario son los mismos con independencia del valor de la operación. Además, estamos instalados en una exagerada cultura de la oficialización de documentos, que en otros países no es tan excesiva. Lo importante en un acto jurídico entre partes privadas es el contrato y la inscripción registral correspondiente, en su caso. Junto a un fuerte abaratamiento de los trámites notariales hay que estudiar también su simple eliminación para los casos en que no sean imprescindibles.
El Partido de la Libertad Individual propone fomentar el arbitraje privado, pagado por las partes, como medio de resolución de muchos contenciosos originados en incumplimientos contractuales. Esto reduce los costes y la carga de trabajo de la administración de justicia, y acorta el tiempo de resolución de los contenciosos. Los mecanismos de arbitraje deben extenderse tanto como resulte posible.
Consideramos que los contratos son la ley de las partes y merecen un escrupuloso cumplimiento por parte de quienes libremente los firmaron. El arbitraje privado y, en último extremo, la justicia estatal, deben garantizar ese cumplimiento.
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