El mercado como sistema de relación entre los seres humanos
Desde los tiempos más remotos, desde que el primer ser humano intercambió con otro un producto o un servicio en beneficio de ambos, por elemental que fuera esa transacción, el mercado ha sido la forma de relación principal entre las personas. El mercado, fuertemente denostado tanto por los colectivistas de origen marxista como por los de inspiración religiosa, es un sistema ético basado en la libre disposición de su propiedad bienhabida por parte de cada individuo. Su componente fundamental es el carácter voluntario de esa acción humana, ajena a la planificación o al dictado de otros. La multiplicación de esas acciones libres configura un orden espontáneo de la economía que resulta superior a cualquiera de los sistemas conocidos de planificación estatal. El máximo objetivo del P-Lib en materia económica es propiciar ese orden espontáneo.
Reivindicar el lucro
En las sociedades actuales vivimos instalados en una falsa moral que considera pernicioso el afán de lucro. Sin embargo, es esa legítima ambición la que, cuando se le da salida por medios lícitos, inspira los avances de la sociedad. Quien persigue su propio lucro por medios correctos se ve necesariamente obligado a crear, a inventar, a invertir, a contratar, a producir cosas o a prestar servicios. De esa manera beneficia directamente a muchos otros, pero además produce un beneficio tangencial que se extiende por toda la sociedad. La suma de esos beneficios tangenciales genera un avance sostenido de nuestra especie. La contribución de esa persona, en busca de su propio beneficio, resulta generalmente más eficaz que la de cualquier organización caritativa. El Partido de la Libertad Individual considera necesario recuperar en nuestra sociedad la ética del lucro propio y dejar de despreciar a quienes legítimamente lo persiguen.
Liberar todo el potencial del capitalismo
También es necesario reivindicar el capitalismo. El Partido de la Libertad Individual considera que el capitalismo es el sistema económico que más ha hecho por el progreso y el desarrollo, y que es por lo tanto merecedor de una consideración mejor que la que recibe habitualmente en nuestra sociedad y, particularmente, en nuestra cultura.
Contra la visión de sus críticos, el capitalismo es un sistema altamente solidario, ya que el éxito de cada uno de sus agentes depende de su capacidad de aportar bienes y servicios al resto, ya sea como empresario o trabajando en el marco de una empresa. Creemos que la mayor parte de los fallos del capitalismo se deben a las ligaduras excesivas con las que el Estado colectivista intenta limitar su acción, invadir su ámbito, frenar su desarrollo y parasitar la riqueza que genera. El capitalismo está sumamente constreñido, en casi todo el mundo, por una opresiva maquinaria estatal que le impide alcanzar todo su potencial, y al mismo tiempo sus enemigos le culpan precisamente de los males que esa maquinaria genera. Liberar el potencial del capitalismo en beneficio de las personas es un objetivo esencial del P-Lib.
Política económica
La política económica del P-Lib se resume en favorecer el libre juego de múltiples agentes en la economía, configurando espontáneamente una actividad que apenas necesita de la acción del Estado más que como árbitro y garante de los derechos y obligaciones de los participantes. Hoy nuestras sociedades se enfrentan al reto de separar Estado y economía, como antaño tuvieron que luchar por separar Estado y religión.
1. Descolonización estatal de la actividad económica. El Partido de la Libertad Individual rechaza la participación del Estado en la actividad económica, ya que es incompatible con su carácter de árbitro de la misma. La actual situación, en la que el aparato estatal es juez y parte simultáneamente, crea todo tipo de disfunciones. El Estado, como máximo, puede liderar y coordinar la puesta en marcha de algunas grandes infraestructuras, estableciendo el marco de participación del sector privado, que debe ser su artífice último.
2. Privatización de las empresas públicas, los medios estatales, las cajas de ahorros y el juego. El Partido de la Libertad Individual considera necesario emprender un camino rápido que en una sola legislatura elimine cualquier forma de actividad empresarial del Estado. Proponemos la salida a bolsa de todas las empresas públicas, y la eliminación de la SEPI, ya que el Estado no debe tener participaciones industriales de ninguna clase.
Mención especial merecen los medios de comunicación de titularidad pública, cuya disolución o privatización es urgente no sólo por su despilfarro extremo y por su competencia desleal con los medios privados, sino también por su inevitable politización, que ocurre con independencia del partido gobernante en cada caso. El Estado debe liberar el espacio radioeléctrico y subastar tantas licencias de emisión de radio y televisión en abierto como la tecnología permita, sin conformar reservas de cuota de mercado. El Partido de la Libertad Individual desea consignar en la Constitución el derecho de los ciudadanos a la pluralidad de medios y a la no injerencia del Estado en los mismos ni en la labor de los diversos informadores.
Las cajas de ahorros son entidades de crédito extraordinariamente burocratizadas y politizadas. Al no responder ante sus accionistas y al reservar en sus máximos órganos puestos sectoriales propios de un sistema de “democracia orgánica”, el resultado es un considerable despilfarro. Además, estas entidades suelen conceder créditos escasamente responsables en virtud de alianzas político-empresariales. Por último, su competencia con la banca normal, aquella que sí debe rendir cuentas ante su accionariado, resulta completamente desleal por las ventajas con las que cuenta. El P-Lib propone la reconversión de las cajas (y también del ICO y el resto de entidades de crédito estatales) en entidades bancarias normales.
El Partido de la Libertad Individual propone privatizar las loterías estatales y eliminar la exclusividad de la lotería de la ONCE, liberalizando el sector plenamente y bajo estrictas medidas contra el fraude. Los premios deben seguir exentos de impuestos. De igual manera creemos necesario eliminar trabas a las demás formas de juego (casinos, bingos y otros establecimientos).
3. Privatización de los servicios públicos y de las pensiones con plenas garantías de universalidad. El P-Lib considera que el marco de garantías para la universalidad de los principales servicios públicos, establecido inicialmente por los liberales del siglo XIX y de la primera mitad del XX, y continuado después por gobernantes de otros colores políticos, constituye una conquista irrenunciable de la civilización occidental. Ningún ser humano debe quedar excluido de servicios básicos como la sanidad, la educación o la asistencia letrada. Todas las personas deben tener la seguridad de que en la edad anciana dispondrán de ingresos suficientes, y que en caso de desempleo o discapacidad verán su situación compensada con las rentas correspondientes. Hasta este punto, coincidimos con la visión de las demás fuerzas políticas. Sin embargo, discrepamos de ellas, y de forma radical, respecto a la manera adecuada de materializar esta universalidad de los servicios básicos y de las prestaciones esenciales.
Los partidos colectivistas, adictos al Estado y carentes de la creatividad necesaria para proponer soluciones no dirigistas, sostienen que la universalidad sólo es posible si es el propio Estado quien de manera directa presta los servicios y concede las prestaciones económicas. Sin embargo, la realidad existente en todos los países desarrollados es un agotamiento del Estado-providencia. El llamado “Estado del bienestar” se ha convertido en el bienestar del Estado, no de los ciudadanos. La gestión estatal de los servicios y prestaciones ha provocado un inmenso despilfarro, un crecimiento desmedido de las plantillas de funcionarios cuyos salarios y privilegios pagamos entre todos, una escasa o nula libertad de elección por parte de los ciudadanos, una mediocridad generalizada de los servicios (debida a diversas causas pero principalmente a la ausencia de competencia y de incentivos) y una cuantía miserable de las prestaciones. Este no es nuestro modelo. Asegurando la universalidad, los liberales proponemos otro.
3.1. Sanidad, educación y otros servicios. El P-Lib propone privatizar (es decir, devolver a la sociedad civil) el sistema educativo y sanitario y los demás servicios públicos, salvo aquellos que forman parte inherente de las tareas del Estado: registros, mantenimiento del orden público y algunos otros. Las organizaciones de la sociedad civil encargadas de gestionar la sanidad, la educación y otros servicios pueden ser lucrativas (empresas de todo tipo, incluyendo cooperativas) o no lucrativas (fundaciones, ONG, etc.). Corresponde a sus fundadores decidir cómo desean organizarse.
Normalmente, será la industria aseguradora quien organice la prestación colectiva de los servicios, dentro de unos parámetros de competencia entre entidades aseguradoras. Los ciudadanos deben tener libertad plena de escoger los servicios que deseen, y deben atender al menos la cuota mínima de la aseguradora escogida. Los seguros de sanidad, de educación de los hijos, de asistencia jurídica y de otros servicios básicos, son más eficaces que el Estado. Al competir entre sí (pudiendo el ciudadano cambiar de uno a otro cuando quiera), necesariamente bajarán los precios y mejorará su servicio. El Estado debe mantener una posición arbitral y supervisora, velando por el correcto cumplimiento de los contratos y por la libre competencia entre prestadores. Con cargo a un fondo fiscal de solidaridad, el Estado pagará por los ciudadanos que no puedan hacerlo la cuota de los seguros esenciales, incluyendo el sanitario y el educativo. Esas aportaciones, en forma de cheques o bonos canjeables por servicios, deberán ser devueltas al menos en parte cuando la persona ayudada venga a mejor fortuna, para así emplear esos fondos en la ayuda a otros ciudadanos.
El mecanismo de cheques o bonos para la sanidad, la educación y otros servicios dota de transparencia al sistema. Se deja de subvencionar al conjunto de la sociedad (incluidos quienes no lo necesitan) para subvencionar a aquellos que realmente necesitan el apoyo de todos. Se elimina la injusticia de que exista un servicio público de segunda (sin libertad de elección, con masificación y con una atención burocratizada) y otro privado limitado a quienes pueden pagarlo. Todos irán al servicio privado de su elección, pagando con dinero quienes puedan y pagando con el cheque estatal quienes no puedan.
Respecto a otros servicios, como el uso de autopìstas y otras infraestructuras, pensamos que la norma debe ser que el ciudadano pague por los servicios que consume. Ello implica, naturalmente, que se le cobre de forma específica para cada servicio y que a cambio vea sustancialmente reducidos sus impuestos. Quienes ni siquiera tienen carné de conducir no tienen porqué pagar las carreteras, y quienes nunca vuelan no deben soportar el coste de los aeropuertos, por poner dos ejemplos. Nuevamente, es posible determinar una acción compensatoria mediante cheques estatales con cargo al fondo de solidaridad, para determinadas personas en determinadas situaciones. Pero el criterio debe ser ayudar (en casos extremos predeterminados) a la persona en cuestión y no al conjunto de la sociedad, como pasa ahora. En todos los campos, la subvención generalizada perjudica a los realmente necesitados porque detrae recursos que les son necesarios, y a la vez incrementa la presión fiscal que soportan todos los ciudadanos.
3.2. Seguros y pensiones. El mismo sistema es aplicable a los seguros de desempleo, de incapacidad laboral y otros, y desde luego a las pensiones de jubilación. En el actual sistema de pensiones, denominado “de reparto”, son los trabajadores en activo quienes soportan la carga económica de los mayores. Esto crea grandes incertidumbres ya que la pirámide de la población no es siempre la misma. Además, el Estado es manifiestamente incapaz de mantener el valor de las cantidades cobradas a lo largo de la vida laboral de los trabajadores. Por otro lado, el Estado en realidad expropia esas cantidades, que no se guardan para la persona que las aportó ni son heredables ni utilizables como garantía. Y por último, el sistema actual fuerza a todos los ciudadanos a una misma edad de jubilación con independencia de sus preferencias, circunstancias personales o sector profesional, y marca unas cuantías y unos topes de prestación completamente arbitrarios.
La visión ideológica subyacente al sistema “de reparto” parece ser la de “igualar en la pobreza” a los ciudadanos cuando llegan a viejos. Y sin embargo, las personas mayores deberían ser normalmente las más ricas de una sociedad, ya que llevan toda la vida trabajando y, teóricamente, ahorrando e invirtiendo. El P-Lib denuncia la expropiación constante que el sistema colectivista y estatalizado comete contra los trabajadores a lo largo de su vida laboral. Proponemos como alternativa un sistema de capitalización individual de las aportaciones de cada trabajador. Esa capitalización, en base a inversiones de perfil conservador y a muy largo plazo, incluirá una aportación (en torno al 10 %) para el fondo de solidaridad y para financiar la transición desde el sistema actual.
El Estado pagará la cuota de aquellas personas que temporal o permanentemente se vean incapacitadas para contribuir a su fondo personal. Esas personas deberán devolver al menos una parte de esas aportaciones si vienen a mejor fortuna. La edad de jubilación se flexibilizará, el capital acumulado será heredable y podrá convertirse en una renta vitalicia o utilizarse (parcialmente) para iniciar un negocio o como garantía crediticia. Las personas serán libres de aportar más de lo obligatorio para así mejorar su futura pensión o adelantar su jubilación.
Los ciudadanos dejarán de percibir las contribuciones como dinero regalado al Estado, como una especie de impuesto, y podrán visualizar mes a mes el avance de su capitalización, la futura pensión a percibir y otros datos de interés, pudiendo cambiar libremente de entidad gestora en un marco de libre competencia entre éstas. Las entidades gestoras no responderán, en caso de quiebra, con los fondos gestionados sino solamente con su patrimonio privativo.
4. Redimensionar el empleo público. Tenemos una de las tasas de funcionarios por cien habitantes más altas del mundo. El exceso de empleados públicos pesa como una losa sobre los bolsillos de los ciudadanos y sobre la productividad del país. Las personas deben trabajar principalmente para sí mismas o para otras, no para el conjunto de la sociedad. Una gran parte de la ciudadanía percibe con desagrado cómo los funcionarios suelen tener una seguridad laboral, unos horarios y unas condiciones de trabajo mucho mejores que quienes, con sus impuestos, mantienen esos empleos. El P-Lib considera que ese agravio comparativo debe desaparecer.
El aparato del Estado es voraz y su crecimiento se asemeja al de una bola de nieve. Retirar al Estado miles de competencias que la sociedad civil puede asumir perfectamente es el mejor medio de reducir la plantilla pública hasta alcanzar unos límites razonables.
5. Política monetaria. El Partido de la Libertad Individual denuncia la alterabilidad del valor del dinero por parte de los supuestos expertos que gobiernan los bancos centrales y los ministerios de economía. Proponemos la adopción del patrón oro o de otro patrón objetivo que sustituya la flotación y confiera estabilidad al valor del dinero. En cualquier caso, el gobierno no debe tener la posibilidad de fabricar más dinero que el realmente respaldado.
En sus transacciones privadas, los ciudadanos deben ser enteramente libres de emplear cualquier moneda convertible o no, o cualquier especie.
6. Política impositiva. El P-Lib considera que donde mejor está el dinero es en la calle, en los bolsillos de los ciudadanos que lo utilizan libremente y que, al hacerlo, generan empleo y riqueza. La base ética de los impuestos es débil, ya que constituyen por su propia naturaleza una expropiación forzosa bajo graves penas y son, por lo tanto, un fracaso de la civilización. Deben considerarse un mal necesario y resulta intolerable que los políticos planteen subidas con la frivolidad que generalmente les caracteriza.
Debería trabajarse de manera permanente en propuestas y mecanismos que favorezcan la paulatina reducción de la carga tributaria de las personas y de sus agrupaciones empresariales o de cualquier otra naturaleza. Es un objetivo importante del P-Lib producir en la sociedad un cambio ético que cuestione la voracidad fiscal del Estado, y consagrar en la Constitución el derecho a un tope tributario para empresas y particulares (y también un tope al endeudamiento del Estado en nuestro nombre).
Promovemos la transparencia estatal que permita realmente a cada ciudadano visualizar cuánto de su esfuerzo laboral o empresarial va a parar a las arcas públicas en forma de impuestos. Mucho de lo recaudado por el Estado colectivista se emplea para acciones que cada ciudadano podría ejercer individualmente de forma mucho más eficaz y, sobre todo, con mucha mayor libertad. Esto afecta entre otras cosas a nuestro modelo de gestión de la cultura y de la solidaridad, y también a la gestión de los servicios públicos (cuya universalidad defendemos pero cuya gestión está mejor en manos de la sociedad civil que del Estado).
Los impuestos deben ser proporcionales. Pensamos que la llamada “progresividad fiscal” establece un marco arbitrario de imposición, lo que desalienta el cumplimiento con la obligación tributaria y desincentiva incluso la productividad y el esfuerzo laboral y empresarial.
Además, los impuestos deben ser sencillos de comprender por cualquiera. El marco de alta complejidad tributaria perjudica al ciudadano medio y a las empresas productivas, y beneficia únicamente a los funcionarios del sistema y a los asesores que al final terminan por hacerse imprescindibles para navegar por el laberinto tributario. Las desgravaciones y los recargos deben ser escasos, simples y transparentes.
Es necesario eliminar impuestos meramente ideológicos y subjetivos como el del lujo, y también el “impuesto a la muerte”: el impuesto de sucesiones (como el de donaciones) es injusto porque grava nuevamente un bien que ya pagó impuestos en su adquisición, y penaliza la transmisión de bienes generalmente dentro de la misma familia. El P-Lib considera que es un derecho inalienable de las personas decidir sin restricción alguna qué se hará a su muerte con sus posesiones, incluyendo los bienes materiales, los derechos de toda clase y hasta el propio cuerpo.
El P-Lib considera que la permanente confiscación por vía tributaria, con la consiguiente eliminación de oportunidades ciudadanas (que pasan a sustituirse por decisiones del gobierno de turno y de sus burócratas), es grave pero no es el principal problema que se deriva del modelo estatal europeo de altos impuestos. Lo realmente indeseable es la capacidad que este sistema otorga a los políticos y burócratas para orientar a su capricho la acción humana, llevando sutilmente a millones de ciudadanos a actuar económicamente de la manera que los supuestos expertos deciden en cada momento. En los regímenes dictatoriales la imposición de pautas de consumo y de actuación en la vida económica se visualiza claramente, pero en nuestro sistema las personas están dirigidas por hilos estatales poco visibles pero muy efectivos, que condicionan constantemente su actuación. El Partido de la Libertad Individual quiere cortar esos hilos para devolver el poder al ciudadano.
El Estado colectivista analiza cuánto cree necesario gastar, y establece en consecuencia el esfuerzo fiscal que exige a particulares y empresas, así como su propio endeudamiento. El P-Lib es el único partido que propone el sistema contrario: que el Estado se vea constreñido por fuertes limitaciones a la imposición y al endeudamiento, y deba apretarse el cinturón para arreglárselas en esas circunstancias. Esto le forzará a abandonar miles de actividades que no le son propias, a eliminar los gastos superfluos, a limitar la contratación de empleados públicos y a terminar con el despilfarro y la corrupción.
7. Política agrícola. El P-Lib propone abolir la Política Agrícola Común (PAC) y establecer un auténtico mercado libre agrícola, pesquero y ganadero en Europa y respecto al resto del mundo. El proteccionismo debe desaparecer de la economía europea, y particularmente en este terreno. Nos parece hipócrita que Europa destine millones a la cooperación con países a los que, simultáneamente, cierra las puertas de sus mercados.
8. Desregulación, políticas sectoriales y subvenciones a la empresa. El Partido de la Libertad Individual aboga por un importante esfuerzo de simplificación y desregulación de la actividad económica. Esto es aplicable a la práctica totalidad de las industrias y de los sectores. El Estado debe garantizar los derechos de los consumidores y de la población en general, pero gran parte de ello se puede realizar transfiriendo la responsabilidad a los propios operadores económicos y manteniendo más tareas de supervisión y control que de autorización previa.
En particular, creemos necesario flexibilizar las regulaciones excesivas que protegen a las grandes empresas de sectores oligopólicos. Deshacer los oligopolios surgidos con la aquiescencia estatal es una prioridad del P-Lib, y afecta a sectores como la energía, algunas infraestructuras y la banca.
En el sector bancario, creemos que los elevados coeficientes de caja, la extrema dificultad de obtener licencias nuevas y otras regulaciones han creado una situación negativa para los consumidores, al impedir que pueda haber entidades más pequeñas que compitan con mayor agilidad ofreciendo mejores condiciones. Por otro lado, nos oponemos a que con dinero de todos se rescate a bancos mal gestionados, salvando a sus directivos. Los depositantes, como cualquier consumidor, son responsables cuando escogen entidad bancaria. El principio de destrucción creativa es aplicable a los malos bancos como a cualquier otra mala empresa.
Creemos que el sector farmacéutico sufre una presión excesiva e injusta por parte de diversos sectores del colectivismo, cuyas exigencias de eliminación de patentes constituyen un serio riesgo para la continuidad de la investigación. El Partido de la Libertad Individual cree necesario explicar correctamente a la sociedad que es la legítima búsqueda de beneficios para sus accionistas la que motiva a estas empresas a realizar su importantísima labor investigadora. Desposeer a estas empresas del resultado de su esfuerzo es injusto y peligroso para el futuro de la industria farmacéutica, y por tanto de la lucha contra la enfermedad.
El sector inmobiliario y el de la construcción han sufrido un ataque brutal del Gobierno y de diversos sectores del colectivismo, lo que constituye una injusticia después haber sido el motor de la economía durante años, dando empleo a un procentaje sustancial de la población y absorbiendo la inmigración. Las medidas colectivistas contra la propiedad de viviendas, que nos parecen un crimen contra el individuo, afectan particularmente a este sector. Creemos necesario restablecer la dañada reputación del sector y alentar su recuperación.
El Partido de la Libertad Individual no aprueba las subvenciones de ninguna clase a ningún tipo de empresas ni a ningún sector de actividad económica. Como máximo, y ante situaciones extraordinariamente graves, podríamos apoyar ciertas desgravaciones, moratorias fiscales y otras medidas que no impliquen desembolso estatal.
Reducción drástica de las campañas públicas
El P-Lib denuncia la realización constante de campañas publicitarias de toda índole por parte de las más diversas administraciones públicas. Debemos recordar que el Estado es simplemente el administrador de nuestra “finca”, que es el país. Debe escuchar a sus dueños, los ciudadanos, en lugar de decirles con tanto paternalismo lo que tienen que hacer. Devolver el poder al ciudadano implica, en este sentido, evitar que con su dinero se le diga a todas horas que coma fruta, que no agreda a sus familiares o que se ponga el cinturón de seguridad, por poner ejemplos recientes de campañas de comunicación sufragadas con cargo a nuestros impuestos. El P-Lib propone establecer en nuestro ordenamiento jurídico límites cuantitativos y cualitativos a la comunicación estatal, que debe orientarse únicamente a las notificaciones de servicio público.
Acabar con la lacra de la corrupción
El Partido de la Libertad Individual considera la corrupción como uno de los peores males que afectan a nuestro sistema político. Genera profundas injusticias y una comprensible desconfianza ciudadana.
Los partidos colectivistas han fallado en la lucha contra la corrupción porque, desde sus diferentes ópticas ideológicas, han tendido siempre a percibirla como una cuestión moral y han pretendido combatirla mediante la concienciación, el afeamiento público de las conductas corruptas y otros mecanismos ingenuos. Pero la corrupción se produce automáticamente allí donde la arbitrariedad del Estado impide o dificulta una acción de un ciudadano o de una agrupación de éstos, sea empresarial o de otra naturaleza.
Proponemos un fuerte endurecimiento de las penas tanto a corruptos como a corruptores, pero creemos que el principal mecanismo para combatir realmente la corrupción es reducir al mínimo las oportunidades de que ésta se dé. Y eso se consigue eliminando trabas jurídicas y burocráticas, simplificando procedimientos y quitando autoridad discrecional a los políticos y funcionarios ante cientos de iniciativas de los ciudadanos y de sus empresas y organizaciones.
En lo relacionado con la corrupción urbanística, no creemos en la solución (propuesta por otros partidos) de retirar a los ayuntamientos pequeños las competencias en esta materia y trasladarlas a la administración autonómica o central. Esto sólo sustituirá un potencial corrupto por otro, reorientará hacia él los pasos de los corruptores y, por el camino, mermará la autonomía municipal y alejará el poder del ciudadano. Lo importante no es dónde se sitúe la concesión de permisos, sino que éstos se guíen por normas claras que no dejen espacio a la discrecionalidad del concejal o de otros políticos o funcionarios. Esto es particularmente exigible en lo relacionado con la recalificación de terrenos.
En muchos casos, el silencio administrativo positivo, aparte de presentar evidentes ventajas para el ciudadano, es también una eficaz arma contra la corrupción. El P-Lib propone la extensión de este mecanismo a cuantos trámites resulte posible.
Por la vivienda en propiedad
El Partido de la Libertad Individual, que concede un valor fundamental al derecho de las personas a la propiedad, considera la vivienda como un elemento central de la misma. Contra las políticas adoptadas por muchos de los partidos colectivistas, nosotros deseamos extender la propiedad de la vivienda a cuantos ciudadanos sea posible. Proponemos la derogación de las normas que privilegian el alquiler y consideramos que, en el marco de una tributación reducida y simplificada, una de las escasas desgravaciones que cabría mantener sería la relativa a las hipotecas, de tal manera que los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, accedan con rapidez a la vivienda en propiedad.
Regresar al inicio de Ideas políticas
Visitar las demás secciones del Programa Político Marco del P-Lib:
Marco democrático y constitucional
Marco social, derechos y libertades
Marco de la administración de justicia
