Profundizar en la democracia
El Partido de la Libertad Individual cree necesario profundizar en la democracia. Tanto el marco político configurado en el mundo europeo occidental por los consensos ideológicos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, como el sistema democrático establecido en España por la Constitución de 1978, adolecen de un exceso de paternalismo sobre el ciudadano y de una considerable merma de su capacidad de tomar decisiones por sí mismo.
El ciudadano tiene derecho a una participación efectiva en la política, a que su voto cuente igual que el de cualquier otro, a que los compromisos electorales se cumplan y las elecciones no otorguen cheques en blanco, a que los parlamentos realmente sean centros de debate público entre representantes y sus decisiones sean ejecutadas por gobiernos bien controlados, y a que los partidos políticos sean democráticos. Además, entendemos que los medios tecnológicos actuales permiten que, a todos los niveles territoriales, bastantes decisiones puedan adoptarse de forma directa por la ciudadanía.
Evitar la perversión colectivista del marco democrático
Las democracias parlamentarias representaron un paso de gigante en la lucha del ser humano por alcanzar la libertad. Nadie duda que los sistemas de democracia liberal permiten al individuo preservar cotas de libertad que los regímenes autoritarios y totalitarios le niegan. Sin embargo, el P-Lib cree que con frecuencia se pervierte la esencia del sistema al utilizar la legitimación democrática como justificante de muchas de las invasiones estatales de la libertad individual.
Afirmamos que la democracia es el mejor sistema conocido para la adopción de aquellas decisiones que necesariamente, por su propia esencia, son colectivas. Pero afirmamos también que el mecanismo democrático de decisión colectiva no es el aplicable en los casos en que se puede devolver el poder al ciudadano para que sea él quien decida individualmente. Ni siquiera una abrumadora mayoría tiene legitimidad para usurpar el ámbito de decisión individual de una persona e imponerle la opción deseada por las masas. En algunos países de América Latina y de otras regiones del mundo, el populismo revestido de hiperdemocracia es una de las formas más peligrosas de involución política. En las democracias occidentales, y particularmente en Europa, es excesivo el recurso de las autoridades a la legitimación democrática de todo tipo de imposiciones al individuo y mermas de su soberanía personal.
Un sistema electoral proporcionado y justo
Creemos que uno de los mayores fracasos de la democracia española es el sistema electoral. Es un fracaso porque ha alumbrado un bipartidismo de facto que no representa la variedad de corrientes de pensamiento presentes en la sociedad. El marco político generado por este sistema electoral favorece una alta burocratización y es impermeable al control democrático de la sociedad.
Los ciudadanos españoles no eligen realmente a sus representantes, sino que ratifican la preelección hecha por las camarillas instaladas en el poder de los partidos políticos. El sistema de listas cerradas y bloqueadas es una aberración democrática que debe desaparecer. Al eliminarlo, no planteamos como alternativa sistemas de elección de una sola persona por circunscripción, ya que esto produce una injusta asunción de la representación total del electorado en cuestión por parte de un único partido, contribuyendo al bipartidismo.
Proponemos, en cambio, circunscripciones pequeñas pero con suficientes representantes a elegir para asegurar que la pluralidad electoral se traslade proporcionalmente a la cámara que corresponda. Defendemos la máxima flexibilidad para que el votante configure por prioridad su opción de candidatos, mediante mecanismos como el de “voto único transferible” que aseguran la mayor proporcionalidad y dan al elector el control pleno de su voto. Pese a todo, es conveniente implementar sistemas que compensen la posible marginación de aquellas fuerzas políticas distribuidas por todo el país, que en conjunto tienen un porcentaje significativo de votos pero que no alcanzan en una circunscripción concreta un porcentaje suficiente para alcanzar representación. El mecanismo de corrección más adecuado es la reserva de parte de los escaños para una lista de ámbito territorial general. Para ello podría agotarse el tope constitucional de escaños o incluso aumentarlo ligeramente.
Consideramos que la aplicación hecha en España del sistema conocido como “ley d’Hondt” es extraordinariamente injusta, y propone la máxima proporcionalidad matemática posible en la asignación de escaños a las fuerzas políticas, sin umbrales mínimos y sin reparto del voto en blanco entre las candidaturas (ya que esto desvirtúa ese instrumento electoral). La mayoría absoluta en las cámaras y ayuntamientos casi nunca refleja una auténtica mayoría absoluta en las urnas, y sí refleja, en cambio, el indigno reparto del sistema entre dos grandes macropartidos que aspiran a representar a toda la sociedad. El bipartidismo español, basado en la alternancia de esos dos gigantes, cada vez más parecidos entre sí e igual de corruptos, es entre otras cosas el resultado de un sistema electoral injusto que les da una enorme ventaja frente a cualquier otra fuerza política.
Cámaras fuertes y gobiernos que ejecuten lo decidido en ellas
El Partido de la Libertad Individual cree que uno de los motivos del descrédito social que sufre el sistema democrático es la extendida convicción de que los parlamentos autonómicos y las Cortes Generales, y hasta los consistorios locales, son entes desprovistos de poder real, ya que las negociaciones “de verdad” se realizan en los despachos y no en las cámaras, y los grupos parlamentarios y municipales funcionan siempre como bloques monolíticos.
Defendemos una reforma electoral tendente, entre otras cosas, a que los parlamentos y ayuntamientos recuperen su condición de centros de la vida política, y a que las decisiones se adopten fundamentalmente en ellos, en virtud del juego de mayorías y minorías que se dé para cada cuestión entre una pluralidad de fuerzas que realmente refleje fielmente la variedad política de la sociedad.
El P-Lib defiende un fuerte control de los gobiernos por los parlamentos, mediante sesiones frecuentes con auténtico e intenso debate, con abundantes turnos de repreguntas y sin las injustas ventajas que el procedimiento actual da en España a los gobernantes frente a los parlamentarios.
Partidos realmente democráticos y autofinanciados
La democracia interna de los partidos políticos es la gran asignatura pendiente del sistema democrático español. Los derechos de los militantes son permanentemente pisoteados por la cúpula, los congresos son meros actos de propaganda sin debate real y, sobre todo, sin auténtica celebración de elecciones internas. Abundan las candidaturas únicas y los mecanismos estatutarios para dificultar la presentación de otras, y el poder interno de los órganos ejecutivos es sencillamente total.
Todo esto constituye un atentado permanente contra el sistema democrático. La situación es tan grave que nuestro partido considera necesario regular por ley los derechos del militante e imponer a todos los partidos mecanismos estandarizados de elección de sus órganos de gobierno y de las personas que presentarán ante la sociedad como candidatos, e implementar sistemas de control notarial. Los partidos que incumplan un mínimo marco democrático interno deberán perder su registro y disolverse.
Consideramos extraodinariamente injusta la financiación de los partidos políticos con cargo al dinero de todos los contribuyentes. Como cualquier otra organización de índole asociativa, los partidos políticos deben nutrirse de las aportaciones de sus miembros y simpatizantes. Las aportaciones de cierta cuantía deben ser públicas para que la ciudadanía sea consciente de ellas al votar. Para evitar que la supresión de subvenciones hunda a los partidos, proponemos un sistema de desgravación directa de las aportaciones a partidos políticos (y a cualquier otra entidad asociativa) sin que el Estado decida cuáles desgravan y cuáles no, y con independencia de si han obtenido o no representación en comicios anteriores. Esto devolverá el poder al ciudadano, que decidirá directamente a qué partidos y entidades asociativas financia, en lugar de verse obligado por vía fiscal a financiar a aquellas organizaciones decididas por el Estado.
Reformar la Constitución de 1978
La Constitución de 1978 cumplió su papel en el marco de una transición difícil. No fue, como con frecuencia se nos quiere hacer creer, un texto avanzado y modélico sino el producto de pactos y componendas que en aquel momento eran justificables y hasta necesarios. Hoy la realidad española y global ha superado en gran medida la Constitución, haciéndola merecedora de una reforma sustancial.
Por un lado, el entendemos que en el marco económico europeo posterior al llamado “consenso socialdemócrata”, en plena revisión del Estado de bienestar, no tiene cabida el lenguaje de inspiración marxiana empleado con frecuencia en el texto de 1978. En particular, sobra la mención de la llamada “función social de la riqueza”, junto a otros ejemplos de una visión colectivista e intervenida de la economía.
Por otro lado, el ordenamiento constitucional debe acomodarse a la realidad plural de España, cuyo encauzamiento a largo plazo tan sólo es posible en clave federal.
Finalmente, es necesario acometer reformas de gran calado como:
1. Democratizar la jefatura del Estado. Aunque no es una prioridad de su acción política ni hace bandera de esta cuestión, el P-Lib cree que al término del actual reinado debería abrirse en la sociedad un debate sobre la reforma de la jefatura del Estado. Los liberales preferimos instituciones plenamente democráticas y no compartimos la transmisión familiar de una institución pública, aunque sus funciones sean meramente simbólicas. Nos oponemos en todo caso a un sistema presidencialista en un contexto social y cultural como el nuestro. Por último, es necesario en cualquier caso que el jefe del Estado esté sujeto a responsabilidad jurídica como cualquier otro ciudadano.
2. Consolidar nuevos derechos y libertades. Es necesario afianzar la libertad económica como derecho constitucional e introducir en el texto algunos derechos económicos básicos, como el tope a la contribución fiscal de personas y empresas y al endeudamiento del Estado en nombre de los ciudadanos, o como el derecho al libre establecimiento de los horarios comerciales y de la ubicación de los negocios. También es necesario inscribir derechos del individuo que se ven amenazados por las posiciones colectivistas (tanto de origen marxista como de inspiración religiosa) en materia de bioética y ante otras muchas cuestiones de tipo moral. Los derechos de cada persona no pueden estar sujetos a restricciones derivadas de la visión colectiva de lo moral, por predominante que sea.
3. Reformar el modelo territorial. Nos parece necesaria una profunda reforma del modelo territorial, y apuesta por una estructura realmente federal con un Senado que responda a esa nueva organización del país. En el capítulo quinto de este Programa Político Marco se trata con mayor profundidad esta reforma.
4. Garantizar la plena neutralidad religiosa del Estado. El texto de la Constitución debe reformarse para no insinuar, como hasta ahora, una mayor consideración a la Iglesia Católica que a otras confesiones. Al mismo tiempo, debe recoger expresamente los derechos del no creyente y asegurar la no interferencia de las creencias religiosas, por extendidas que estén, en el ejercicio de los derechos individuales de las personas.
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Marco democrático y constitucional
Marco social, derechos y libertades
Marco de la administración de justicia
