La realidad plural de España
El P-Lib se declara completamente ajeno a todo sentimiento colectivista de apego a nociones como la “patria”, la “nación”, la “clase” o el “pueblo”. Por lo tanto rechaza con igual contundencia los objetivos últimos del nacionalismo de Estado y del nacionalismo postulante, y repudia por igual los atropellos a la soberanía individual que cometen los nacionalistas centrípetos y los centrífugos, ya sea desde posiciones de derecha o de izquierda.
La autodeterminación que nos interesa a los liberales es la del individuo, y somos la única fuerza política que la antepone a entelequias como el “interés general”, ya sea éste el promovido por quienes sienten a España como su nación o el defendido por aquellos otros que postulan una nación diferente. España es una sola nación para quienes así la sienten, y un conjunto de naciones para quienes así la perciben. Ambas visiones son legítimas aunque, para los liberales, ambas resultan bastante irrelevantes.
El Partido de la Libertad Individual constata, por tanto, que España alberga una compleja pluralidad de realidades culturales, cuyo grado de diferenciación frente al resto varía, cuyas necesidades percibidas o reales de autogobierno varían también y cuyo solapamiento en un mismo territorio con quienes sienten como propia la nación española es también muy variable. El P-Lib analiza con desapasionamiento y con cierto escepticismo todo este panorama, contemplando desde la distancia ideológica esta lucha encarnizada de colectivismos enfrentados entre sí, que a veces amenaza incluso con perjudicar la convivencia ciudadana. Proponemos soluciones de organización política que satisfagan en lo posible a unos y otros y permitan la continuidad a largo y muy largo plazo de los vínculos existentes, o al menos de los formales.
Sin embargo, somos escrupulosamente democráticos y entendemos que, llegado el caso y por absurdo o anacrónico que nos parezca, no se puede forzar la continuidad en un Estado común de una comunidad que por aplastante mayoría desee desgajarse del mismo. Al mismo tiempo, nos parece muy positivo el proceso actual de disolución paulatina de los Estados nacionales (que consideramos una reliquia histórica obsoleta) en el marco de la construcción europea y, sobre todo, en el de la globalización de nuestro mundo. Este proceso hace cada día menos relevante tanto la postulación de Estados segregados de los actuales como la defensa del papel de éstos últimos.
La política del llamado “café para todos” está agotada. Nos parece de sentido común reconocer que un país tan heterogéneo como España sólo es viable en el muy largo plazo si adopta un marco político federal. Señalamos el nacionalismo centrípeto de los dos grandes partidos colectivistas, el PSOE y sobre todo el PP, como la principal amenaza a esa viabilidad a muy largo plazo de un Estado común, ya que sus posiciones inflexibles en esta materia empujan a grandes segmentos de la población, en determinadas comunidades, hacia soluciones de ruptura con el marco actual.
El P-Lib reivindica la plena consideración de Ceuta y Melilla como comunidades autónomas de pleno derecho, con las mismas competencias y obligaciones de cualquier otra. A quienes argumentan que esto no es viable por su tamaño y población, les recordamos que territorios y poblaciones de menor tamaño constituyen incluso Estados soberanos. Defendemos la actual situación de plena integración de estos dos territorios en el Estado español por ser la voluntad mayoritaria de su población, y creemos que cualquier cambio de su futuro status político y jurídico debe depender exclusivamente de la voluntad democráticamente expresada de ceutíes y melillenses.
Una apuesta clara por el federalismo
El P-Lib entiende superado el debate sobre si el federalismo debe ser “simétrico” o “asimétrico”. Consideramos, en primer lugar, que debe ser auténtico y efectivo. Y a continuación pensamos que el grado de “simetría” debe ajustarse a la realidad de cada una de las diecinueve comunidades que conforman España.
1. Ordenación territorial. Consideramos que la ordenación interna del territorio de cada comunidad debe competer a ésta, y entendemos obsoleto el mantenimiento de entes como la provincia en comunidades donde no tiene arraigo. De igual manera, las circunscripciones electorales deben ser establecidas por cada comunidad autónoma.
2. El Senado. Creemos que el Senado actual prácticamente no sirve para nada. No es descabellado hacerlo desaparecer y mantener un parlamento unicameral, pero la opción más sensata en un país tan complejo es convertirlo realmente en una cámara federal donde las diecinueve estructuras autonómicas debatan las leyes comunes, discutan el monto de sus contribuciones a las arcas federales y el uso de esos fondos, etcétera.
3. Las competencias. El Partido de la Libertad Individual lamenta que aún no se haya alcanzado ni siquiera el techo competencial marcado en su día por los diversos estatutos de autonomía. Es igualmente lamentable que se haya tardado décadas en realizar muchas de las transferencias y que la administración central se haya resistido a algunos de esos procesos como si se tratara de amputaciones. Defendemos para las diecinueve entidades autonómicas el techo competencial que puedan y quieran asumir dentro del marco de un Estado federal. Esto incluye la transferencia de los puertos, aeropuertos y otras grandes infraestructuras, que además deben ser privatizadas. Incluye también las competencias policiales y de orden público, y desde luego las competencias fiscales.
4. El marco económico. El P-Lib comparte la preocupación de muchos ciudadanos que perciben un auténtico expolio fiscal en determinados territorios. Esta situación es particularmente grave en algunas de las comunidades llamadas “históricas”, pero es también el caso de otras, por ejemplo la Comunidad de Madrid. No nos parece correcto que, de forma sostenida a lo largo de décadas y sin ningún horizonte de solución, los ciudadanos de unas zonas estén eternamente condenados a subvencionar a los de otras.
Naturalmente, nuestro modelo económico implica la reducción drástica del Estado (ya sea central o autonómico) para que se ocupe solamente de las tareas que le son propias. Pero, en cualquier caso, es necesario arbitrar mecanismos de negociación y acuerdo para que cada comunidad sea realmente consciente del dinero que aporta a la solidaridad con otras, y pueda reclamar al menos un uso acertado de esos fondos para evitar que se instale la cultura de la subvención perpetua.
Proponemos extender el sistema de concierto económico navarro y vasco al resto de las comunidades y ciudades autónomas. Entendemos que son ellas las que deben recaudar sus propios tributos y contribuir al sostenimiento de la administración federal y de los fondos de solidaridad comunes, aportando los cupos que establezca el parlamento federal. Creemos que la competencia fiscal entre comunidades es positiva ya que tiende a la reducción generalizada de la presión fiscal. No compartimos la obsesión de otros partidos por homogeneizar en todo el territorio los salarios de los funcionarios u otros elementos de la economía, y proponemos la máxima libertad económica también en este terreno.
5. Las lenguas. Creemos que las personas son libres de utilizar cualquier idioma que deseen. Respetando los arraigados sentimientos que muchas personas tienen respeto a su lengua, y la necesidad de proteger a los idiomas que se han visto históricamente maltratados, no podemos aceptar normas de ingeniería social que invadan la soberanía del individuo para imponerle o vetarle una u otra lengua en cualquier ámbito de su vida. Al mismo tiempo, consideramos que los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos en la lengua propia de su comunidad para todos los trámites oficiales, y pensamos que en el parlamento federal los diputados y senadores de las comunidades con lengua propia tienen derecho a expresarse en ella, como sucede en países como Suiza, Canadá o Bélgica. No creemos que deba haber lenguas de primera y de segunda, ni en un sentido ni en el otro.
Una política local basada en el ciudadano
El Partido de la Libertad Individual promueve una mayor transferencia de competencias desde las comunidades autónomas y la administración central a los ayuntamientos, ya que son las administraciones más cercanas y controlables por los ciudadanos. A nivel municipal es viable y deseable establecer consultas populares frecuentes sobre las decisiones de alcance local.
Es urgente simplificar y reducir los trámites locales y el coste de las licencias y permisos de todo tipo, ya que obstaculizan la actividad económica y generan corrupción. Al mismo tiempo, es necesario que los ayuntamientos, como el resto del Estado, también hagan su parte en cuanto a la reducción del funcionariado, la privatización de las empresas municipales, la austeridad presupuestaria y la eliminación de cometidos que puede realizar directamente la sociedad civil. También a nivel local el objetivo es devolver el poder al ciudadano.
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