El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) observa con preocupación la amenaza directa de Durão Barroso y de otros dirigentes de la Unión Europeo a la libertad de acción de las agencias calificadoras de la deuda soberana de los Estados miembros. La propuesta de «supervisión» de estas agencias por parte de las nuevas autoridades políticas diseñadas para intervenir aún más el sector financiero es sencillamente descabellada. De llevarse a la práctica, significará el fin de la calificación independiente de los riesgos que implica la compra de deuda emitida por Estados, lo que inducirá a muchos inversores a no adquirirla o a guiarse por criterios diferentes, como la simple evolución del precio en las operaciones de colocación. Si la euroburocracia se entromete en la labor de las agencias calificadoras, surgirán otras agencias y todo tipo de organizaciones privadas que desempeñen una función similar, y las que adquieran mayor prestigio terminarán por servir como guía a los inversores igual que hoy hacen las agencias amenazadas. Los políticos socialistas y, sobre todo, conservadores que están proponiendo estas medidas se equivocan al pensar que el Estado puede poner puertas al campo. Cuando lo intenta, sólo empeora las cosas. Si los Estados quieren que la deuda que emiten sea comprada por los inversores, lo que tienen que hacer es demostrar que sus economías son robustas y que la capacidad de devolver el dinero prestado es absoluta. Y para ello deberían empezar por establecer un patrón monetario objetivo, ajeno a los vaivenes de la flotación, y por emprender reformas profundas que liberen a la economía de la insidiosa injerencia estatal.
