Cinco millones más a Spanair

Eduardo Martínez NarváezEl gobierno que encabeza Artur Mas en Cataluña, ha anunciado su intención de entregar cinco millones de euros a la aerolínea privada Spanair, con cargo al presupuesto autonómico pendiente de aprobarse. Este monto se sumaría a las decenas de millones ya entregados en ejercicios anteriores a esta empresa, por entidades públicas catalanas que forman parte de su accionariado.

En el mes de enero de este año, el Partido de la Libertad Individual (P-LIB) emitía un comunicado expresando el rechazo ante el otorgamiento de ayudas gubernamentales a Spanair: “Desde el P-LIB de Catalunya repudiamos con firmeza el proceder estatalista e intervencionista del Govern de la Generalitat, demostrado mediante la inyección de dinero público en Spanair.” Continuaba el comunicado: “Esta aerolínea viene arrastrando resultados negativos desde hace varios años. La entrada de capital y gestión pública se produjo a principios del año 2009 y –como era presumible para un equipo formado por políticos y funcionarios públicos– de ninguna manera ha logrado enderezar el rumbo de esta compañía.”.

Eduardo Martínez, miembro de la Comisión Ejecutiva del P-LIB en Cataluña manifestó que nuestro partido apoya la libre competencia y se opone a la intromisión del Estado en el ámbito empresarial. La entrega de dinero público por parte de la Generalitat de Catalunya a Spanair, que acumula pérdidas constantes desde su creación, causa un perjuicio por partida doble: Por un lado a los contribuyentes que no podrán ver recuperado el dinero empleado y por otro al resto de compañías del sector aeronáutico al sostener a un competidor que es incompetente e inviable por sí solo. Es inexplicable que mientras el president Mas y sus consejeros reconocen la precaria situación de las arcas públicas catalanas, se destinen fondos gubernamentales para este tipo de actuaciones”.

Exhortamos por lo tanto al ejecutivo catalán y a la coalición de gobierno Convergencia i Unió, a que eviten por propia iniciativa este empleo de los fondos públicos y a que emprendan las reformas legislativas que correspondan, destinadas a prohibirlas finalmente por ley.

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