Ante los asaltos a supermercados

El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) condena sin paliativos los asaltos a supermercados que se han producido en los últimos días, instigados por organizaciones sindicales y políticas de extrema izquierda. El P-LIB pide al Parlamento de Andalucía la apertura de un expediente disciplinario al diputado de Izquierda Unida Juan Manuel Sánchez Gordillo, ya que su comportamiento público al encabezar uno de los ataques resulta incompatible con la condición de diputado. Exigimos a IU que sancione a su parlamentario instándole a entregar el acta, y que corte de raíz cualquier nuevo episodio de esta naturaleza.

Tras orquestar la ocupación de las principales plazas del país durante meses en 2011, parece que ahora los totalitarios han decidido ir un paso más allá y lanzarse directamente al bárbaro saqueo de propiedades ajenas, que incluso se han permitido calificar de «expropiación». Los liberales repudiamos enérgicamente estas apropiaciones, que son absolutamente ilegítimas, y exigimos a las autoridades que actúen aplicando a estos delincuentes todo el peso de la Ley.

El P-LIB expresa su preocupación ante estos acontecimientos, que nos aproximan a la dramática situación de Grecia y nos alejan del marco de derechos y libertades que, bajo el imperio de la Ley, ha presidido nuestra convivencia durante las últimas décadas. Los liberales expresamos nuestra solidaridad con las empresas afectadas y con los trabajadores y clientes que se han visto amedrentados por la irrupción de los saqueadores.

El P-LIB lamenta la terrible situación económica a la que muchos ciudadanos se han visto abocados por el desplome del Estado del bienestar, que no era tal sino simple endeudamiento en nuestro nombre, oculto tras la aparente abundancia de servicios estatales diversos y el gasto público sin freno. Sin justificarlos, podemos comprender los comportamientos individuales desesperados que desemboquen ocasionalmente en hurtos aislados. Nuestro ordenamiento jurídico prevé atenuantes para determinadas situaciones. Lo que no podemos tolerar de ninguna manera es que personas jurídicas tales como partidos políticos o centrales sindicales organicen, instiguen y ejecuten de forma coordinada estas acciones violentas que pisotean el derecho fundamental e inalienable a la propiedad y a su libre intercambio comercial.

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