El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) considera muy revelador el informe emitido por el Instituto Juan de Mariana, en el que se compara la fiscalidad española con la de los países de nuestro entorno europeo. Como consecuencia de la salvaje subida de impuestos aplicada en las últimas semanas por el gobierno –ya abiertamente socialdemócrata en economía– de Mariano Rajoy, nuestro país se ha colocado a la cabeza de la imposición fiscal europea, por encima de los países más ricos del continente y apenas ligeramente por debajo de los Estados escandinavos con mayor carga tributaria. El P-LIB coincide con el prestigioso instituto de estudios económicos al considerar que nuestro país se hace el harakiri al establecer unos impuestos elevadísimos. El P-LIB considera confiscatoria esta carga tributaria, y plenamente justificada, por lo tanto, la búsqueda de estrategias y mecanismos que, dentro de la legalidad, permitan disminuir en la medida de lo posible el expolio al que nos somete el Estado.

El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) rechaza la paralización de las licitaciones relativas a los aeropuertos de Barcelona-El Prat y Madrid-Barajas por parte de la nueva ministra de Fomento, Ana Pastor, y teme que este sea el principio de una detención o reconsideración de la política de privatizaciones. Para el Presidente del P-LIB, Juan Pina, “no sería de extrañar que el ejecutivo conservador resultara menos favorable aún que el socialista a la privatización de empresas y servicios estatales, ya que esto guardaría relación con su voracidad fiscal y con las demás medidas colectivistas adoptadas en estas primeras semanas de gobierno, medidas que ya no sólo pasan por la izquierda al PSOE sino incluso a IU“. “Además, los motivos que esgrime la ministra no son de recibo: por supuesto que las condiciones del mercado no son las idóneas en plena crisis, pero precisamente por esa crisis es necesario deshacerse de las empresas públicas para generar ingresos extraordinarios con los que reducir el salvaje endeudamiento en el que ha incurrido el Estado“, ha añadido, para concluir que “algunos de los extraños argumentos de la ministra sobre la vertebración del territorio a través de la política aeroportuaria demuestran claramente que el PP, como los demás partidos del actual arco parlamentario, está decidido a utilizar la política de infraestructuras para hacer ingeniería social, en este caso mediante los hubs de tráfico aéreo, los cuales deberían surgir, desarrollarse y desaparecer de forma completamente espontánea y al margen de los políticos de cualquier signo”. La ministra Pastor ha defendido el uso de los aeropuertos como una forma de “modular la generación de ingresos para el Estado”, cosa que a juicio del P-LIB constituye un error porque el Estado no tiene que meterse en el negocio privado de los aeropuertos. El P-LIB reclama la privatización de El Prat y de Barajas, así como del resto de aeropuertos hoy propiedad de AENA.

El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) de Castilla-La Mancha ha recibido con estupor la decisión del ejecutivo regional, presidido por María Dolores de Cospedal, de aplicar en la comunidad el impuesto sobre el patrimonio. En este sentido, el Coordinador del P-LIB castellano-manchego, Jesús Hernández Carretero, ha manifestado que “la solución al extremo endeudamiento de la Junta de Comunidades no pasa por incrementar aún más la carga tributaria que soportamos los castellano-manchegos, sino por acometer de verdad una reducción drástica del gasto público“. “El problema de Castilla-La Mancha no es de ingresos sino de gasto”, ha señalado, concluyendo que “una vez más el PP castellano-manchego emula a Mariano Rajoy al aplicar políticas económicas estatalistas que van aún más lejos que las de la etapa socialista“.

El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) expresa su oposición a la concesión de una moratoria de diez años a las entidades locales y comunidades autónomas para que éstas puedan devolver al Estado las cantidades que actualmente le adeudan, moratoria que fue anunciada por el ministro de Hacienda el pasado viernes, con ocasión de la convención de cargos electos del PP celebrada en Málaga.

Aun cuando dicha deuda obedezca al cálculo erróneo realizado en su día por el anterior gobierno socialista, al ingresar a las entidades territoriales los anticipos a cuenta de su participación en los tributos del Estado, entendemos que la concesión de la anunciada moratoria (que no es sino una ampliación de la de cinco años ya concedida en su día por el Gobierno de Zapatero para la misma deuda) constituye un gravísimo error y, sobre todo, una afrenta a los contribuyentes por las siguientes razones:

• En primer lugar, porque supone una odiosa discriminación con respecto al trato que los contribuyentes reciben por parte de la Administración del Estado, la cual nunca ha dado –ni dará– muestras de una generosidad semejante con el resto de deudores cuando éstos son simples ciudadanos de a pie o empresas privadas. A estos,  por el contrario, se les persigue con el uso de todos los medios coactivos de la maquinaria estatal para que paguen hasta el último céntimo de lo que adeudan al Estado más costas e intereses, sin consideración alguna a cuál sea su situación financiera personal. En cambio, a los gobiernos locales y regionales se les otorga una moratoria sin mayor justificación. La discriminación resulta todavía más odiosa, si cabe, atendiendo al hecho de que los propios gobiernos beneficiados que tanto reclamaron dicha moratoria no están en cambio dispuestos a dar el mismo trato a sus deudores, a los que continuarán persiguiendo con todos los medios a su alcance, mientras reclaman cínicamente para sí mismos un trato privilegiado. ¿O es que acaso los ayuntamientos y comunidades autónomas beneficiados por esta medida van a conceder una moratoria semejante a sus contribuyentes para el pago de los impuestos municipales y autonómicos?
• En segundo lugar, la medida supone una clara acción de fomento de la cultura de la irresponsabilidad, tan lamentablemente arraigada en nuestras administraciones públicas. Es cierto que la deuda de entidades locales y comunidades autónomas se originó por un error de la Hacienda del Estado, que anticipó a aquellas cantidades muy superiores a las que luego fueron efectivamente recaudadas, como consecuencia de la reducción de ingresos fiscales derivada de la crisis. Pero la misma imprevisibilidad se ha producido en el caso de miles de familias y empresas que, de un año para otro, han visto bruscamente reducidos sus ingresos como consecuencia de esa misma crisis, lo que les ha llevado a tener que ajustar sus gastos a los ingresos realmente percibidos. ¿Por qué razón ha de eximirse a los gobiernos locales y regionales de llevar a cabo ese mismo ejercicio de reducción de gasto al que se ven obligados el resto de los mortales? Medidas como ésta no hacen sino fomentar la absurda creencia de muchos dirigentes políticos de que la realidad económica no rige para ellos. Y no deja de ser lógico que acaben creyendo tal barbaridad, ya que la ley consagra y alienta la irresponsabilidad de los gobiernos, otorgándoles privilegios tan anacrónicos e injustificables como la inembargabilidad de sus bienes y derechos o la posibilidad de incrementar de modo coactivo y sin límite alguno sus ingresos fiscales, haciendo pagar al contribuyente los errores y despilfarros de su gestión. Si a estos formidables privilegios estructurales se añade la prebenda coyuntural de una moratoria como la anunciada, la quiebra de un principio tan elemental como es el de igualdad ante la Hacienda del Estado –en función de que el deudor sea un ciudadano o un gobierno– está servida.

En relación con dicha medida, el Secretario General del P-LIB. Francisco Cacharro, ha manifestado su rotunda oposición a la misma, calificándola de “simple parche que no resolverá los problemas de las haciendas locales y autonómicas, induciéndolas en cambio a continuar por la senda del despilfarro y la mala gestión”. En este sentido, ha señalado que “el P-LIB apuesta decididamente por la descentralización política y administrativa y por el principio de subsidiariedad pero entiende que el otorgamiento de autonomía política a los gobiernos territoriales lleva aparejada, de modo ineludible, la asunción por éstos de su responsabilidad en el ejercicio de su labor de gobierno. No puede haber libertad sin responsabilidad”. Por ello, asevera, “el P-LIB considera que la solución a los problemas de las haciendas locales y autonómicas no pasa por el otorgamiento de privilegios por parte del Estado, sino, por el contrario, por reformas de carácter estructural que implanten una plena cultura de la responsabilidad en las administraciones públicas: reformas que, entre otras cosas, implican la urgencia de derogar el privilegio de inembargabilidad de los bienes y derechos públicos, la implantación de una verdadera corresponsabilidad fiscal, de normas verdaderamente efectivas para exigir responsabilidad a los gestores públicos por sus actos de despilfarro o mala gestión y, naturalmente, de reducción del gasto público a aquellas funciones que realmente competan a las administraciones públicas y que la sociedad civil no pueda gestionar por sí misma”. En particular, y al hilo de esta última consideración, Cacharro advierte que “en torno a un tercio del gasto público municipal se destina a los llamados servicios impropios, esto es, a asuntos que la ley no considera como de competencia local; el saneamiento de las haciendas locales debería empezar precisamente por una paulatina pero decidida reducción de dichos gastos impropios”.