El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) expresa su preocupación ante las informaciones periodísticas de estos días, según las cuales el Presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, estaría promoviendo un pacto de silencio entre los grupos parlamentarios para evitar la admisión de toda pregunta o interpelación relacionada con la jefatura del Estado. Resulta sorprendente que la Mesa de la cámara baja, con el voto del PSOE, PP y CiU, argumente que esa institución es un “tercero no sometido a control parlamentario”. Si ese argumento llega a convertirse en norma, ¿quién ejercer entonces la función de control respecto a la Corona? La respuesta es obvia y alarmante: nadie. En el pasado sí se ha tratado en ambas cámaras, en bastantes ocasiones, cuestiones relacionadas con la jefatura del Estado, pero ahora Posada parece decidido a establecer un acuerdo entre las fuerzas del establishment para impedirlas en el futuro. No parece ajeno a ese intento el pésimo momento reputacional que atraviesa la institución. El P-LIB está a favor de la máxima transparencia y pide que no haya vetos, tratos de favor ni exclusiones en la función parlamentaria de control de las instituciones.

El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) expresa su indignación ante la escandalosa noticia de que el Tribunal de Cuentas, encargado entre otras cosas de fiscaliza la financiación de los partidos políticos, lleva más de cinco años sin presentar el informe sobre la misma. Estos informes son imprescindibles para que la opinión pública sepa en qué se gastan los partidos el dinero de los contribuyentes. Es sintomático que los integrantes del TdC sean principalmente políticos que desempeñan cargos en sus respectivos partidos, lo que tal vez tenga algo que ver con este injustificable retraso de cinco años en su función de control sobre los mismos.

La inclusión en el informe de este año de las fundaciones de los grandes partidos es reveladora de una situación que el P-LIB ya ha denunciado en el pasado: estas fundaciones son meros instrumentos de recaudación de subvenciones adicionales a las directamente estipuladas para el funcionamiento de los partidos. Es decir, son maquinarias destinadas a la captación de aún más dinero de los contribuyentes para los partidos del establishment.

El P-LIB exige que, igual que los ciudadanos se ven obligados a rendir cuentas todos los años ante la Agencia Tributaria, los partidos políticos deban hacerlo ante el TdC sin favoritismo ni dilación. El TdC debe componerse exclusivamente por profesionales independientes de cualquier partido político, y presentar en el plazo oportuno sus informes sobre los partidos políticos.

El P-LIB considera ilegítima la financiación estatal de los partidos políticos y reitera su compromiso estatutario como única formación política española que renuncia expresamente a toda subvención con cargo al dinero de los ciudadanos. Pedimos a todos los demás partidos que sigan el ejemplo liberal, renuncien a obligar a los ciudadanos a financiarles por vía fiscal y se nutran exclusivamente de las cuotas y donaciones voluntarias de sus seguidores.

El Secretario de Organización del P-LIB, Javier López, ha declarado al respecto que “pese a su  debilidad económica, el P-LIB se enorgullece de no costarle ni un céntimo a aquellos que no comparten sus ideas, y considera contrario a la ética más elemental que los demás partidos no hagan ascos al dinero extraído fiscalmente a la población”. Ha añadido que “es particularmente lamentable que en su último día en el ministerio Trinidad Jiménez concediera un millón de euros a la fundación del PP y otro millón a la del PSOE, demostrando una vez más la falta de escrúpulos y la rapiña económica de la casta política española”.

El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) considera lamentables las explicaciones ofrecidas ayer por el jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, respecto al caso Urdangarín y, sobre todo, respecto a las cuentas de la institución. Que esta haya sido la primera comparecencia de Spottorno ante los medios da una idea precisa de la opacidad que rodea a esta costosa institución, y también de la gravedad de las actuales circunstancias y del nerviosismo que han provocado en la Zarzuela.

Es particularmente reprobable que el máximo responsable de la Casa Real —pues ya sabemos que el rey es completamente irresponsable, tal como dispone el artículo 64.2 de la Constitución— se permita afear la conducta de otras casas reales por su transparencia respecto al uso que hacen del dinero de los contribuyentes. Más condenable aún es la negativa de la Casa Real a hacer públicas sus cuentas, negativa que ha mantenido durante décadas y que sólo ahora, a consecuencia del caso Urdangarín y ante la caída en picado de la popularidad de la monarquía, decide revertir. No va a ser, en todo caso, una verdadera auditoría ya que en la misma rueda de prensa de ayer quedó claro que es el propio interventor de la institución quien la realiza, sin la menor verificación externa. Además, según Spottorno, la Casa Real se dispone a publicar las cuentas de forma general, sin entrar en detalles. En definitiva, van a publicar lo que quieran. El P-LIB exige la publicación plena y retroactiva de las cuentas de la Casa Real, incluyendo las numerosas aportaciones de ministerios y de otras administraciones públicas.

Igualmente graves son las afirmaciones de Spottorno sobre el “comportamiento” de Iñaki Urdangarín. O Spottorno ha vulnerado conscientemente la presunción de inocencia del yerno del rey, o conoce información que le permite emitir graves juicios de valor sobre la “no ejemplaridad” de este señor. En el primer supuesto, el portavoz del rey ha cometido un abuso que perjudica los derechos civiles básicos del presunto delincuente; y en el segundo, debe cumplir con su deber ciudadano de aportar al juzgado los datos que conozca.

El P-LIB reitera su apuesta por la desaparición de la institución monárquica, último fleco del Antiguo Régimen que simboliza la ilegítima apropiación estatal de la soberanía de los individuos, y la instauración de una república similar a las de nuestro entorno europeo. En cualquier caso, resulta cada día más cuestionable la necesidad de la figura paternal de un jefe del Estado con atribuciones simbólicas de mando sobre la sociedad, incluso si es electo. En una sociedad libre, los únicos jefes del Estado somos sus dueños, los ciudadanos.

El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) reprueba el nuevo reparto de dos millones doscientos mil euros a las fundaciones de los partidos políticos, organismos privados que se han convertido en meros captadores de fondos públicos extraídos fiscalmente a los contribuyentes. La indefensión de los ciudadanos es total frente a este tipo de expolios. El botín, en esta ocasión, ha sido distribuido por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Como siempre, las excusas para el reparto son supuestos programas de fomento de la democracia y los Derechos Humanos, programas cuyo gasto y desempeño nadie controlará suficientemente y que, en cualquier caso, deberían financiarse con las aportaciones libres y voluntarias de los ciudadanos, con un alto techo de deducción fiscal. El P-LIB cuestiona la legitimidad de utilizar fundaciones para incrementar la base de recaudación de los partidos, y cuestiona igualmente la propia financiación estatal de los partidos, sindicatos, organizaciones religiosas, ONG, patronales, asociaciones y colegios profesionales o cualquier otra entidad asociativa privada. Cuando el Estado ejerce de intermediario, extrae dinero de la ciudadanía y lo distribuye conforme a sus propios criterios, está invadiendo la soberanía de las personas, mermando su capacidad de donar a quienes realmente deseen y donando en cambio, en su nombre pero sin su consentimiento, a quienes él quiere. Esto es impropio de una sociedad libre.