Ajuste económico en Castilla-La Mancha

Jesús Hernández CarreteroEl Partido de la Libertad Individual (P-LIB) valora positivamente la Ley de Medidas Complementarias aprobada por el gobierno de Castilla-La Mancha. Esta ley significa un avance en la estrategia de austeridad como medida para generar riqueza y salir de la crisis. Sin embargo, el P-LIB discrepa de la línea de comunicación del gobierno castellano-manchego y de otras administraciones gobernadas por el PP, incluyendo la central, que parece considerar los ajustes, la disciplina presupuestaria y la reducción del Estado como lamentables exigencias de la crisis y no como la evolución deseable para avanzar hacia la libertad económica. La presidenta De Cospedal ha llegado a afirmar que la medida se ha tomado porque «la situación lo requiere y no hay otra alternativa». Esto permite adelantar que ella misma y su partido volverán a aumentar el gasto público tan pronto como la situación económica se lo permita.

Entre otras medidas, la ley castellano-manchega determina una rebaja del 3% en el salario bruto de los funcionarios de la Administración Regional y de los altos cargos, junto a un aumento de dos horas y media en su jornada. También se elimina la Oferta Pública de Empleo de este año y el SEPECAM (Servicio Público de Empleo).

El P-LIB considera imprescindible explicar a la población el funcionamiento real de la economía y la coyuntura actual de crisis. La multiplicación de subvenciones y de servicios públicos castiga gravemente, vía impuestos, a cuantos producen riqueza, conduciendo al conjunto de la sociedad ineludiblemente hacia la miseria. Sólo en condiciones de amplia libertad económica puede avanzar la prosperidad general.

Jesús H. Carretero, Coordinador del P-LIB de Castilla-La Mancha, ha declarado que «estamos tan acostumbrados a que el Estado aumente su tamaño y acapare más terreno, que una disminución de éste, por pequeña que sea (y en realidad se queda bastante corta), supone sin duda una buena noticia». “El P-LIB insta al Partido Popular a extender una política de ajustes como mínimo equivalente a la de Castilla-La Mancha al resto de comunidades y ayuntamientos que gobierna, y a la administración central”, ha concluido.

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